María Jaraquemada advierte que si el SII y la CMF no mejoran protocolos la corrupción se repetirá

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión de Probidad e Integridad del Gobierno, analiza desde la perspectiva de la transparencia la corrupción del caso Hermosilla –o caso Coimas–, que se reveló tras el audio protagonizado por los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto con el empresario Daniel Sauer, en donde mencionan pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En conversación con El Mostrador, Jaraquemada señala que el caso evidenció falencias en el combate contra la corrupción en el país y agrega que, si el SII y la CMF no mejoran sus investigaciones y sus capacidades para detectar y sancionar, estos casos se propagarán. Además, lamenta que en la propuesta constitucional quedaran fuera sanciones a la corrupción de privados que hacen negocio con entidades públicas.

-¿Qué le parece lo revelado por el caso Hermosilla? Es una clara falta a la transparencia de las instituciones.
-Es difícil saber, a pesar de lo que dicen los audios y lo que se indica ahí de ese pago de sobornos y coimas, qué tan extendido está. Yo creo que en ese sentido van a ser claves las investigaciones. Algo estamos viendo en el caso del SII, donde se desvinculó a una persona y hay otras suspendidas por hechos que habrían ocurrido hace varios años. Entonces, yo creo que eso va a ser clave. También va a ser clave entender si es que efectivamente la corrupción llegó a instituciones como la CMF o se vuelve a repetir, y qué tan extendida está, si son casos más bien aislados o son varios casos.

Yo creo que, en ese sentido, tanto las investigaciones que está llevando a cabo cada institución, pero también el Ministerio Público –porque necesitamos que una institución independiente de aquellas dos haga también las investigaciones–, nos van a decir eso. Creo que ahí, en el fondo, vamos a poder ver cómo reaccionamos.

-Pensando en el SII  y la CMF, ¿cree que podríamos estar frente a un caso de corrupción de mayor escala?
-Yo creo que, sin duda, ambas instituciones tienen que mirar sus protocolos. Tienen que mirar los protocolos que tienen de gestión de riesgos, de prevención de este tipo de hechos, de detección temprana de este tipo de hechos. Y segundo, también, en caso de que efectivamente esto se vaya detectando, tiene que haber sanciones y estas sanciones tienen que ser ejemplares. Yo creo que estos casos son muy, muy graves, no solo por lo que se deja de recaudar o el fraude que se hace con facturas falsas o a través del soborno, con la condonación de multas o intereses, sino que también por el daño que se les genera a las instituciones, que es tremendo, especialmente en una crisis de confianza como la que estamos con las instituciones y donde, finalmente, hemos visto algunas encuestas y las personas señalan que mucha corrupción podría ser justificación de autoritarismo. Entonces, hay que ser bastante contundentes, creo yo, en la respuesta, porque se trata de hechos muy, muy graves.

-Este caso cobró notoriedad, además de lo grave, por la presencia de Luis Hermosilla. ¿Qué le parece que él se reúna con empresarios para hablar de la comisión de delitos en beneficio de sus clientes? ¿Cómo se combate?
-No sé si es una práctica habitual, al menos no creo que sea una práctica extremadamente habitual y extendida en la abogacía. Pareciera que lo ha hecho antes, eso queda claro de los audios, pero no sé si es una práctica habitual. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, tener mayor transparencia y que tenga objetivos de por qué a algunas personas se les puede condonar el pago de multas o impuestos atrasados y a otras no, porque, en el fondo, todo en lo que haya discrecionalidad es muy peligroso para la corrupción. Entonces, cuando hay que tener objetivos, es más difícil que efectivamente se pueda sobornar a personas, pero tampoco es imposible.

-¿Qué opina que en la propuesta constitucional haya quedado fuera la corrupción de privados que hacen negocio con entidades públicas?
-Nosotros en Chile Transparente propusimos, efectivamente, que sobre el combate a la corrupción, en el texto de la Constitución que se le propone al país para el plebiscito del 17 de diciembre, se incluyera el deber también del sector privado y de todas las personas de luchar contra ella. Si bien el Estado tiene un deber primordial y además se ha comprometido a ello en tratados internacionales que están vigentes, es importante también que la ciudadanía y el sector privado tengan una involucración activa. Y de hecho también, en ese sentido, nosotros proponíamos que alguna información que estuviera en manos de privados, en caso de que ejercieran algunos servicios de utilidad pública o también recibieran recursos públicos, como ha sido la tónica en el caso Convenios, también pudiera accederse a través de la Ley de Transparencia.

Entonces, efectivamente, yo creo que con el tiempo se ha ido extendiendo la lucha contra la corrupción al sector privado. Tenemos una nueva Ley de Delitos Económicos, hace años que tenemos una Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y, por lo tanto, eso se ha ido avanzando. Hubiera sido también muy bueno tener esa señal en el texto de la nueva Constitución, pero no se avanzó hacia ese lado. Pero igualmente también se recogen otras temáticas que para Chile Transparente eran relevantes y que se propusieron.