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La Fiscalía Regional del Biobío había solicitado prisión preventiva para los cinco implicados, pero la petición fue rechazada por considerar que el arresto domiciliario total se ajusta de mejor manera a los fines de la investigación, otorgándose un plazo de 9 meses para el cierre de la indagatoria.
El Juzgado de Garantía de Concepción emitió un fallo determinante en el caso que involucra a Camila Polizzi Fonseca, Sebastián y Diego Polanco Torres, Rodrigo Martínez Fernández y Simón Acuña Medina por los delitos de estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad, lavado de activos y fraude al fisco.
La Fiscalía Regional del Biobío formalizó a los hermanos Polanco y a Polizzi como particulares, mientras que Martínez y Acuña, exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío, enfrentaron cargos por fraude al fisco en sus roles previos como administrador regional del Gore y jefe de Desarrollo Social, respectivamente.
En una audiencia extendida durante el segundo día de deliberaciones sobre medidas cautelares, la Fiscalía solicitó prisiones preventivas para los cinco implicados. Sin embargo, el juez Iohan León Espinoza rechazó esta petición, optando por decretar arresto domiciliario total y arraigo nacional, considerando que estas medidas son más congruentes con los fines de la investigación en curso. Asimismo, se otorgó un plazo de 9 meses para la conclusión de la indagatoria.
El caso gira en torno al traslado de fondos que superan los $250 millones a la Fundación En Ti destinados a la capacitación de habitantes locales. No obstante, parte de estos recursos fueron utilizados por Polizzi para adquisiciones personales, incluyendo ropa, lencería y alimentos.
El dictamen del tribunal marca un nuevo capítulo en este proceso, estableciendo restricciones significativas para los implicados mientras se profundiza la investigación en torno a esta arista del denominado Caso Convenios.
