Los abogados Víctor Beltrán y Sebastián Salazar analizaron las propuestas en materia de seguridad que ofrece el texto que vamos a plebiscitar el 17 de diciembre. Tema abordado de manera extensa, reflejo de la principal preocupación ciudadana, pero que -a su juicio- no es garantía de efectividad.
El proyecto constitucional innova al incorporar un capítulo especial de Seguridad Pública, la expulsión “en el menor tiempo posible” de los extranjeros que ingresan de forma irregular, la Defensoría de las Víctimas y la creación de una Fiscalía Supraterritorial, entre otras propuestas que buscan conectar con la ciudadanía, en un contexto donde distintos hechos de violencia de alta connotación social han reactivado el debate sobre la agenda de seguridad.
Sin embargo, las altas expectativas sobre la llamada “Constitución de la seguridad”, instala también preguntas sobre su relación con la efectividad en las políticas públicas para enfrentar los fenómenos de criminalidad en Chile.
Para el académico del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Facultad de Derecho UDP, Víctor Beltrán, existe una brecha importante entre lo redactado en el texto y la viabilidad de cumplir con las expectativas ciudadanas.”Las cuestiones de seguridad, la mayor parte, no se juegan en cuestiones constitucionales, sino que en la gestión y asignación de recursos, en el desarrollo de políticas de detección, de políticas de inteligencia, de esfuerzos coordinados de las instituciones”, señaló.
Por su parte, el coordinador del Núcleo Constitucional UAH, Sebastián Salazar, apunta a que existen graves “problemas de conducción estratégica” para abordar las complejidades de la seguridad. “Se fragmenta, se crean muchos organismos, y muchas autonomías constitucionales. Adicionalmente se crean consejos que tienen problemas de cuoteo en su composición, vemos a la Agencia Nacional de Corrupción, el consejo asesor del Fiscal Nacional, etc.
Ambos expertos coinciden en que, si bien existen aspectos con buenas intenciones -como relevar en igualdad de condiciones a la Policía de Investigaciones con Carabineros- predomina una dispersión que aleja el foco de la efectividad en las políticas públicas.
“El ministerio público ha hecho esfuerzos importantes en esta materia. (…) En los últimos años han proliferado unidades que son las llamadas sistema de análisis criminal y foco investigativo, que realizan trabajos interdisciplinarios. En el fondo, por ahí sí se han encontrado mejores respuestas a fenómenos criminales complejos como los que enfrentamos en la actualidad. De todas estas herramientas que se han desplegado por las instituciones vinculadas a la justicia penal, la verdad es que la propuesta constitucional no aporta tanto, como lo que sí se puede hacer a través de política pública”, señala Beltrán.
Finalmente, Salazar advierte sobre el “el uso populista que se le está dando al fenómeno de la seguridad pública, solamente mediante una dimensión bastante particular que tiene que ver con el combate y persecución de delitos a nivel operativo. El enfoque en términos político-electorales es bastante focalizado. Significa que es plausible que se pueda romper con muchas expectativas en el corto y mediano plazo”.
