La oposición, encabezada por el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, presentó este martes la quinta acusación constitucional contra un ministro del Presidente Gabriel Boric. En el caso del ministro de Vivienda, Carlos Montes, el libelo cuenta con cinco capítulos.
A 48 horas del plebiscito constitucional, la oposición presentó oficialmente la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, luego de los antecedentes conocidos en el Caso Convenios.
La acusación cuenta con el respaldo de las bancadas de Renovación Nacional (RN) , la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente.
El texto tomó forma luego de conocerse el testimonio de la subsecretaria Tatiana Rojas, quien aseguró ante la Justicia que, antes de que estallara en la prensa el mencionado caso, ella informó al secretario de Estado respecto de los tratos directos entre el Minvu y Democracia Viva.
Al respecto, la diputada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz señaló que a Montes lo acusan de no lograr control jerárquico en su cartera, tampoco eficiencia y eficacia en su ministerio, además de no lograr el cuidado del principio de probidad.
“Un informe de Contraloría es contundente, también hay una persecución penal al respecto, entonces esta es la arista en el ámbito político. Nosotros le planteamos la importancia al Presidente, una y otra vez, que el ministro dejara su cargo, y frente a que él no ha tomado esa decisión es que nosotros ingresamos esta acusación constitucional”, dijo la diputada Muñoz.
El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, agregó que “nosotros no aceptamos más la impunidad en materia de impunidad”. “Acá hay infracciones constitucionales”, añadió.
“Todos los antecedentes los tenía el ministro y no hizo nada. Parece que hay que entregarle las cosas subrayadas”, criticó. “Necesitamos ministros que hagan el trabajo”, agregó.
Se trata de la quinta acusación constitucional que presentan contra un ministro del Presidente Gabriel Boric. Todas las anteriores han sido rechazadas.
El libelo se dará cuenta en la próxima sesión y por sorteo se escogerán a cinco diputados par conformar una comisión revisora, con exclusión de los acusadores y de los miembros de la Mesa.
El libelo acusatorio, impulsado por el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, se desarrollará bajo cinco capítulos y cuenta con más de 80 páginas.
El primero apunta a la responsabilidad constitucional del ministro, al haber “dejado de ejecutar los artículos 3°, inciso segundo y 11 de la ley 18.575”. Es decir, por no “ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia”. El mismo capítulo agrega que se le acusa por “no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las seremis en el contexto de la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023”.
El segundo punto dice que hubo responsabilidad de Montes “al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023 en curso”.
En el tercer capítulo se acusa al ministro de infringir el artículo 62 n°8 del decreto con fuerza de ley que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.575.
Además, al ministro Montes se le acusa en el cuarto capítulo por haber infringido el artículo 8 inciso primero de la Constitución.
Finalmente, el quinto capítulo dice que existe responsabilidad constitucional del ministro por la infracción de la norma que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento.