PAÍS
A las polémicas entre la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y su par de Hacienda, Mario Marcel, se sumó un nuevo foco de tensión, esta vez entre ella y la titular del MOP, Jessica López. El conflicto, que ya va por su tercer round, está siendo monitoreado por el Segundo Piso de La Moneda.
“La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas (Ind), tiene parada la inversión en el país, no solo en infraestructura pública. Y su única agenda es el cambio climático. No existe en otra agenda”, afirma el presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, Sergio Gahona (UDI).
Las palabras del senador se producen en medio de un largo y soterrado choque de visiones antagónicas entre la ministra de Obras Públicas, Jessica López (PS), y su par del Medio Ambiente por una serie de obras de inversión vial, así como obras sanitarias rurales e infraestructura pública, conflicto que ha sido monitoreado por el Segundo Piso de La Moneda
Según explican fuentes de la Dirección de Vialidad, a fines de octubre pasado se vivió uno de sus mayores rounds, pero no él único.
El episodio de tensión entre ambas secretarias de Estado se produjo tras el retiro de un proyecto de Vialidad, del Sistema de Evaluación Ambiental. El objetivo de la iniciativa era reconstruir la carretera T-720, que atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero, en la Región de Los Ríos, y conectar La Unión con la zona de la costa.
En el Ejecutivo señalan que una serie de grupos ambientalistas contaron con el apoyo de Maisa Rojas en sus reclamos por cambiar “el trazado de una ruta que ya existe, aunque en muy malas condiciones para proteger algunos alerces”.
En la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) señalan que para ellos el principal motivo del impasse es la lentitud de los permisos ambientales. De hecho, en junio pasado y luego de dos años de espera, un consorcio entre Icafal y Conpax, la sociedad concesionaria de la Ruta G-21, camino a Farellones, recibió una favorable Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Las empresas invocaron una cláusula de la licitación aludiendo al tiempo transcurrido y dieron por terminado el contrato, cuya tramitación ambiental se inició en 2020 y que contemplaba 94 mil millones de dólares. La situación no fue bien evaluada por la ministra López.
Para las autoridades del MOP, la presión de los grupos ambientalistas en el Consejo de Ministros y su influencia en la cartera del Medio Ambiente podrían disminuir al licitar los proyectos de concesión con la RCA ya visada por la autoridad ambiental.
“Estamos estudiando esa posibilidad. Es un cambio bien estructural en la forma de operar, porque para ingresar un proyecto a evaluación ambiental, hacer el estudio y después hacer que pase por el Sistema de Evaluación Ambiental, tenemos que tener el proyecto definitivo, por decirlo de alguna manera, muy avanzado. Entonces, eso nos obliga a transformar en forma bien radical la manera en que ejecutamos los proyectos de concesiones”, señaló hace un par de semanas la ministra López en un seminario en la ex CasaPiedra.
En el Ejecutivo comentan que la propuesta –que contaba con el respaldo del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y del titular de Economía, Nicolás Grau– no cayó bien en el entorno de Maisa Rojas.
Otra diferencia quedó de manifiesto el 11 de agosto pasado, cuando el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático –que integran los titulares de las carteras de Agricultura, Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Obras Públicas y Transportes, y que es presidido por la ministra Maisa Rojas– acordó la ampliación del “Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Birregional en el Archipiélago de Humboldt” en las regiones de Atacama y Coquimbo, zona en la que se emplazan los proyectos Dominga, de Andes Iron, y Cruz Grande, de CAP.
Si bien la votación fue unánime, en la discusión la titular del MOP solicitó conocer la opinión de los servicios involucrados, contraviniendo la postura de la ministra Rojas, que era partidaria de votar todo de inmediato y rápido.
En la cita –explican conocedores del debate– López le habría dicho de forma áspera a Maisa Rojas: “Yo no voy a votar sin estar informada”.
Al referirse al tema en un punto de prensa, con evidente molestia, la ministra de Obras Públicas sostuvo que “la aprobación vigente de la zona de protección en principio no toma en consideración los proyectos que el MOP tiene en carpeta desarrollar y, por lo tanto, para ejecutar cada uno de esos proyectos tendríamos que hacer un camino largo de evaluación. En este caso, la propuesta de ampliación considera excluir un conjunto de zonas que el MOP pidió excluir (…). Estaba preocupada, porque había un proyecto de construcción de una desaladora en la zona norte de Coquimbo, pero finalmente esa propuesta está más abajo del polígono”.
En ese punto, también los senadores de la Región de Coquimbo destacan una “disputa de poder” entre ambas carteras, ya que mientras la ministra del MOP es partidaria de las plantas desalinizadoras, la del Medio Ambiente tiene reparos importantes ante esa iniciativa.
Según ha expresado López a los senadores de la Comisión de Obras Públicas y de Coquimbo, “ella entiende que esta infraestructura ayudaría en la solución de la crisis hídrica para consumo humano”, como también para el desarrollo de proyectos mineros que contemplen esta alternativa.
En cambio, la titular del Medio Ambiente tiene una opinión situada en las antípodas. “No creamos que vamos a resolver esto (el problema del agua) poniendo una planta desaladora, porque lo que estamos viendo es que hay proyectos que no están bien coordinados, que no hay regulación. La planta desaladora puede ser una solución, pero también tiene impacto ecológico, la salmuera que es el producto que queda no es inocuo”, advirtió en LUN en 2022, a pocos días de ser nombrada ministra.
En el Congreso comentan que en el mundo político se observa a López más ejecutiva en el Estado y más pragmática en función de las inversiones y el crecimiento, mientras que Rojas –apuntan– “proviene del mundo académico y está en permanente contacto con las organizaciones socioambientales”, que no apuntan a paliar la crisis económica.
“El Ministerio del Medio Ambiente tiene que hacer su trabajo, pero he visto que no está calculando el efecto de sus decisiones en la inversión. Para que Chile progrese debe existir un equilibrio entre cuidar el medio ambiente y no perjudicar las fuentes laborales. Según mi experiencia, el (ministerio del) Medio Ambiente actúa solo y no se relaciona con las empresas para medir el impacto de sus decisiones”, aseguró la senadora María José Gatica (RN).
Ese choque de posiciones entre ambas secretarías de Estado también tiene incidencia en la gobernanza del agua. En abril de 2022, el Gobierno creó el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, traspasando el liderazgo del tema al Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en circunstancias que en los gobiernos anteriores siempre fue el MOP el que definía la estrategia y las decisiones en torno a dicho recurso.
En La Moneda deslizan que la molestia de la ministra López –y otros ministros del área económica– con Rojas llegó hace tiempo al Comité Político. Y manifiestan que la climatóloga podría salir del gabinete en un próximo ajuste posplebiscito constitucional.
De hecho, reparan en que en el Gabinete de Crecimiento Económico, Desarrollo y Empleo, recién nombrado por el Presidente Boric, Maisa Rojas quedó excluida, y que solo lo integran los titulares de los ministerios de Hacienda, Mario Marcel; del Trabajo, Jeannette Jara; de Economía, Nicolás Grau; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Aisén Etcheverry; y la ministra de Obras Públicas, la socialista Jessica López.
