El ex jefe de la División de Seguridad Pública rechazó la petición del senador Pedro Araya, quien busca enviar a cárceles para adultos a jóvenes infractores de ley que cometan delitos “graves y violentos”, proponiendo modificar la actual normativa de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
En medio del debate sobre la responsabilidad penal de los jóvenes en Chile, Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago (Usach) y exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior del gobierno de Michelle Bachelet, se pronunció en contra de la propuesta presentada por el senador Pedro Araya (ind-PPD). Esta iniciativa busca tratar como adultos a jóvenes infractores de la ley penal desde los 16 años, estableciendo un catálogo de delitos graves y violentos para tal efecto.
Araya calificó la propuesta como un ejemplo de “populismo penal“, señalando que la sensibilidad pública hacia el tema de la delincuencia ha llevado a que políticos busquen notoriedad mediática con propuestas llamativas pero “improcedentes”. El académico destacó la existencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que desde su implementación ha establecido un marco para que los adolescentes de 14 a 18 años respondan ante la justicia en un sistema separado del mundo adulto.
“A mí me parece que es una típica propuesta que cae en lo que denominamos populismo penal. La situación empieza a ser delicada en el país, está todo el país muy sensible a este tema, entonces la gente está metida todo el día en la televisión observando los asaltos que ocurren, porque ahora hay cámaras en todos los lugares, o algún político se le ocurre que una manera de aparecer en los medios de comunicación es haciendo una propuesta que resulta muy llamativa, pero es absolutamente improcedente”, declaró el académico de la Usach en conversación con Alejandro Repenning durante un nuevo capítulo de Al Pan Pan.
El experto en seguridad pública enfatizó en la importancia de este marco legal, que permite el internamiento o derivación a programas de rehabilitación y reinserción para los jóvenes infractores. Adicionalmente, expresó su preocupación respecto a la ineficacia de encarcelar a estos jóvenes, y cuestionó la utilidad y aporte de tal medida, sosteniendo que contraviene convenciones internacionales en la materia.
“La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente hace que hoy día todo adolescente, todo joven de 14 años a 18 año, deba responder a la justicia, con un sistema separado del mundo adulto, lo que me parece es lo más adecuado”, añadió.
El exfuncionario de Interior concluyó su posición argumentando que encarcelar a los jóvenes infractores sin considerar alternativas de rehabilitación no contribuye a la solución del problema y va en contra de lo establecido en normativas internacionales sobre el tratamiento de menores en conflicto con la ley.
“Yo creo que no aporta nada y además que va contra todas las convenciones internacionales en estos temas”, cerró.
Cabe mencionar que, para el ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero, la discusión en torno a elevar las sanciones contra menores infractores de ley es una discusión que el Congreso cerró en enero de este año. El secretario de Estado recordó que recientemente fue aprobada la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que es la eliminación progresiva de Sename, y que modifica precisamente la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y que hace una apuesta por tener fiscales, defensores y jueces especializadosen jóvenes infractores de ley.
El profesor Jorge Araya también abordó el aumento en la percepción de inseguridad evidenciado en encuestas. Reconoció que Chile solía tener una delincuencia “tradicional y poco peligrosa”, pero en los últimos 20 años “se sumó un fenómeno de narcotráfico”. Además, hizo un llamado a trabajar para evitar “la instalación del crimen organizado en niveles superiores, permeando las instituciones del sistema de seguridad y justicia”. En este sentido, enfatizó que, si bien en Chile existen niveles menores de corrupción —sin descartar su presencia—, estos son inferiores a los de otros países. “Esto dificulta la expansión del crimen organizado”, concluyó.
