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El funcionario de Interior señaló que, en la medida que el Gobierno tenga más antecedentes que permitan calificar el delito de secuestro, “por supuesto nos vamos a querellar”. Y agregó que, si es que en ese delito hubiese participado una persona indultada, “lo consideramos aún más grave”.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se pronunció tras la detención de Luis Castillo, uno de los indultados por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, en relación con lo que —según insistió el funcionario de Interior y Seguridad Pública— sigue siento “un presunto delito de secuestro” en la Región de Atacama, específicamente en la comuna de Copiapó.
“La fiscalía local de Copiapó, con el fiscal de turno y este fiscal de concurrencia se han constituido con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios para indagar un presunto secuestro que habría ocurrido anoche en una estación de servicio, cuya víctima fue rescatada por Carabineros”, dijo el fiscal Christian González esta mañana.
Desde La Moneda, Monsalve destacó la cautela necesaria debido a la investigación en curso, enfatizando que el fiscal a cargo ha declarado el caso como secreto y como un “presunto” delito de secuestro. El subsecretario manifestó que, de confirmarse el delito de secuestro, el Gobierno se querellará, especialmente si se comprueba la participación de una persona indultada, considerando esto como un agravante.
Monsalve reafirmó la posición del Gobierno ante delitos graves, señalando que se busca evitar la impunidad y que se actuará con determinación para perseguir y condenar a los responsables. Respecto a la reserva de la investigación por parte del fiscal, subrayó que no podía confirmar información no validada por dicha instancia.
“En la medida que el Gobierno tenga más antecedentes que permitan calificar el delito de un secuestro, por supuesto nos vamos a querellar como lo hacemos en aquellos delitos graves, como los delitos de secuestro que producen conmoción pública. Si es que en este delito hubiese participado una persona indultada, lo consideramos aún más grave, por lo tanto, más aún se justifica la querella”, declaró.
Y agregó: “A veces los delitos los cometen personas que no tienen relación con nada, que son delincuentes comunes, hay veces que los delitos son cometidos, como ya lo hemos visto, por connotadas personas del ámbito privado, hay otras veces que hay delitos que son cometidos por funcionarios públicos, y hay otras veces que los delitos podrían ser cometidos por personas que están cometiendo una reincidencia”.
Monsalve sostuvo que en todos esos delitos la postura del Gobierno sigue siendo exactamente la misma: “Frente a estos delitos no puede haber impunidad y frente a estos delitos nos querellamos“.
El subsecretario reconoció la realidad de la reincidencia delictiva en Chile, señalando que, pese al seguimiento que se realiza a personas indultadas o beneficiadas con penas alternativas, el riesgo de reincidencia siempre existe. Destacó que esta situación es parte de la lucha constante que el país enfrenta y expresó el deseo de que aquellos condenados o beneficiados no vuelvan a cometer delitos, aunque reconoció la alta probabilidad de reincidencia en la realidad chilena.
“En Chile, las tasas de reincidencia lamentablemente son relativamente altas. Siempre que se ejerce la facultad de indulto, siempre que se ejercen beneficios carcelarios para personas condenadas, siempre existe el riesgo de que, eventualmente, haya una reincidencia”, comentó.
Y concluyó: “Se hace un seguimiento, efectivamente, pero evidentemente el seguimiento no puede prever toda conducta que va a tener la persona“.
El titular de la Subsecretaría del Interior remarcó que el Presidente Boric hizo uso de una facultad constitucional y todas las personas que han sido condenadas siempre tienen el riesgo de reincidencia.
“Nos gustaría que las personas que son condenadas, o aquellas personas que son sometidas a un beneficio, no reincidieran. Esa debería ser la aspiración del país. Pero ese riesgo en Chile existe, normalmente, en un porcentaje alto”, concluyó.
