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Crédito: Poder Judicial
Por el escándalo de la Fundación Democracia Viva, el Tribunal de Garantía de Antofagasta formalizó por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a Daniel Andrade y al exseremi de Vivienda, Carlos Contreras. Quedaron detenidos hasta mañana al retormarse la audiencia.
Por delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias fueron formalizados por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el caso Democracia Viva, el representante legal de esta, Daniel Andrade Schwarze y el exseremi de Vivienda Carlos Contreras Gutiérrez, ambos exdirigentes de Revolución Democrática (RD), por irregularidades en tres convenios con el Ministerio de Vivienda que alcanzarían “un perjuicio de $426 millones”.
En el Juzgado de Garantía de Antofagasta, durante la audiencia -que se prolongó por más de seis horas y se suspendió hasta mañana a las 12 horas– el Ministerio Público formalizó a los exmilitantes de Revolución Democrática por tres delitos de fraude al fisco en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Cristian Aguilar, por lo cual solicitó que los formalizados queden en prisión preventiva, lo cual se resolverá este viernes, ya que no se alcanzó a revisar en la extensa sesión.
Pese de que ambas defensas solicitaron aplazar la discusión de las medidas cautelares -e incluso el abogado de Contreras solicitó suspender la audiencia- los exdirigentes de RD, y cercanos a la diputada Catalina Pérez, quedaron detenidos en un recinto de Gendarmería hasta mañana al mediodía, momento en que continuarán los alegatos del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y los abogados de Andrade y Contreras para resolver si se decreta prisión preventiva.
El fiscal reveló que Daniel Andrade, el representante legal de la fundación, pagaba honorarios por servicios a varios funcionarios del Serviu y a la concejal del municipio de Antofagasta, Paz Fuica Contreras, también de Revolución Democrática y que además hizo desaparecer información luego de que el escándalo atiborrara la agenda de la prensa nacional.
“(…) Invocamos como antecedente un correo electrónico del 15 de septiembre del 2022 de la concejala de Antofagasta Paz Fuica Contreras (RD), que fue otra persona que trajo el señor Contreras a trabajar a honorarios pagado por otra Fundación, con independencia de la función pública que desarrollaba como concejala”, leyó el fiscal a cargo de las indagatorias.
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“El señor Contreras, con la concejal de Antofagasta, Paz Fuica, disponía y tomaba decisiones respecto a las transferencias de los recursos y le daba instrucciones a asentamientos precarios del Minviu de Antofagasta, que luego traspasaban. Pero resulta que Paz Fuica no tiene nada que ver con la Seremi misma de Antofagasta. Y ella tomaba las decisiones con la asociación de Contreras. Entonces yo me pregunto, ¿Contreras cumplía con su deber de funcionario? No. (…) Vamos a una conversación, que se va a invocar como antecedente, en que se ponen de acuerdo de la forma como y qué Fundación le va a pagar (…) Y hay conversaciones en las que definen estrategias o políticas respecto a los asentamientos precarios”, expuso el fiscal en el Juzgado.
Además, el persecutor destapó que el exseremi del Minvu, Carlos Contreras, también eliminó antecedentes que podrían haber sido relevantes para la indagatoria que este jueves será formalizada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
“Se usaron fondos fiscales para fines totalmente ajenos a los que eran los acentamientos precarios. Si nada tiene que ver al realizar una construcción en un campamento, con que le esté pagando una persona un horario para que realice las mismas rendiciones (…) ¿Y eso quién lo hizo? Contraerás con el asentimiento de Andrade, si Andrade le pagaba. Con él firmó los contratos. Y más aún, con fondos líquidos”, señaló el fiscal Cristian Aguilar cuestionando el pago de honorarios.
“Al suscribir los convenios de transferencia de fondos a Democracia Viva, el imputado Carlos Contreras incumplió gravemente sus deberes funcionarios como seremi Minvu de Antofagasta y concertado con el imputado Daniel Andrade, ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos”, expresó el fiscal Cristian Aguilar en la audiencia contra los exmilitantes RD.
Andrade y Contreras quedaron detenidos ayer miércoles, cerca de las 9.00 horas en la capital, el primero en la casa de su madre en La Florida y el segundo en el aeropuerto de Pudahuel, ya que había viajado a preparar su declaración fijada para el próximo martes. Ambos fueron trasladados al cuartel Borgoño de la PDI, donde permanecieron hasta anoche, antes de su vuelo a Antofagasta.
El Tribunal de Garantía de Antofagasta, no acogió la petición de los abogados defensores para un aplazamiento de la audiencia de las medidas cautelares, donde el Ministerio Público solicita prisión preventiva para ambos formalizados. En la petición, los representantes legales expusieron reparos a las detenciones efectuadas ayer, antes de la audiencia. El Tribunal antofagastino también rechazó un nuevo plazo para formalizarlos como planteó la defensa.
Luego de que, a las 4 de la mañana, los imputados llegaran a Antofagasta desde Santiago, pasado este mediodía, tras entrar esposados al Tribunal, comenzó la audiencia de formalización de ambos exdirigentes de Revolución Democrática, en el Tribunal de Garantía de esa ciudad, en la investigación que abarca además delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, entre otras eventuales figuras penales.
En una sala repleta de medios de prensa, se leyeron los cargos por la realización de convenios cuestionados por $426 millones para realizar trabajos en campamentos de la segunda región. Tras la difusión de los contratos se destaparon una serie de irregularidades en todo el país con un denominador común, fundaciones que prestan servicios para el Estado sin contar con el giro, experiencia o capital para restituir los fondos en caso de problemas.
Por separado, los abogados del exseremi Carlos Contreras, Carlos Bustos, y los defensores de Daniel Andrade, Ignacio Figueroa y Juan Pablo Rocone, solicitaron al tribunal aplazar la audiencia de formalización y medidas cautelares por haber accedido a la carpeta de investigación que sustancia el fiscal Cristian Aguilar, hace menos de 48 horas, la cual contiene 21 tomos con 11.500 hojas de investigación.
Según los abogados, el término del secreto de la investigación y el acceso a la carpeta investigativa, se produjo horas antes de la detención de sus representados, y que en el caso de Andrade, argumentaron, por lo cual no tuvieron el tiempo necesario para analizar los antecedentes y eso “generaba un daño a las posibilidades del Derecho a una defensa”.
Los abogados defensores agregaron que además sus representados tenían fijadas sus audiencias de formalización para próximo martes el 19 de diciembre.
“El imputado el señor Contreras estaba citado a declarar para el 19 de diciembre. Faltan dos días hábiles para que eso ocurra y nos encontramos con esta solicitud de detención. También el imputado tenía derecho a revisar esos antecedentes (…) lo más importante señoría es que son las defensas las que quedan en una posición desmejorada. Es cierto que la orden de detección dice que es para ser formalizado. Pero al esa esa resolución no tuvo en consideración que nosotros no conocíamos esas 11 mil páginas previamente (…) el debate que estamos planteando que sea resuelto, es que sea diferida la formalización (…) por vulneración de derechos de defensa al no conocer la investigación, un principio de vulneración de visible igualdad (…) ¿Por qué se revela (la carpeta de investigación) al mismo momento que se pide la orden de detención? (…) atenta contra los derechos del imputado (…) no son seiscientas páginas son no son mil páginas tenemos 15 mil páginas de denunciado“, sostuvo en la audiencia el abogado de Carlos Contreras (exmilitante de RD).
“No es efectivo que la comparecencia de don Daniel Andrade hubiese podido verse dificultada y esa circunstancia hubiese motivado una orden de detención judicial, y que hubiese sido trasladado mediante la policía a esta audiencia porque don Daniel Andrade, desde el día uno del procedimiento, su abogado ha solicitado al tribunal de su señoría tener la calidad de imputado, poniendo a disposición del Tribunal y del Ministerio Público su dispositivo electrónico, su teléfono, su celular, cartolas, cuentas bancarias, claves, ha tenido una actitud colaborativa (…) su señoría en la misma línea de la defensa del señor Contreras, nos parece que carece de fundamento esta resolución judicial (de la detención) de don Daniel Andrade, adhiero a lo planteado por la defensa del señor Contreras, los términos de de cuestionar la legalidad de la detención“, argumentó el abogado defensor de Andrade, Pablo Rocoto, con el objeto de no mantener la detención de su cliente, el exencargado de Democracia Viva
De acuerdo a los antecedentes del caso, entre octubre y diciembre de 2020, la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió convenios con Democracia Viva por un total de $426 millones para el trabajo en campamentos precarios en la región. Tras destaparse el caso en un reportaje del diario de Antofagasta Timeline.cl, la Fiscalía inició una investigación de oficio.
El escándalo que dio inicio al denominado caso Convenios, se extendió a otras fundaciones en todo Chile que recibieron recursos fiscales por trabajos no realizados. Sin embargo, el más emblemático de todos es el de Democracia Viva, por los personajes involucrados:
Daniel Andrade era pareja de la diputada Catalina Pérez, mientras que Carlos Contreras fue jefe de gabinete de la parlamentaria. Todos eran militantes de Revolución Democrática al momento de suscribir los convenios. Al escándalo se sumó a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también RD), quien debió renunciar, y a la mesa directiva de la colectividad, la cual también dimitió. El escándalo además detonó la salida del gabinete del exministro Giorgio Jackson, uno de los fundadores de RD.
