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Paulina Vallejo Rojas señaló a la PDI que los campamentos de Antofagasta son un bolsón de votos y por eso era que las fundaciones tenían “giro político”. Otro testimonio señala que los trabajadores de Democracia Viva efectuaban comentarios racistas contra quienes vivían en los campamentos.
Una absoluta conciencia de que el Ministerio de Vivienda funcionaba como una suerte de bolsón en el cual se captan votos, evidencia una de las declaraciones contenidas en la investigación que se lleva en la Fiscalía de Antofagasta, respecto del caso Democracia Viva. Se trata del testimonio -al que accedió El Mostrador– prestado el 23 de agosto ante la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) por la abogada Paulina Vallejo Rojas, que fue quien destapó el escándalo, desde su posición como jefa del departamento jurídico del Serviu de Antofagasta.
Según lo indicado por ella a los detectives en dicha oportunidad, “nuestro ministerio es muy cotizado políticamente, ya que tenemos nexos directos con los comités de vivienda y los grupos organizados en el programa de Asentamiento precario, en donde trabajamos con más de 20.000 familias, por lo que representa una plataforma ideal para realizar campañas políticas, ya que hay un número importante de votos” (cabe recordar que solo la semana pasada el mandamás de dicho programa, Ricardo Trincado, fue destituido de su cargo).
En el mismo sentido, especificó que, de ese modo, que “las nuevas fundaciones a cargo de realizar el programa de asentamiento precario tenían un giro de connotación política. Así, por ejemplo, Democracia Viva, su giro era vincular a las personas con las instituciones u organizaciones con participación política”.
En otras palabras, agregó, “esta fundación se encargaba de vincular a las personas en espacios de debates políticos”. En ese sentido, cobran sentido otras partes de su declaración, pues entre otras cosas ella explicó que el exseremi Carlos Contreras (actualmente detenido) “dijo que él llevaría personalmente las elecciones de las nuevas fundaciones que se harían cargo de los convenios del mencionado programa”.
Además, dijo a la PDI que a fines de noviembre del año pasado, durante un viaje a Santiago, a fin de presentar ante el ministro Carlos Montes el programa habitacional de La Chimba, le expuso a Contreras “que estaba muy preocupada por la contratación de profesionales con cargo al programa asentamiento precario, a lo que él me responde que era debido a la necesidad de personal, me recomendaba que el Serviu igual lo hiciera”. Ella le replicó que eso no se podía y tras dicha conversación, le comentó al respecto a la contralora interna del Serviu, Nadia Rojas Riquelme.
Tras varias otras situaciones que le llamaron la atención, Vallejos aseveró a los oficiales de la Bridec que, de forma informal, a fines de abril, dos personas “me indican que el director de Democracia Viva, Daniel Andrade, era pareja de la diputada Catalina Pérez, según lo que salía en redes sociales, ya que Andrade estaba siendo cuestionado por un cargo asignado en el ministerio de Defensa y es así como lo vinculan: que eventualmente podía tener lazos con el seremi Contreras Gutiérrez, por lo que al escuchar esto se lo informo a la contralora interna del servicio, Nadia Rojas Riquelme, y le pido verbalmente que haga un Reporte de Situación Sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF).
Después de eso la contralora realizó dos memorándum, fechados el 4 y 15 de mayo de este año, dirigidos al director nacional del Serviu, Ricardo González Campos, “en donde le expone los vínculos del seremi con la fundación Democracia Viva, por lo que el director me solicita un informe jurídico para conocer posibles faltas administrativas o delitos, por lo que realizo un informe jurídico con fecha 14 de junio del 2023, en donde detecto varios delitos funcionarios y evidentes faltas administrativas, y le recomiendo elevar los antecedentes recabados al Consejo de Defensa del Estado”.
Además de plantear varias irregularidades en otras fundaciones, como Fibra o Procultura, Vallejo indica que “en cuanto a la fundación Democracia Viva, hago hincapié en la relación entre el director Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez, ya que además de las faltas administrativas, eventualmente podría haber el delito de negociación incompatible y conflicto de interés, entre otros delitos”.
En otra declaración, también contenida en la carpeta de investigación, el funcionario de la Fundación para la Superación de la Pobreza Carlos Colihuechun Brevis señaló que le tocó acudir a una reunión (en octubre de 2022) con personas que trabajaban la Democracia Viva, aseverando que “pude escuchar una total ignorancia respecto al trabajo en campamentos y comentarios incluso racistas respecto a hábitos culturales de las personas extranjeras que viven en ellos, demostrando incluso desagrado físico en contra de las personas de campamentos. Junto a ello expresaban desconocimiento total de la región, manifestando que no eran de esta ciudad, por lo que después de dicha reunión, como fundación, estimamos no continuar con ese tipo de instancias, ya que nos molestó (SIC) sus actitudes y el desconocimiento total de la función que debían cumplir”.
