Creación del Ministerio de Seguridad lleva 84 días fuera del plazo

A mediados de abril de este año, semanas después del asesinato de la carabinera Rita Olivares, el Congreso y el Gobierno acordaron tramitar una agenda de 31 medidas de seguridad y la denominaron “fast track legislativo”. Las medidas se tramitarían en tres tiempos. Desde el 14 de abril, luego de que el Gobierno ratificara lo anunciado un día antes por los presidentes del Congreso, se pretendía despachar medidas en un plazo de una semana, otras en 75 días, las siguientes en 150 días y las últimas a fin de año. Dentro de aquellas contempladas para despacharse en cinco meses se encontraba la del Ministerio de Seguridad. Hasta la fecha, han pasado 231 días desde el anuncio y el proyecto de su creación aún se halla en el Parlamento.

Hasta el fin de semana anterior, un 42% del fast track seguía pendiente, según datos de la oposición.  Pero en el caso del Ministerio de Seguridad hubo un rápido avance al inicio y acorde a los planes. El 19 de junio, a 66 días del anuncio del “fast track legislativo”, la iniciativa logró aprobarse en el Senado con 38 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. De ahí llegó a la Cámara y, en tramitación con otros proyectos, este quedó fuera del plazo comprometido. 

Desde el Senado se despachó el texto que definía que el nuevo ministerio “es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias”. 

Fue la semana anterior a la reciénf pasada cuando, la ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas para presentar las indicaciones del Ejecutivo. Para la oposición, el ingreso llegó muy tarde. 

El diputado Diego Schalper (RN), miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, sostiene que “el Ministerio de Seguridad todavía es una incógnita, porque el Gobierno ingresó las indicaciones con tardanza, es decir, no con la prontitud que hubiéramos querido. Esas indicaciones están recién analizándose y está viéndose el alcance de las mismas”. 

Schalper agrega que el proyecto es “razonable”, pues desde la oposición evalúan que “tiene que haber una contraparte especializada en materia de seguridad y, por lo mismo, estamos a la espera del ritmo y la velocidad que le quiera poner el Gobierno a esta materia”. 

El otrora secretario general de Renovación Nacional apunta a que, dentro del marco de conversaciones sobre la iniciativa, eventualmente existiría una disputa al interior del Ejecutivo entre la ministra Tohá y su subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. “El Ejecutivo en esto no ha tenido la urgencia y la prontitud que hubiéramos esperado, lo cual queda de manifiesto en la tardanza con que presentaron las indicaciones y, por lo mismo, va a depender de cuál es la actitud de los diputados de gobierno, cómo se va a avanzar”, sostiene Schalper. 

Al interior de la señalada comisión, parlamentarios oficialistas reconocen que no se ha cumplido con los plazos, pero apuntan que el tema del Ministerio de Seguridad es uno complejo y requiere una flexibilidad de los tiempos establecidos. 

El diputado Jaime Araya (IND-PPD) pertenece a la comisión y en las últimas semanas ha realizado propuestas y protagonizado comentarios cruzados con personeros oficialistas. En la misma semana en que una funcionaria de Carabineros recibió un ataque con granada en plena vía pública, fue uno de los que propuso un Estado de Excepción a nivel nacional, planteamiento que fue desestimado por los presidentes de los partidos. Araya entregó declaraciones a este medio al respecto y, a propósito de la crisis, explicó esa vez que “se requieren medidas urgentes e inmediatas y paralelamente otras más estructurales y de largo plazo”, junto con añadir, acerca de los timoneles de las colectividades, que “afortunadamente son presidentes de partido y no médicos de urgencia”.

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En esta oportunidad, sin embargo, reconoce que lo relativo al trabajo sobre el Ministerio de Seguridad está lejos de deberse a poca voluntad política o a una inmovilidad del Ejecutivo o de la comisión en cuestión. 

El diputado Araya argumenta que “hemos trabajado intensamente en tramitar la mayor cantidad de proyectos, poniendo el foco en las mayores urgencias, y muchas de esas tramitaciones son complejas, básicamente por razones técnicas, como en el caso de ciberseguridad”. 

Además, revela que “incluso hemos funcionado de manera extraordinaria muchas veces y hemos logrado cubrir parte importante de las brechas existentes para combate al narcotráfico, crimen organizado y los problemas que tenían las policías para llevar a efecto sus procedimientos, entre otras importantes materias, como la Ley de Seguridad Privada”. 

En ese sentido, el parlamentario sostiene que “no creo que exista algún reproche que hacer, más aún si es la oposición la que detenta la presidencia de la Comisión de Seguridad”, aludiendo con esto al diputado RN Andrés Longton. 

En tal sentido, el presidente de la comisión afirma que, en general, el fast track ha tenido un atraso respecto a los tiempos que se plantearon, “principalmente por lo ambicioso de los plazos en relación con los proyectos que se quería sacar”. Dicho eso, subraya Longton, “el Ministerio de Seguridad es un proyecto de envergadura y la implicancia que tiene es muy relevante y es muy técnico, en el cual tenemos muchas diferencias con el Ejecutivo respecto a cómo salió del Senado, y esas diferencias obviamente se plasmaron a través de indicaciones”.

A pesar del atraso respecto al plazo anunciado tanto por los presidentes del Legislativo como por el Ejecutivo, el diputado Longton asegura que la iniciativa para crear el Ministerio de Seguridad “es un proyecto que está priorizado en la comisión y se está discutiendo en la comisión” e, incluso, precisa que “vamos a empezar a votarlo” una vez transcurrida la próxima semana, que es distrital. Esta sería más definitiva, pues el proyecto ya se votó en general al interior de la comisión.

El parlamentario RN explica que, previo al del Ministerio de Seguridad, “hubo otros proyectos con urgencia que había que despachar, que son también parte del fast track, como la Ley de Seguridad Privada, como la Ley de Ciberseguridad, como la Ley de Usurpaciones, todo es parte del fast track legislativo”. En ese sentido, en cuanto a “la coordinación con el Ejecutivo, desde la comisión al menos, hemos estado de acuerdo en los plazos para poder discutirlo”.

El diputado socialista Raúl Leiva cree que este proyecto “tiene asidero” y señala que “el no cumplimiento de los ambiciosos plazos propuestos por los presidentes de ambas Cámaras y el Ministerio del Interior es porque estamos frente a proyectos de ley y estatutos bastante complejos, que no son simples”. 

Leiva pone ejemplos: “La Ley de Seguridad Privada, que estuvo más de 12 u 11 años en el Senado y en cuatro meses fue despachada desde ahí, y también se despachó a ley desde la Cámara de Diputados”. Por eso, enfatiza que los plazos propuestos “son bien ambiciosos”. 

El diputado explica que existen proyectos en tramitación que son, muchas veces, “consustanciales a la materia de seguridad”, como, por ejemplo, el Estatuto de Cooperación Eficaz que –dice el parlamentario– “son necesarios para desbaratar estas bandas organizadas que tienen un alto nivel de peligrosidad”. 

Estos y el Ministerio de Seguridad, añade Leiva, “son proyectos complejos que requieren un análisis bien consensuado y de eso da cuenta la discusión que se ha dado”. El diputado asegura que existe agilidad en la Cámara y que, además, este tiene urgencia por parte del Ejecutivo, pero el Ministerio de Seguridad “establece cambios orgánicos” y es por eso que, pese a la celeridad del trámite, “se requiere hacerlo de una manera adecuada, que no vaya a generar más incertidumbres y que venga a resolver las problemáticas existentes más que profundizarlas con la creación de este ministerio”. 

La diputada comunista, también integrante de la Comisión de Seguridad, Alejandra Placencia, ve con buenos ojos el trámite que viene, pues cree que hay “buena voluntad para que todos, o la gran mayoría de los que componemos la comisión y nuestras bancadas, apoyen el proyecto de ley. Entendemos, desde el Partido Comunista y el oficialismo, que es un tema de Estado que urge”.

La diputada confía en ello, pues entiende que es a través de esta iniciativa que se van a dar “mejores condiciones para abordar todos los nuevos tipos de criminalidad y aquellos que nos permitan adelantarnos también, proyectando que la seguridad es algo que trasciende los gobiernos y que, por ende, todos tenemos claridad y que es un compromiso que le debemos a la ciudadanía”. Además, espera “que ese proyecto avance, avance con la celeridad que requiere y, bueno, por lo menos esa es la disposición que tenemos”.

Si bien no se ha cumplido con el plazo propuesto en este proyecto, ni en otros, el Gobierno ha destacado, a través de distintos ministros, que durante la administración Boric se ha aprobado la mayor cantidad de proyectos sobre seguridad desde el retorno a la democracia. Así, durante este Gobierno se han aprobado 38 proyectos y después está la administración Lagos, con 32. 

También hay que mencionar que no es la primera vez que el compromiso del Gobierno y el Congreso respecto a este “fast track legislativo” se frustra. A fines de junio, se cumplió el plazo de 75 días para tramitar 13 proyectos de seguridad y no lograron convertirse en ley en las fechas acordadas. 

En esa oportunidad, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, sostuvo que, sobre esos proyectos, “se han presentado todas las indicaciones o los mensajes referidos al compromiso suscrito con los presidentes de ambas Cámaras”.

La demora, en tanto, la atribuyó a responsabilidades compartidas: “Obviamente la tramitación legislativa es algo que no depende exclusivamente del Gobierno, pero queremos valorar el compromiso de ambas Cámaras para llevar adelante un debate y una tramitación acuciosa y con celeridad”.

Además, aseguró que, aun cuando no se cumplieran las fechas precisas, los proyectos “se van a finalmente aprobar en plazos más que razonables, para contar con mejores herramientas para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad”.

Lo anterior expresa una tenacidad distinta a la mostrada inicialmente por el Gobierno, cuando comenzó la tramitación del fast track. El 18 de junio, José Roa (PS), abogado cercano a la ministra Tohá, era coordinador de la reforma a las policías y en conversación con El Mostrador sostuvo: “El proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública debe estar en 150 días”.