La académica de la Universidad Austral y experta en temas de género, Yanira Zúñiga, repasa las principales normas de la propuesta constitucional que -a su juicio- implicarían un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.
La abogada profundizó respecto a los eventuales riesgos para la ley de Pensión de Alimentos -la cual entró en vigencia en mayo de este año- en caso de ser aprobada la propuesta constitucional. Advertencias que apuntan principalmente a la aplicación de la norma que constitucionaliza la propiedad de los fondos previsionales.
“Yo creo que sí genera incertidumbre porque esa cláusula se agrega a un grupo de otras normas que fortalecen todavía más el derecho de propiedad. (…) Esa cláusula le pone todavía un pelo más a la sopa en esa discusión y hace que no sea claro si se puede mantener ese avance para las mujeres”, señaló.
Por otro lado, Zúñiga también hizo una proyección en torno a los riesgos para ley de interrupción del embarazo en tres causales, retroceso sobre el cual también se ha pronunciado en los últimos días la expresidenta Michelle Bachelet.
“Las y los juristas lo que hacemos es proyectar esos significados, esas interpretaciones, a partir de la manera en que se ha venido razonando durante varias décadas. Esto es muy importante para el caso de esta discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo y su posible destino bajo un texto constitucional, que tiene una cláusula con una modificación que parece trivial, pero que en realidad es una modificación que puede alterar completamente la situación actual. Porque ese cambio de expresión del “que” a “quien”, transforma la protección de la vida pre natal y la acerca más al régimen de protección de las personas”, afirmó.
En esa línea, agrega que “buena parte de la discusión sobre el aborto en Chile en las últimas décadas ha girado sobre la pregunta de si cuándo protegemos al embrión o al feto, lo hacemos con carácter de personas o lo hacemos en otra calidad. Es bien fácil anticipar que el hecho de formular una regla que se interprete dándole carácter de persona al embrión o al feto significaría fortalecer la posición de que no es posible legislar a favor de ningún tipo de aborto. Y eso fragiliza la ley de aborto que hoy día está vigente, como también la posibilidad de legislar hacia una mayor apertura, que es lo que se ha ido haciendo en otros países”.
La experta también se refirió a las normas que objetivamente implican un avance, ya que no están incorporadas en la Constitución actual, como por ejemplo, la igualdad salarial.
“Pareciera que esas cláusulas de avance están supeditadas, porque el texto constitucional es un todo, a cláusulas que involucran claramente amenazas de retrocesos, y entonces al final evaluar si el texto le sirve o no a las mujeres es una cuestión de balance. Esa evaluación, por lo menos desde mi perspectiva, es una evaluación que arroja un saldo negativo”, afirmó.
Finalmente, la académica de la UACh, también advirtió respecto a las implicancias del “modelo de familia tradicional” que fortalece el proyecto de nueva Constitución.
“Este eslogan ‘con mis hijos no te metas’ estaría constitucionalizado ahora, y ya sabemos que esas agendas han producido una discusión en los programas de educación inclusiva, no sexista, etc. Con un modelo de familia muy tradicional también las cuestiones de género resultan afectadas, porque la emancipación y el mejor desarrollo de los derechos de las mujeres ha supuesto avanzar a modelos de familia más contemporáneos, más liberales, en el sentido de que adoptan formas diversas. Ese modelo de familia que resulta ultra protegido con una treintena de cláusulas en el texto constitucional, a mi me parece que está funcionando como una especie de caballo de troya respecto de la agenda protección de derechos de las mujeres”, concluyó.
