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Crédito: Agencia Uno
Funcionarios denuncian “impunidad” y suman nuevas acusaciones contra el secretario del Senado, Raúl Guzmán. “Se señalan situaciones de irregularidad y valdría la pena que esto se transformara en una acción judicial”, dijo a El Mostrador el exministro del Trabajo Osvaldo Andrade.
Evadir el pago de la multa por violar la cuarentena por COVID-19 en un restaurante con dos amigos fiscales, ofrecer 30 millones a un funcionario para olvidarse de una demanda, torcer la evaluación de desempeño e infringir el derecho administrativo en “completa impunidad”.
Esas son parte de una serie de acusaciones que la Federación de Asociaciones de Trabajadores del Congreso (Fedacon) hizo este miércoles contra el Secretario General del Senado, Raúl Guzmán, luego de enviar los antecedentes a los legisladores de la Cámara Alta, en respuesta a un oficio del jefe del servicio.
En una declaración Pública, Fedacon aseguró que desde el año 2019 ha alertado de una serie de irregularidades y vulneraciones en el Senado, junto con acusar que “las normas que se aplican a todos los chilenos no parecieran regular el quehacer del Secretario General, Raúl Guzmán, quien ha realizado estos hechos en completa impunidad, por sobre la ley y eludiendo todos los controles internos y externos” de un Estado democrático.
Según el documento, desde su llegada “el señor Raúl Guzmán” se ha esforzado por desarticular esta agrupación colectiva y limitar la libertad sindical, “transformando nuestro fuero en una simple anécdota”, y precisa que, pese a ello, el gremio de funcionarios “seguirá denunciando cada uno de los casos donde se vean afectados los derechos de los más de 1000 funcionarios y funcionarias que representa”.
La declaración de la Fedecon se presentó en medio de una semana agitada en el Senado, donde refloreció la tensión entre el señalado secretario y los sindicatos del Congreso, que denuncian desde 2019 una “caza de brujas” y prácticas antisindicales.
El lunes, en la sesión de la Comisión de Régimen Interior del Senado, que encabeza el presidente Juan Antonio Coloma (UDI), tras un reportaje publicado por El Mostrador, los senadores Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN) pidieron explicaciones al Secretario General, Raúl Guzmán, quien por la tarde, visiblemente incómodo y con una tendinitis en un brazo que lo mantuvo lejos de la Sala, envió un oficio de 10 páginas a los senadores buscando explicar las situaciones relatadas en este medio.
“Guzmán estaba muy incómodo, el reportaje fue comentado, y no le cayó bien que a lo menos tres senadores lo cuestionaran por el mal clima laboral laboral que existe en el Senado“, aseguró un legislador oficialista que conoció de cerca los comentarios en los pasillos del Congreso.
“Efectivamente Guzmán envió un oficio argumentando cosas que no responden a la realidad, él tuvo que haber dicho ciertas cosas que ahora trata de justificar. Y se mete en problemas solo, pero sus amigos senadores lo van a salvar. (…) Creo que el poder de Guzmán se extiende más allá de lo político. Me parece un pésimo administrador del Senado. Y comparo con la Cámara, que con muchas más personas que administrar, tiene un sistema más moderno. Guzmán tiene un Senado con relaciones pésimas, no es que él se justifique o no, hay pésimas relaciones”, asevera el senador por Magallanes Karim Bianchi (Ind).
Y agrega el legislador: “Además hay un tipo de evaluación de desempeño que queda radicado en él y sus amigos cercanos. Entonces, ¿quién lo evalúa a él? El Senado. Parece que acá él es una vaca sagrada para ciertos senadores, entonces pocos batallan contra él y sus prácticas. Pero quienes queremos que las cosas se hagan mejor no nos vamos a cansar de decir que lo que él hace no está bien“.
Tras la difusión del documento hecho llegar por Guzmán a los legisladores, aludiendo a un reportaje publicado por El Mostrador, la Federación de Asociaciones del Congreso ahondó en algunos hechos que se le imputan, desmintió información del oficio del secretario del Senado y reveló nuevos antecedentes en medio de la tensión que reina en la Cámara Alta.
“FEDACON recuerda que el señor Guzmán, en junio de 2020, mientras la población tenía limitados sus desplazamientos por la pandemia, se fue a almorzar a un restaurante en San Miguel junto a dos amigos, ordenando al chofer institucional a trasladarlo en el auto fiscal. Si bien sus acompañantes fueron sancionados administrativamente y pagaron sus respectivas multas sanitarias, a él nada le pasó. Eludió toda responsabilidad penal, administrativa y ni siquiera pagó la multa. Algo que seguramente no cualquier persona podría hacer y que demuestra que el señor Guzmán se pone por sobre las severas reglas que aplica para juzgar la conducta y el trabajo de sus subordinados”, señala el texto de la declaración pública.
“Este almuerzo que recordamos es porque mientras el secretario usa el auto fiscal para ir a reunirse con amigos fiscales, por la misma falta él levanta cargos contra el entonces chofer del senador Alfonso De Urresti, cuando era vicepresidente del Senado, y mientras lo fue a buscar al aeropuerto lo acusa de haber pasado a comprar para que se le sancione. Tiene una vara distinta para medir a los demás”, sostiene un dirigente del Legislativo.
En esa línea, la declaración –de dos páginas– de los funcionarios del Parlamento plantea además que, desde que asumió el cargo, Guzmán usa “investigaciones sumarias y sumarios administrativos, evaluaciones de desempeño, programas de mejoramiento de gestión (PMG), capacitaciones obligatorias y la precariedad de los vínculos a contrata como armas” contra los trabajadores, “con absoluto desprecio del derecho administrativo”, valiéndose de “su profesión de abogado y su poder para despreciar la ley, en la casa de la Ley, poniendo en riesgo” la estabilidad del Congreso.
En el mundo político, tanto en el oficialismo como en la oposición, el documento con el nuevo reclamo de los funcionarios del Parlamento contra el exfiscal Guzmán causó ruido y reacciones.
“La carta señala situaciones de una cierta irregularidad y, al menos, valdría la pena esto que se transformara en una acción judicial laboral. Los temas laborales no se resuelven con declaraciones y denuncias, sino recurriendo a los órganos pertinentes”, dijo a El Mostrador el exministro del Trabajo y expresidente de la Cámara, Osvaldo Andrade (PS), uno de los pocos socialistas que aceptó comentar las denuncias contra Raúl Guzmán.
En tanto, el senador Iván Moreira (UDI), tras varias consultas periodísticas, señaló desde su cuenta de Twitter que “no se referirá por ahora a la carta (sindical) pero que él y sus pares Yasna Provoste (DC) y Karim Bianchi, hemos levantado la voz por muchas situaciones irregulares que a nuestro juicio no corresponden y existe en el Senado un muy mal ambiente laboral”.
La declaración pública de Fedacon también comentó el despido del exfiscal Javier Norero.
“Puso término anticipado a la contrata del Sr. Fiscal, un funcionario de 21 años de servicio evaluado por 20 años en Lista 1 (Distinción), y este año en Lista 2 (Buena), contra jurisprudencia unificada de la Corte Suprema sobre confianza legítima. Ha torcido el proceso reglado de evaluación de desempeño considerándolo abiertamente como un funcionario de mal desempeño, y ha dañado su imagen de manera pública, a través de una carta enviada a todas las senadoras y senadores con información que debiera ser de carácter reservada, pero que además es imprecisa, parcelada y sesgada”, dice la declaración.
Según advierte el texto, el despido de Norero, “en un servicio que tiene más del 50% de su dotación a contrata”, envía un mensaje de riesgo institucional a lo trabajadores y “la función pública de profesionales, técnicos y administrativos que presten sus servicios al Estado de modo permanente, con autonomía y prescindencia política, sin carácter de botín”.
“Advertimos, también, que Guzmán, infringiendo los principios del derecho administrativo ha llamado a concurso público en calidad de contrata un cargo de extrema relevancia que está vacante en la planta del Senado, el cargo de Contralor, a riesgo de politizarlo”, añade Fedecon.
Asimismo, en el contenido se contradice a Guzmán sobre los $30 millones que habría ofrecido a un funcionario.
“FEDACON respalda al presidente de la ANEF, señor José Pérez Debelli, y no duda de su palabra (en su declaración en tribunales laborales), a quien, por su intermedio, el señor Guzmán habría ofrecido $30.000.000 y una carta de recomendación al ex funcionario, señor Hernán Muñoz, a objeto de evitar una nueva judicialización. FEDACON, en compañía de las organizaciones sindicales nacionales ANEF y CUT, e internacionales CONTLAC y CLATE, que nos respaldan (..) continuará alertando sobre estos graves acontecimientos que dejan al Senado en una situación vergonzosa (…), a fin de activar los mecanismos de control y contrapeso propios de un Estado de Derecho democrático”.
“Preocupa que la denuncia se personifique en una persona cuando el empleador es el Senado. El señor Guzmán, en la medida que hace esas cosas, entiendo que se siente premunido de cierta competencia, una facultad que le da una autoridad política. Él podrá ser jefe de servicio, pero tiene jefe. En el caso de las Cámaras, es el presidente de la Corporación. Llama la atención que la denuncia no diga nada del jefe del Senado. Si mañana los trabajadores tuvieran que demandar, demandan al Senado que tiene un presidente (Juan Antonio Coloma), que tiene el rol de dirección política del Senado. La mesa no puede estar ajena. Yo fui presidente de la Cámara, no hubo mayor problema laboral, pero, si había, lo veíamos como mesa e instruíamos al jefe de servicio, el mismo secretario que hay ahora (Miguel Landeros)”, sostuvo el exministro del Trabajo Osvaldo Andrade.
Al cierre de esta edición, ninguno de los miembros de la Comisión de Régimen Interior del Senado, que fiscaliza el desempeño del secretario general Raúl Guzmán, estuvo disponible para comentar las denuncias. Solo el senador Alfonso de Urresti (PS), quien conoce a Guzmán desde sus años de estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, señaló a este medio que “analizaría las denuncias con detalle para dar una opinión posteriormente”.
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), no respondió los mensajes ni llamados de El Mostrador.
