El desarrollo de la crisis que trajo el caso Convenios, ha dado a relucir diversos detalles truculentos que pueden ser la punta del iceberg de un gran escándalo: diez días antes de que estallara el caso de Democracia Viva en la prensa, en Revolución Democrática empezaba a hacer ruido el traspaso millonario del Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación liderada por Daniel Andrade, militante y expareja de Catalina Pérez.
Según lo consignado por el medio La Tercera, el informe de la Policía de Investigaciones describe en 55 páginas el análisis de comunicaciones telefónicas de los miembros del partido y su directiva nacional, así como también de los involucrados directos. Las conversaciones sobre el convenio se dieron en chats de Whatssap entre el 6 de junio, día en que Araceli Farías comenta el tema en el grupo de RD y siguen hasta que ya se había revelado el caso.
Lo anterior, fue descubierto gracias al peritaje de la PDI a los teléfonos de Carlos Contreras, Paz Fuica y Edson Dettoni, también exsecretario de RD junto con Farías.
Dentro de la evidencia encontrada, los policias detectaron en primer lugar, que el exseremi Contreras, el día 1 de junio a las 16:51 p.m., se mensajeó con Paloma Larraín, encargada del equipo territorial de la diputada Pérez en Antofagasta, para hablar de los convenios, a lo que él le advierte “me avisas y borro”.
Larraín le responde que está “todo ok, borra nomás. Tienes cuenta de Signal? Podríamos conversar”.
En esa línea, el informe también resalta el uso de múltiples aplicaciones de mensajería por parte de los implicados.
“Respecto al celular del imputado Carlos Contreras se logró advertir que este lo habría manipulado con la finalidad de borrar conversaciones con personas que podrían aportar información relevante a la investigación y las cuales además cumplían un rol importante tanto en la Seremi como en la fundación Democracia Viva”, detectó PDI según el medio citado.
De esta forma, “el imputado utilizaba varias plataformas de comunicación, entre ellas Signal, la que fue eliminada, y Telegram, el que por motivos de actualización solo se pudo observar el último mensaje enviado o recibido”.
En este contexto, la investigación subraya la cercana relación entre la concejala de Antofagasta, Paz Fuica y destacadas figuras del partido. “Su vínculo estrecho de amistad y laboral con Carlos Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez, y su rol en la Seremi como encargada de las fundaciones en dicho Servicio, teniendo una influencia importante en las decisiones relativas a los convenios”.
La PDI, al indagar estos mensajes, señaló: “Al analizar con los parámetros de búsqueda antes señalados, se encontraban diversos chats de interés sin ninguna conversación, entendiéndose que se habrían borrado, estos corresponderían a personas que a lo largo de la investigación podrían aportar información relevante”.
El 16 de junio, la propia Pérez se dirigió a sus compañeros de partido con una comunicación seria: “Estimada militancia. Frente a los hechos denunciados por convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, manifestamos que es de nuestra especial preocupación esclarecer los hechos en resguardo de nuestros principios políticos como partido”.
Por su parte, el secretario general Dettoni, dijo en el chat que es mejor guardar cautela, pero Pérez le contesta que es “una afiliada involucrada”.
La tensión de Daniel Andrade también quedó manifiesta en sus palabras. En una conversación con el mismo Dettoni, el exlíder de Democracia Viva expresó: “ya revisé correo y WhatsApp y cosas y no pille nada ‘sospechoso’, qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado?”.
A lo que el exsecretario de RD le plantea todos los escenarios, pensados estratégicamente para responder a futuro: “Tienes que tener en cuenta es que eventualmente les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario“.
Además, le advierte Dettoni, “pueden pedir la incautación forzosa”. Por otro lado, “todo lo que se pierda o se borre levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas”, sugirió.
En respuesta a consejos sobre la posibilidad de que “buscarán cualquier referencia a un beneficio para el funcionario o un tercero para que se realice el convenio, y tráfico de influencia (esto es más complejo, pero refiere a cualquier influencia indebida, y aquí lo indebido podría ser la infracción al deber de abstención)”; Andrade aseguró que “no hay nada de eso”.
El 17 de junio interviene sobre el tema en el grupo, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), presidente del partido en ese momento, quien señala: “Creo importante defender a Cata y a Subse. Dejar caer a Daniel y a Carlos. La Cata no tiene xq hacerse responsable de los convenios que firman Carlos y Daniel”. “A menos q se demuestre q ella intercedió en el convenio”, esclareció.