Un asesor cercano al ministro Montes habría revisado y visado el informe que Carlos Contreras envió a Presidencia advirtiendo sobre el caso Democracia Viva. El problema es la que la versión contenida en ese documento contrasta con lo expuesto por Miguel Crispi en la Comisión Investigadora.
Durante semanas se cuestionó al jefe de los asesores del Presidente, Miguel Crispi, para comparecer a la Comisión Investigadora de la Cámara del Caso Convenios. La principal duda que tenía que aclarar en esa instancia, era la fecha en que se enteró del caso. Crispi, ante los parlamentarios dijo que tomó conocimiento de un “rumor” el 7 de junio. Ayer, Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda -y principal involucrado en el caso- contravino esa versión, pues sostuvo que esa fecha él entregó un informe a Presidencia. Ahora, se reveló que el informe de Contreras -que tiene una narrativa distinta a la de Crispi- fue revisado y visado por Ricardo Trincado, asesor del ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Según lo publicado por La Segunda, el informe al que se refiere Contreras se encuentra en una carpeta investigativa que lleva el fiscal de Antofagasta Cristian Aguilar. Según el reportaje, el 18 de mayo, a las 18:00 horas, Contreras envió un correo con el documento a la exsubsecretaria Tatiana Rojas y a Ricardo Trincado, jefe nacional del Programa de Asentamientos Precarios. Trincado es socialista como el ministro Montes y además un hombre de confianza.
El documento emana a propósito de una denuncia de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta sobre las cuales Contreras expone los problemas en la gestión del programa que evaluó al asumir el cargo el 2022. En dicho informe también explica el por qué incorporó a más fundaciones al proceso de transferencia de dineros públicos a organismos sin fines de lucro. Entre ellas, Democracia Viva y otras corporaciones que hoy son investigadas por fiscalía. El documento, además, trae las respuestas de Contreras sobre acusaciones que se le hicieron por malos tratos a funcionarios del Serviu en dicha región.
Hasta ahí no existen luces de los síntomas que hicieron explotar Caso Convenios porque en este informe se omite la cercana relación que tiene Contreras con Daniel Andrade. En ese momento, Andrade -representante legal de Democracia Viva- era amigo de Contreras, pues este último fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, quien en ese momento era pareja de Andrade. Además, tampoco se ahonda en las razones que justifiquen el traspaso de $426 millones del Serviu a la fundación.
Dos semanas después de enviado el correo, según consignó La Segunda, uno de los asesores cercanos de Montes recibió el encargo de revisar dicho informe. El 5 de junio, dos días antes de que -según Contreras- se entregara el informe a Presidencia Trincado elaboró un documento oficial -con el membrete del ministerio- titulado: “Informe 001/2023. Remite conclusiones y recomendaciones respecto de presentación de Presidenta de Asociación de Funcionarios Serviu Antofagasta”. Esta situación contrasta con la versión del principal asesor presidencial. Miguel Crispi, quien señaló que tomó conocimiento de la situación por “un rumor”, en circunstancias que a esa fecha ya había un informe escrito.
El documento, dirigido a la ex subsecretaria Rojas -quien se dejó su cargo diciendo que no había informado irregularidades- sostiene que no se observan “incumplimientos graves”, sino que todo lo contrario: “Una actuación proactiva del seremi en corregir las diferencias”. Ahora, Trincao advierte que su documento no constituye una auditoria ni una investigación administrativa, sino que un examen de los hechos relatados.
En las conclusiones también se arroja una advertencia que más tarde sería clave para lo que hoy aqueja a La Moneda. El funcionario advierte en su informe que “se debe monitorear los compromisos derivados de la auditoría realizada y solicitar informe específico en el caso de convenio con Fundación Democracia Viva y se debe implementar en esa región y en general en el Programa a nivel nacional un ajuste en materias de contratación de personal externo y suscripción de convenios con instituciones que serán impulsadas por el nivel Central del Programa”.
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