PAÍS
En el extremo izquierdo Gabriel Cisternas Zenteno y el extremo derecho Ernesto Olivares Rodríguez, abogado de Daniel Sauer.
Una vez que explotó el escándalo de las coimas, Daniel Sauer contrató al penalista Ernesto Olivares en reemplazo de Luis Hermosilla. Hasta hace dos años, el socio principal de Olivares era el abogado UC Gabriel Cisternas, condenado el año pasado por prevaricación, estafas y asociación ilícita.
Tras el escándalo de proporciones que remeció al mundo empresarial, jurídico y político con la divulgación del audio secreto que dio lugar al caso Hermosilla, el empresario Daniel Sauer –propietario de la corredora de bolsa STF Capital y de la empresa de factoring Factop y uno de los tres protagonistas de la reunión filtrada a los medios, donde se revelaba un plan para pagar coimas a funcionarios públicos– anunció que había contratado a un nuevo asesor legal en reemplazo de Luis Hermosilla. El elegido fue el abogado de la UC, Ernesto Olivares Rodríguez, socio del estudio Olivares Rodríguez y Cía.
En los perfiles públicos que se han hecho de este abogado de la UC, se omite que su oficina fue protagonista de otro de los grandes escándalos con abogados corruptos de los últimos dos años. Por entonces el estudio Olivares Rodríguez y Cía. tenía otro nombre: se llamaba estudio Olivares Cisternas Abogados, en el que los principales socios eran Ernesto Olivares Rodríguez (hoy abogado de Daniel Sauer) y Gabriel Cisternas Zenteno. En ese tiempo, por orden del Sexto Juzgado de Garantía y a petición de la fiscal Giovanna Herrera (Fiscalía Centro Norte), la policía se dejó caer en las oficinas del bufete, en un allanamiento del que todavía se comenta entre abogados de la plaza.
Hasta antes de agosto de 2021, Gabriel Cisternas Zenteno, abogado UC, con una pasada por la Clínica Jurídica de la U. Católica, era reconocido como un penalista de prestigio en la plaza, socio de Ernesto Olivares, y consultor frecuente de algunos medios de prensa escrita y TV para hablar de temas de corrupción. Dentro de su currículum figuraba haber trabajado un tiempo como abogado asistente de la Fiscalía Centro Norte.
A partir de una hebra que comenzó a tirarse el 2015, cuando una mujer retiró de la notaría de Juan Ricardo San Martín Urrejola, en Santiago Centro, cinco vales vista y cinco cheques, todos del mismo banco, por un monto total de $299.999.500, a través de un poder especial falso, fue que la Fiscalía y la Bridec comenzaron a tomar conocimiento de que estaban ante una “una pyme del delito”, como se le calificó en tribunales cuando todo quedó al descubierto.
El primero en caer fue el argentino Alejandro Zuik, un viejo conocido de los delitos de cuello y corbata. En 2005 cometió un fraude por el que la justicia estadounidense lo persiguió tras apropiarse de los pagos de importación a una empresa coreana, a través de la presentación de documentación falsa del banco Security de Chile.
El segundo en caer fue el abogado Gabriel Cisternas, exsocio del actual abogado de Daniel Sauer. Según describió la fiscal Giovanna Herrera en la audiencia de formalización de septiembre de 2021, la “pyme del delito” –que llegó a tener 19 empleados– se apropió a través de mandatos falsos para cobrar vales vista de más $1.252 millones.
Cisternas fue formalizado por tres delitos de prevaricación de abogado, 16 de estafa, 9 de falsificación de instrumento privado, 11 ilícitos de falsificación de instrumento público, uno de apropiación indebida, asociación ilícita y lavado de activos.
Tras pasar varios meses en prisión preventiva, el abogado Cisternas –a través de las gestiones de su abogado defensor Carlos Cortés, quien también fue el abogado de Jaime Orpis en el caso Corpesca, entre otros– aceptó su responsabilidad para llegar a un juicio abreviado y la Fiscalía decidió no perseverar respecto del delito de lavado de activos.
Finalmente, el juez Freddy Cubillos, del Séptimo Juzgado de Garantía, condenó al exsocio de Ernesto Olivares a una pena de 4 años de libertad vigilada como autor de delitos reiterado de estafa, en concurso con el de uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, falsificación y uso malicioso de instrumento público. A 61 días por asociación ilícita, a la pena de suspensión para el ejercicio de la profesión de abogado por el término de 3 años por prevaricación de letrado y se le impuso por el término de la condena la prohibición de ingresar a la Bolsa de Comercio de Santiago. Todo ello sumado a la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
Lea aquí la sentencia completa contra el abogado Gabriel Cisternas Zenteno
