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Solo entre dos grandes organizaciones criminales desbaratadas por la Fiscalía Oriente y la PDI se estiman perjuicios al fisco cercanos a los 100 millones de dólares. Son historias en las cuales hay lavado de activos, dinero desviado al extranjero y empresas de papel con empleados que no existían.
En medio de la eclosión del crimen organizado tradicional, aquel que asesina, descuartiza y trafica personas (entre otras cosas), han ido emergiendo otras modalidades de crimen organizado tal vez menos visibles y que, sin embargo, son también muy perjudiciales, sobre todo para las arcas fiscales, como es la industria que existe en torno a las licencias médicas falsas, que ha ido quedando al desnudo en dos investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Entre ambas, el fraude al fisco que se cometió se fija en un monto cercano a los 80 mil millones u 85 mil millones de pesos. En otras palabras, es casi el triple de lo defraudado por los oficiales de Intendencia de Carabineros en el famoso “Pacogate” (31 mil millones de pesos) o casi 100 millones de dólares.
El primer caso fue formalizado hace un año, cuando se detuvo a un chileno que mantenía 10 sociedades médicas y 27 médicos (24 colombianos y tres venezolanos), los que emitían licencias médicas falsas utilizando dichos centros médicos de papel como fachada. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) detectó que, entre agosto de 2021 y julio de 2022, el fisco tuvo un perjuicio por licencias médicas falsas de 442 mil millones de pesos (unos 400 millones de dólares), entregadas por 470 profesionales médicos calificados como “grandes emisores” de licencias. Por cierto, ese monto (los 400 millones de dólares) alcanza al 25% del presupuesto anual que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) posee para cubrir el pago de las licencias.
Como explica el fiscal Álvaro Pérez, un médico normal emite entre 200 y 250 licencias médicas al año. Puede ser un poco más, dependiendo de la especialidad, las estacionalidades, etc., pero los “grandes emisores” son profesionales que expiden más de mil 600 al año.
En ese marco se desarrolló la indagatoria relativa a la red en la cual, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía lideraba por Rodrigo Campos, se detectó a facultativos que incluso llegaron a firmar 10 mil licencias al año. Se trataba de médicos que mantenían diversas sociedades, todas las cuales, sin embargo, recibían dineros desde una misma cuenta bancaria, propiedad de la sociedad de Servicios Médicos Dr. Mittei, que a su vez era encabezada por el colombiano Samir Rivaldo Hernández. Solo este grupo se estima responsable de un fraude al fisco de entre 75 mil millones y 80 mil millones de pesos, a la fecha.
Por cierto, además de ello, se les imputa el lavado de activos, debido a que se detectó que buena parte del dinero obtenido bajo este mecanismo era enviado a Colombia o Estados Unidos, mediante remesas o transferencias. Pero no es lo único: también se encontraron depósitos a plazo, así como la compra de diversos objetos de lujo, automóviles y propiedades, con el fin de “ocultar o disimular el origen ilícito de las ganancias obtenidas”.
La semana pasada, en tanto, la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), por instrucciones de la Fiscalía Oriente, desbarató un segundo grupo dedicado a defraudar al fisco a través del uso de licencias médicas falsas, el llamado clan “Quilodrán”, arista investigativa que se inició en febrero de este año, gracias a oficios de la Superintendencia de Seguridad Social, con los que se dio aviso a la Fiscalía acerca de los resultados de una auditoría interna de la Caja de Compensación Los Héroes, la que detectó un exceso de licencias en el caso de los supuestos empleados de tres empresas, dos del rubro de la seguridad –Asesoría Seguridad SSP Chile y Seguridad Privada Express Security Ltda.– y una del ámbito del transporte: Transportes de Pasajeros y Carga Verónica Ltda.
Express Security fue creada en 2014 por Jaime Quilodrán Mallea y Fernanda Villarroel Morales, en San Miguel, pero el primero se retiró posteriormente de ella, entrando otros socios. En el caso de SSP, fue constituida dos años más tarde por Villarroel y Jorge López Torres, en la misma comuna y, dos años después, se incorporó a ella Solange Quilodrán Neira, quien, sin embargo, salió de la misma luego de un año. La sociedad Verónica, en tanto, fue formada por otros socios, pero Jaime Quilodrán se integró a ella en 2016.
Al respecto, el subprefecto Johnny Fica, jefe de la Brilac, explica que “hace unos días se llevó a cabo la fase de detención de un grupo criminal dedicado a los delitos de lavado de activos en base al fraude de subvenciones, la emisión de licencias médicas por parte de una estructura criminal liderada principalmente por chilenos, que habían diseñado todo un esquema y una estructura a través de la creación de empresas falsas, empresas que son de fachada, de pantalla, y que tenían como objeto, a través de la contratación de trabajadores de manera ficticia, lograr la emisión de licencias médicas con conocimiento también y la participación de médicos principalmente extranjeros, con los cuales lograban a su vez la obtención del pago de la subvención por parte del Estado”.
Según el investigador, gracias a lo anterior el grupo logró reunir un patrimonio superior a los mil 200 millones de pesos, puntualizando que, de lo obtenido, “dos tercios del pago de cada una de las licencias quedaba para el principal clan, que eran los articuladores y los que habían diseñado este esquema, y el tercio restante era obviamente repartido entre los trabajadores que habían facilitado su nombre, que habían participado como trabajadores ficticios y, también, para pagar al médico que había facilitado la licencia médica”. Por cierto, cada licencia médica era vendida a un valor que oscilaba entre 30 mil y 70 mil pesos, dependiendo de los días de reposo.
El jefe de la Brilac detalla que la caja de compensación ya mencionada detectó “que había empresas que registraban del 80% a cerca del 90% de los trabajadores con licencia médica, lo cual resulta altamente sospechoso. Yo diría que prácticamente es imposible que una empresa funcione con esa cantidad de trabajadores con licencia médica, y casi todas las licencias médicas también eran del espectro de licencia de tipo psiquiátrica”. Además, otro detalle no menor era que la mayoría de los trabajadores ganaban sueldos de nivel gerencial o al menos superiores a los 2 millones de pesos mensuales.
En función de ello se inició la investigación por lavado de activos y, aunque hasta ahora el monto total defraudado por este grupo (4 mil 200 millones de pesos, de momento) es menor al de la causa incoada el año pasado, el subprefecto explica que “a diferencia de otras investigaciones, los médicos son parte de una estructura mucho más grande, mucho mayor, y en este caso particular había terceras personas que habían diseñado un esquema a través de empresas falsas y trabajadores falsos, donde los médicos facilitaban. O sea, los médicos aquí eran un medio utilizado para la comisión del delito”. Dicha estructura, precisa, comenzó siendo de carácter netamente familiar, pero luego se expandió a una serie de personas, cada una de ellas con roles diferenciados.
Asimismo, el oficial detalla que los implicados “lavaban el dinero principalmente, primero, a través de las empresas que eran de fachada, a través de las cuales se cometía el fraude. Después los dineros eran ingresados al sistema. Muchos de los dineros eran en efectivo, se realizaron muchas compras en efectivo, mucho del patrimonio que está se realizó en efectivo a nombre de ellos, incluso de terceras personas o de sociedades que ellos mismos creaban también para estos fines”, agrega.
Al respecto, el fiscal Álvaro Pérez comenta que entre el primer caso y el segundo existen algunos puntos de conexión, que están dados por la presencia de varios médicos, aunque puntualiza que “la lógica que hay detrás es distinta, porque en la causa que se ha denominado como la causa primaria o causa madre, que se formalizó en diciembre del año pasado, en donde había 27 médicos extranjeros, algunos de ellos crearon centros médicos y estos centros médicos los utilizaron para la contratación informal de otros médicos extranjeros y así, de alguna forma, prestaban servicios emitiendo licencias falsas”. Sin embargo, en el caso de los Quilodrán (donde se formalizó a 34 personas, 15 de las cuales quedaron en prisión preventiva), “es algo un poco más complejo”, agregando que “aquí estamos frente a una figura de crimen organizado. Generalmente se lo asocia a delitos violentos, a secuestros, a extorsiones, etc., pero aquí el crimen organizado está en los elementos. Es decir, es una organización más o menos sofisticada con ciertos roles, con ciertas funciones, con jerarquía. Eso por una parte”.
Añade que “el otro elemento del crimen organizado son los grandes flujos de dinero, el provecho en cantidades importantes que implican la actividad ilícita y cómo está muy vinculada también al lavado de activos. Entonces, esos dos grandes elementos nos estructuran que estamos en presencia de crimen organizado. Y digo que es un poco más complejo porque aquí un clan se hace de sociedades, que tienen giros diversos”.
Con el fiscal coinciden el director nacional de la PDI, Sergio Muñoz, así como el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. El primero indica que “quiero poner un énfasis especial en que hablar de crimen organizado, hablar de organizaciones criminales, no tiene que ver solamente con violencia, con disputas de territorios, con balaceras. Esta es una organización que está pensada para defraudar al Estado, defraudar económicamente al patrimonio fiscal”, especificando que entre los detenidos están no solo los autores intelectuales, sino toda la cadena de implicados en el hecho, incluyendo a las personas que “operativamente realizan este fraude falseando antecedentes, falseando datos, mostrándose como personas afectadas en su salud y presentando licencias falsas que les permiten cobrar este dinero que les corresponde por la ausencia laboral, de empresas que son totalmente ficticias, que son empleados ficticios y que lograron realizar un desfalco aproximadamente de 4.200 millones de pesos”.
Valencia, por su parte, argumenta que “el crimen organizado, las bandas criminales, no solo cometen delitos violentos recurriendo a armas de fuego, no solo cometen secuestros extorsivos, no solo incurren en narcotráfico, sino que también cometen delitos como este, fraudes en contra del fisco, fraudes en los cuales intentan apropiarse de dinero de todas las chilenas y chilenos, mediante, en este caso, el otorgamiento de licencias falsas”. Asimismo, el Fiscal Nacional indica que se estaba en presencia de “entramados jurídicos complejos para apropiarse del dinero que estaba destinado a financiar la mantención de las personas, de los chilenos que se encuentran enfermos, más aún, los que forman parte de Fonasa, los que cotizan en Fonasa, para apropiarse de estos dineros y destinarlos a sus propios fines”.
La investigación descubrió que ninguna de las empresas vinculadas a los Quilodrán “realiza(ba) las actividades propias del giro, eso se ve en el pago de diversos impuestos, las ventas, las compras, los créditos, los débitos… que no dan cuenta de que se estén ejerciendo actividades comerciales reales”, como dijo Pérez.
El persecutor añade que entre 2020 y junio de 2023 las tres sociedades “presentaron contratos a las cajas de compensación o presentaron liquidaciones de remuneraciones de entre 630 y 650 trabajadores” y que, dado que –como indicara el subprefecto Fica– cerca del 80% de ellos aparecía con licencia médica, “la verdad es que no era sostenible económicamente”, junto con agregar que eso evidencia que eran sociedades de fachada, “que no realizan ningún tipo de actividad y no pueden desarrollar ningún tipo de actividad, no prestan ningún servicio porque la empresa no realiza ningún servicio”.
Se trataba, además, de un grupo que generaba mucho movimiento de dinero. En las diligencias policiales se encontraron más de 54 millones de pesos en efectivo y el fiscal Álvaro Pérez explica que solo una de las cuentas bancarias que utilizaban registra transferencias por mil millones de pesos.
Asimismo, los cabecillas del grupo están acusados de lavado de activos, dado que, además de incorporar el dinero al circuito formal por medio de la compra de bienes muebles e inmuebles, también aparece “la utilización de figuras que son muy propias del lavado de activos”, como es la existencia de testaferros, es decir, terceros que inscriben a nombre propio vehículos o inmuebles, a fin de ocultar quiénes son los verdaderos dueños.
“Todo esto, en su conjunto, te da cuenta de que es una estructura un poco más compleja y sofisticada que el simple hecho de poner un centro médico y hacer que otros médicos extranjeros presten servicios”, puntualiza el persecutor.
Cabe mencionar que los detenidos no poseían antecedentes penales o policiales previos, pero llamó la atención que en los allanamientos se encontraron varias armas de fuego (que en este momento son periciadas, a fin de determinar si estaban aptas para disparar), abundantes municiones, chalecos antibala, el dinero y una gran cantidad de documentación, como se evidencia en las imágenes que se pueden observar a continuación:
