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No hay muchos senadores que acepten hablar abiertamente a favor o en contra de la gestión del secretario del Senado, quien en poco tiempo ha cultivado un poder sin contrapeso en la Corporación y que lo tiene enfrentado a históricos funcionarios, quienes por maltrato recurrirán contra él ante la OIT.
Al ex Fiscal Regional Sur, hoy secretario general del Senado, se le acusa de sacar de su oficina al histórico exsenador Andrés Zaldívar (DC); de empujar al exjefe de protocolo Guillermo Miranda; de calificar de “desinformada” a la expresidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD); de ganarse el encono de la senadora Yasna Provoste (DC); y de violar la cuarentena por COVID-19 para ir a comer mariscos con amigos fiscales a un restaurante, mientras en la atmósfera circulaban aires de lobby para ciertos cargos en el Ministerio Público, algo en que se le reconoce experticia y muñeca, sobre todo en cupos para Fiscales Regionales. Pese a todo lo anterior –afirman en el Congreso–, es por estos días en que el poderoso secretario general de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, vive sus momentos más turbulentos, en medio de nuevas acusaciones de funcionarios de la Corporación.
A las 20:45 horas del miércoles 29 de noviembre, un episodio en la oficina de Guzmán causó conmoción entre los funcionarios del Senado. El fiscal de la Cámara Alta, Javier Norero, con 21 años de servicio y considerado el mayor conocedor de la administración institucional, fue llamado a una reunión urgente. En el despacho, en presencia del prosecretario, Roberto Bustos, y del jefe de Personal, Carlos Becerra, el secretario general le pasó una resolución para que la firmara. “Era su renuncia y se negó a firmar”, relata una testigo.
El abogado estaba a contrata, por lo cual debía ser renovado el 31 de diciembre su contrato. Sin embargo, el secretario general, Raúl Guzmán, le informó de su despido inmediato “por no contar con su confianza”.
Las diferencias entre ambos habían comenzado para la contratación de Edecán del Senado, Cristian Marambio. Fuentes que conocieron el caso señalan que Guzmán exigió su contrato a honorarios, pero Norero advirtió que el reglamento del Senado establecía que -por ser un cargo de exclusiva confianza de la mesa- era ilegal hacerlo a honorarios y debía ser cargo de planta. Ahí comenzó el conflicto.
“No hubo un mes de aviso, sino que me informó que el despido sería inmediato. (…) Es un despido injusto y arbitrario”, señaló Javier Norero escuetamente a La Segunda. Su salida se sumó a la desvinculación de la jefa de Comunicaciones de la Cámara Alta, Tatiana Mora, a quien se le renovó el contrato hasta el 31 de enero.
Las salidas reabrieron las tensiones entre los sindicatos de la Corporación y el secretario Raúl Guzmán, las que se arrastran desde su llegada en 2019. Al interior de la Asociación de Funcionarios del Senado (Afusen) –y en otro gremio– le imputan haber iniciado una “caza de brujas” y elaborar una “lista negra” de trabajadores que mantienen en “alta tensión” el clima laboral de la institución.
Lo anterior, explican varios dirigentes, debido a la existencia de 50 sumarios, 17 abiertos este año, en una dotación de 370 trabajadores. Agregan que a estos se suman despidos injustificados, maltrato laboral y prácticas antisindicales que se agudizaron en los últimos meses. En ese clima se han presentado 13 denuncias laborales ante Tribunales de Valparaíso contra el Senado, cuyo jefe administrativo es su secretario general, Raúl Guzmán.
La controversia por los sumarios abiertos comenzó a generar “inquietud e incomodidad” entre los senadores y el asunto marcó un hecho político el pasado 20 de noviembre.
Ese día, en la sesión de la Comisión de Régimen Interno –integrada por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el vicepresidente, Francisco Huenchumilla; y los jefes de bancada de los partidos– se pidió explicaciones al secretario Guzmán por la cantidad de sumarios. Incluso la representante de la DC en la comisión, Yasna Provoste, en un áspero diálogo, le preguntó cuándo se presentaban los descargos y en qué fecha los terminaría, para revisarlos, entre otras cosas.
“En la sesión abordamos los sumarios pendientes que hay y el secretario quedó de traer un informe. Eran bastantes sumarios pendientes, no recuerdo el número exacto. Se le dijo que para nosotros era importante saber algunas cosas y que se cumpla lo que corresponde”, comentó a El Mostrador el senador Gastón Saavedra (PS).
El “caso sumarios” y la conflictiva relación entre Guzmán y los funcionarios parecen ser una especie de tabú entre los senadores. El senador Saavedra, el experimentado legislador socialista, es uno de los pocos que se atreve a abordar el tema, aunque no él único.
“Raúl Guzmán tiene problemas (de trato) con varios funcionarios. Lo hace con complicidad de una mesa que hoy preside la UDI, con Juan Antonio Coloma, y antes el PS, con Álvaro Elizalde. Creo que es una persona ultraprotegida. Hace unos días despidió al fiscal del Senado, Javier Norero, que llevaba más de 20 años y que daba absoluta confianza en el trabajo que hacía, y es bueno tener profesionales de esa calidad, justamente, para hacer contrapeso a la figura de Guzmán”, señala el senador por Magallanes, Karim Bianchi (IND).
Y Bianchi va un paso más allá: “Cualquier persona que se interponga en lo que Guzmán pretende, o en su círculo de amigos, es sacado del Senado. Eso hace daño al funcionamiento de la Corporación. Si uno lo compara con el funcionamiento de la Cámara, siendo que son más legisladores, eso no se nota. Es una persona que no ha modernizado el Senado, que se dedica a perseguir a funcionarios y que no da las garantías, tanto en lo personal, en su trabajo, ni en lo que se está mostrando como institución”.
Las controversias entre el secretario general del Senado y representantes de las asociaciones de funcionarios llevaron a estos últimos a iniciar una demanda ante la OIT contra Raúl Guzmán, por prácticas antisindicales.
“El jefe de servicio no ha respetado los derechos sindicales de los dirigentes de diversas formas, incluso despidió a tres con fuero. Por eso vamos a presentar un recurso ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT por hechos de gravedad“, puntualiza un dirigente de los funcionarios, que pide reserva de su nombre.
“La acción internacional es porque, cuando destituyen a un dirigente, la ley dice que se debe enviar el expediente a ratificación de la Contraloría, la que fiscaliza si lo que el jefe de servicio hizo es ajustado a norma. Raúl Guzmán nunca mandó el expediente. Y la razón que usó fue que el Congreso Nacional era un organismo autónomo de la Contraloría y se saltó la norma. Y esa teoría tuvo su acogida por la Corte Suprema. Es decir, se podría interpretar que los 26 dirigentes del Congreso no tenemos fuero y no podemos ejercer labor sindical. No tenemos ninguna protección, si nos quieren destituir basta con que el jefe de servicio lo decida o se las ingenie para torcer la ley. Es muy grave“, asegura a El Mostrador una funcionaria de la Corporación.
Pese a las denuncias y reclamos, la gestión del secretario Raúl Guzmán es defendida por otros legisladores, que, sin embargo, prefieren mantenerse anónimos.
“Lo que hay desde que llegó es una tensión permanente, porque había cierto relajo de funcionarios acá y él ha estado poniendo orden en cosas administrativas que el Senado le encomendó, eso no les gusta a algunas asociaciones y ha traído roces con funcionarios. Ha despedido personas mal calificadas, pero, tras los sumarios y todo, ha sido respaldado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Régimen Interno. Creo que es un tipo correcto y que ha hecho la pega. Antes había funcionarios que salían a jugar tenis o lo que querían. Ahora marcan tarjeta“, sostiene un parlamentario que pide no ser identificado.
La expresidenta del Senado y líder del Partido Demócratas, Ximena Rincón, comparte la opinión de que el desempeño de Guzmán es bueno y sostiene que “oficialmente no hay denuncias” en su contra.
“Hay reportes escritos de que ha hecho una buena gestión, conforme al plan de trabajo y al proceso de modernización que le encomendó el Senado al nombrarlo en el cargo. No existe conflicto ni con trabajadores ni con asociaciones del Senado. No se ha presentado ningún reclamo formal a la gestión o administración del secretario general. Una vez, en mi presidencia, se hizo una presentación y el secretario general evacuó un informe (Oficio SG 250/2021) a la Comisión de Régimen Interno, donde se hizo cargo de cada una de las observaciones que formuló una asociación y quedaron todas descartadas”, afirma la senadora Rincón.
En el entorno del secretario general dicen que, de las 13 demandas presentadas –entre 2019 y 2023–, “solo dos se encuentran abiertas” y que “las restantes concluyeron con acuerdos, desestimación y por no perseverar”.
No obstante, en los sindicatos dicen tener indignación –y algunos legisladores curiosidad– por varios pasajes relatados en las demandas presentadas. Uno de los que llama la atención está en la causa T113-2023, aún en trámite, del empleado Hernán Muñoz.
En esta se señala: “El lunes 26 de diciembre de 2022, Raúl Guzmán, citó a José Pérez (presidente de la ANEF) a su oficina del Senado en Santiago, para el día siguiente. En dicha reunión, el secretario, fuera de todo tipo de procedimiento legal o reglamentario propio del ámbito administrativo o de las normas internas del Senado, yendo más allá de sus atribuciones y competencias y con manifiesto abuso de poder, ofreció a mi representado la suma de 30 millones de pesos y una carta de recomendación, para poner término al conflicto y que se fuera del Senado. El presidente de la ANEF comunicó esta improcedente oferta a la presidenta de la Fedacon y esta, a su vez, la transmitió a mi representado, quien se mostró sorprendido”.
