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Créditos: Agencia UNO
El senador Huenchumilla analizó la probidad y corrupción en Chile. Aunque la legislación avanza, plantea la necesidad de reforzar el control y fiscalización en municipios y gobiernos regionales.
El senador Francisco Huenchumilla (DC), abordó este domingo la probidad pública y corrupción, en contexto con los últimos casos que se han destapado como el caso Hermosilla, el desfalco en la Municipalidad de Algarrobo, o el caso Convenios que involucra a gobiernos regionales.
En entrevista con CNN Chile, el legislador al referiste a la suficiencia de un marco legal para prevenir estas situaciones, aclaró de entrada que “en materia legislativa, todos los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y soborno, fueron puestos al día mediante una ley que se publicó en el año 2018, de tal manera que el Código Penal contiene normas nuevas sobre la materia”.
“Por otro lado, este año dictamos una ley sobre delitos económicos para las grandes empresas y las personas jurídicas (…)” abundó el senador.
En materia municipal, el parlamentario especificó que las jefaturas comunales tienen “una división de control interno para fiscalizar el uso de los recursos en el municipio, y además el propio Concejo Municipal tiene la facultad de fiscalizar (…) sin perjuicio de la facultad que tiene también la Contraloría para hacer las investigaciones pertinentes”, aclaró.
Sin embargo, el senador consideró que “está pendiente, probablemente (…) una mayor legislación respecto de los fondos descentralizados que tienen los municipios, y que tienen los gobiernos regionales”.
El parlamentario reconoció un avance “”en la Ley de Presupuestos. Hay muchas normas nuevas que esperamos que se aprueben definitivamente cuando salga la Ley de Presupuestos, esperamos el próximo martes”.
El senador recalcó que efectivamente “hay un margen para hacer probablemente una legislación un poco más estricta en materia de control, sobre todo a las inversiones, de las bases de licitación, y de la justificación de distintos proyectos”.
Asimismo, el parlamentario extendió su análisis al trasfondo de las conductas reñidas con la probidad. “Hay un tema que ya no es un tema penal, sino que es más bien un tema sociológico, de psicología criminal. En el caso por ejemplo de los audios, estamos frente a personas de un gran nivel económico y cultural (…) donde es un tema ya de ambición desmedida, respecto de utilizar las oportunidades que le da esa posibilidad de ganar más plata mediante torcerle la mano a la legislación”, planteó.
El parlamentario amplió el razonamiento a los municipios y gobiernos regionales: “Es probable que exista también una cuestión cultural, sociológica, de creerse el cuento de ser el rey de la comuna, ser el rey de la región (…) efectivamente el alcalde es la primera autoridad, el primer ciudadano de la comuna. Él no tiene un jefe (…) tiene el Concejo Municipal, tiene la Contraloría, y la División de Control Interno. Y a lo mejor eso es insuficiente, habría que pensar en una fiscalización mayor”.
Finalmente, el parlamentario hizo hincapié en que la descentralización, para evitar casos de faltas a la probidad, debe ser bien entendida: “La descentralización tiene que ser institucional. No se trata de descentralizar para que creemos 340 y tantos reyezuelos en cada una de las comunas”.
“La descentralización tiene que ser una cosa institucional, en que haya al interior de los municipios determinados contrapesos, de tal manera que una autoridad individual no se sienta con el derecho de malinterpretar la autonomía, pensando que puede sobrepasar”, puntualizó.
