ANÁLISIS
El contexto político mundial en que se celebra la COP28 en Dubái no es propicio. En el último año ha ocurrido una creciente polarización. En este mundo dividido, las expectativas para la COP28 no podrían ser peores, sumado esto a los escasos avances.
La sesión 28 de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) tendrá lugar desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Es altamente probable que termine siendo, al igual que las anteriores, un recuento anual de incumplimientos. En muchos países han ocurrido lentos avances en asuntos relativos a leyes de cambio climático, marcos reguladores, innovaciones tecnológicas y proyectos que prometen una transición energética a fuentes renovables de energía principalmente solar. Todo lo conseguido, sin embargo, resulta cosmético comparado con los cambios urgentes que se requieren para disminuir las emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles. En vez de reducir las emisiones, las han aumentado aquellos países reconocidos como los grandes emisores (en orden descendente, China, EE.UU., Unión Europea, India, Rusia, Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita e Indonesia).
El contexto político mundial en que se celebra la COP28 tampoco es propicio. En el último año ha ocurrido una creciente polarización entre Occidente y Rusia y China, así como entre el Norte y el Sur del planeta. Una situación agravada más aún con la guerra contra el terrorismo de Hamás y la despiadada defensa por parte de Israel. En este mundo dividido y enfrentado, las expectativas para la COP28 no podrían ser peores, sumado esto a los escasos avances y cumplimiento de los compromisos adoptados en las últimas tres reuniones.
Aunque en Chile creció el interés público por la crisis climática y se han conseguido avances en el uso de las energías renovables, todavía quedan muchos cabos sueltos en materias clave, como son la descarbonización, precio del carbono, impuestos al CO2, transición justa e inversiones en fuentes renovables. Todas estas cuestiones requieren de políticas impopulares que no hacen ganar elecciones. Y hablando de elecciones, no olvidemos que, si en Chile o en cualquier otro país se rompe la democracia, el sistema político entero agoniza, y ya no será factible resolver problemas multifactoriales como la crisis climática, enterrada en tiempos de inflación, desigualdades, bajo crecimiento y crisis económica. Pero los gobiernos y los grandes emisores se encuentran maniatados por las contingencias del nudo histórico que vivimos.
Para encontrar una salida, es necesario desterrar las mentiras, dado que la realidad se ha manipulado a tal extremo que el cambio climático se ha convertido en un tópico, en una expresión manida, tanto en las agendas políticas nacionales como en las internacionales y los medios de comunicación. Para qué decir en los avisos comerciales de la TV. Lo manejan como tema de moda, que hay que mencionar, pero que a nadie compromete. La gravedad del daño que provocan estas manipulaciones es clave. Si no las erradicamos, podrían pasar años antes de contar con una acción climática efectiva.
En tal situación, se comprende por qué en la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo se empieza a desconfiar de la democracia y la gente se resiste a enfrentar la emergencia climática aunque ya hayan sido víctimas de eventos climáticos extremos. La gente sigue apostando en el Casino Climático, en el cual –sabemos– nadie puede ganar. Porfiadamente siguen ignorando la emergencia climática, a la cual el mundo se resiste a enfrentar.
A pesar de los tratados intergubernamentales pro cambio climático y las importantes acciones comprometidas, la humanidad olvida que estamos ante una disyuntiva simple: o sobrevivimos actuando unidos o gran parte sucumbirá en un mundo desunido.
La principal responsabilidad, sin embargo, recae en los hombros de los grandes emisores de CO2 en millones de toneladas. Si todos ellos no reducen antes de 2030 sus emisiones, el resultado será un sobrecalentamiento con catástrofes climáticas mucho más frecuentes e intensas en todos los rincones del planeta. Serán muy pocos los afortunados que escapen a este destino.
Ya hemos sido advertidos: 2023 ha registrado el mayor calentamiento histórico, siendo la última década la más calurosa en la historia de la humanidad. Por otra parte, el calor de los océanos está en niveles récord, sumados a los efectos de un fenómeno recurrente de El Niño, que seguirá calentando más y más al planeta hasta al menos abril de 2024, indicándonos que la temperatura media global para este año ya es aproximadamente de 1,3 por encima de los niveles preindustriales. Obviamente, seguir aumentando las emisiones no se condice con las calamidades climáticas que la humanidad ha sufrido a lo largo de este año. Un frío polar, inundaciones, nevazones y lluvias gélidas no acostumbradas en el hemisferio sur y olas de calor abrasadoras sobre Europa, con terribles sequías e incendios que han devastado cientos de miles de hectáreas en el hemisferio norte. Para qué hablar de las tremendas lluvias, temporales e inundaciones que azotaron en el invierno pasado la zona centro-sur de nuestro país. Además, no podemos olvidar las disrupciones en el mercado energético vinculadas a la invasión a Ucrania, cuyos coletazos han subido los precios de los combustibles y precipitado en todo el mundo una vuelta al carbón.
La semana pasada, el FMI publicó un análisis que nos muestra que sufrimos los efectos de una hipocresía política de proporciones en tiempos de emergencia climática. ¿Cuál es? Nada más y nada menos que los subsidios estatales vinculados a los combustibles fósiles en 2022 ascendieron a 7 billones de dólares –equivalentes al 7,1% del PIB global–. Chile aparece contribuyendo con la suma de 3 mil millones de dólares. Esto es un grave retroceso en la política ambiental nacional, además de una cifra obscena para nuestra pequeña economía, y debería reducirse drásticamente y desaparecer cuanto antes.
Como hemos dicho previamente, el carbón, el petróleo y el gas natural, que se benefician de esas ingentes cantidades de dinero, son los principales responsables del cambio climático. En otras palabras, el ascenso de las emisiones en estos últimos años en todo el mundo se ha estado sustentando en buena medida con fondos públicos, por los impuestos que usted y yo pagamos. Acabar con estos subsidios y destinarlos a formas más limpias de producir la energía debe ser la prioridad. En la declaración final de la COP26 (2021) en Glasgow, se acordó “eliminar paulatinamente estas ayudas públicas a los combustibles fósiles”. Pero el informe del FMI nos certifica que no se han cumplido y, por el contrario, han seguido aumentando.
El informe del FMI es interesante, porque diferencia los subsidios “explícitos” (vinculados a lo que reciben los productores y los consumidores de estos combustibles) y los “implícitos” (relacionados con los costos ambientales y sanitarios indirectos y los ingresos fiscales que los Estados dejan de ingresar con las deducciones). Teniendo en cuenta ambos, se llegó a la cantidad de 7 billones de dólares, dentro de los cuales los subsidios explícitos representan el 18% del total, mientras que los implícitos acumulan el 82%.
El planeta está ya en un nivel de sobrecalentamiento promedio global superior a los 1,2 ºC y cada año que pasa nos alejamos más del objetivo del 1,5 ºC, que es el umbral de seguridad que se ha fijado desde la ciencia. De hecho, lo planes climáticos actuales de los países nos llevarán a un incremento de la temperatura de más de 2,5 ºC. Estamos hablando de una verdadera emergencia y hay que actuar de inmediato. Al frente tenemos dos vertientes de acción.
La primera vertiente se deduce del informe del FMI. En materia de control de emisiones de CO2, lo principal para la COP28 sería: a) acordar que los gobiernos cambien completamente los precios de los combustibles fósiles, eliminando los subsidios explícitos; y b) que apliquen impuestos correctivos al CO2. La aplicación de estas dos medidas conseguiría reducir para 2030 buena parte de las emisiones de CO2, en un 34% respecto a los niveles de 2019.
La otra vertiente se refiere a la urgencia de triplicar la potencia mundial de energías renovables (fundamentalmente solar y eólica y, en menor medida, hidráulica) de aquí a 2030. Algo parecido se acordó, en principio, en la última reunión del G20, celebrada en la India hace cuatro semanas. Allí los grandes emisores de CO2 se comprometieron a caminar hacia esa meta, que supondría pasar de los más de 3.500 gigavatios (GW) instalados en 2023 a unos 11.000 GW en 2030. Multiplicar por tres las energías limpias forma parte de la hoja de ruta para poder mantener vivo el objetivo de limitar a 1,5 grados Celcius el calentamiento global respecto a los niveles preindustriales, como establece el Acuerdo de París.
Estas son las dos cuestiones claves para frenar la emergencia climática y sobre lo que tendría que debatir, negociar y decidir la COP28. Lo demás es cháchara.
