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La exconsejera del CDE acusa al exfiscal por haber modificado acuerdos “ilegalmente”, permitiendo cambios “injustificados”, por la modificación de los delitos que pesaban sobre los dueños de Penta. Guerra eludió los dichos de la abogada, indicando que sus acciones fueron respaldadas por la Justicia.
Durante 33 años, la abogada María Inés Horvitz trabajó en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Renunció en septiembre de este año y hoy vuelve para ofrecer un análisis exhaustivo de los casos de corrupción en Chile. Entre ellos destaca el bullado caso Penta, del cual ofrece su perspectiva sobre la actuación del exfiscal Manuel Guerra.
En una extensa entrevista con CIPER, Horvitz abordó casi todos los temas del acontecer nacional y no solo los actuales. Habló de la politización del CDE, del estallido social, del caso Convenios, de “fallas” en la Fiscalía, la Contraloría y el Poder Judicial, y de la “insoportable” corrupción en los municipios.
Pero uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue cuando mencionó que, en los casos de platas políticas, el exfiscal Guerra “traicionó” al CDE e incluso lo acusó de cometer ilegalidades.
“Nos traicionó el exfiscal Manuel Guerra, quien nos había prometido reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral. Nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación”, partió señalando la abogada al periodista Nicolás Sepúlveda.
Según la exconsejera del CDE, Guerra hizo algo que es ilegal. “En una reformalización —institución que por lo demás no está regulada en el Código Procesal Penal— tú no puedes suprimir hechos (que en este caso eran los que sustentaban las imputaciones de cohecho y soborno) que están asentados en una formalización previa y que cuentan con respaldo en la carpeta de investigación”, explicó.
Guerra, quien tomó las riendas del caso durante su etapa final, aceptó un juicio abreviado contra Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños de la empresa Penta, a quienes se les modificó el delito de soborno y cohecho por delitos tributarios y enriquecimiento ilícito.
El extitular de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, quien hoy está dedicado a su trabajo como abogado —recientemente fichado por el alcalde Rodolfo Carter para liderar la “Defensoría de la Gente” en La Florida— también fue cuestionado por concretar un acuerdo para otorgar una salida alternativa y sobreseer al senador Iván Moreira (UDI).
“Eso fue lo que hizo Guerra sin avisarnos como querellantes ni adoptar las decisiones que en derecho correspondía: sobreseer esos hechos o comunicar decisión de no perseverar para habilitarnos, si así lo estimábamos, a forzar la acusación”, fustigó María Inés Horvitz.
A juicio de la abogada, Guerra actuó así para que los querellantes, que solo tenían legitimación activa por los delitos de cohecho y soborno, no pudieran forzar la acusación y llevar a juicio. “Todo fue hecho maliciosamente con ese fin“, sentenció.
“Creo que nunca quedó claro en la opinión pública lo que hizo este fiscal con acuerdo de las defensas. Nunca supimos por qué lo hizo y a cambio de qué, porque claramente infringió sus deberes como fiscal. Nunca se investigó, ni por el fiscal Abbott, ni por nadie”, agregó Horvitz.
La doctora en derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona dijo además que, años después supieron que Guerra también estuvo detrás de los sobreseimientos en la causa de la Minera Dominga, el proyecto que la familia Piñera vendió en tres cuotas a los Penta en 2009 en las Islas Vírgenes, cuyo último pago (de US$9,9 millones), pagadero a fines de 2010, estaba sujeto a una cláusula que establecía que el lugar donde sería construida la minera no podía ser declarado zona de protección ambiental, pues habría frenado el proyecto.
Y, vaya coincidencia, expresó Horvitz, destacando que esa decisión estaba justamente en manos del gobierno de Sebastián Piñera, amigo del vendedor y familiar de los compradores y un extrabajador de los Penta en la subsecretaría del Ministerio de Minería, el que fuera imputado por cohecho y que Guerra reformalizó, sin embargo —criticó la abogada— “por un bagatelario delito de enriquecimiento ilícito”.
Consultado por El Mostrador, el exfiscal Guerra evitó responder directamente a los dichos de la abogada. “Todo lo que yo tenía que decir se hizo en las audiencias respectivas”, sostuvo.
“Lo que ella considere ilegalidades, fue ratificado por tribunales de justicia, tanto a nivel de Garantía como en Apelaciones y la Suprema. Y, con traiciones, no sé a que se refiere, no tengo nada más que decir”, cerró.
