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AgenciaUno
El hijo del fallecido senador Beltrán Urenda está imputado por una serie de delitos económicos que según la fiscalía causaron perjuicios por más de 10 mil millones de pesos a 87 víctimas, la mayoría de las cuales fueron engañadas por medio de un esquema Ponzi.
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que Gabriel Urenda Salamanca, quien es investigado por la Fiscalía Regional Oriente, debido a una serie de delitos económicos, quede en prisión preventiva, luego de estimar que es “un peligro para la sociedad”.
Hijo del fallecido empresario y senador de la UDI Beltrán Urenda Zegers, Gabriel Urenda Salamanca es investigado desde 2018 por estafa y defraudación, luego de que la corredora que manejaba, Intervalores, fuera sancionada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por entregar información falsa al mercado, luego de lo cual una serie de inversionistas lo acusaron de haber sido engañados, lo que se sumó a demandas laborales.
El 11 de diciembre pasado el Ministerio Público solicitó al tribunal la prisión preventiva, pero como consta en el acta de dicha audiencia, la magistrada Francis Fell la consideró “desproporcional”, ordenando en cambio el arraigo nacional total del imputado. Tras ello, la fiscalía apeló y la corte ordenó la prisión del imputado, aunque posteriormente la jueza Cheryl Fernández, del Cuarto Juzgado de Garantía, dio lugar a una petición de la defensa de Urenda, ordenando el ingreso de este al anexo cárcel Capitán Yaber, al módulo especial para presos por delitos económicos, donde -entre otros- deberá compartir dependencias con el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, y el exdirector de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.
En un esquema muy semejante a lo que ocurrió con quienes invertían en la empresa Factop, uno de los inversionistas engañados por Intervalores, el abogado Héctor Meza, señaló en la querella que presentó en contra de Urenda que entregó casi siete millones de pesos a este, a cambio de un interés de 0.6% mensual, pero que cuando pidió sus fondos de regreso, ello nunca sucedió, concluyendo “que esta empresa fue concebida con la intención de apropiarse del dinero de los inversionistas”.
Otro de los querellantes en este caso es Diego Peralta, dueño de la empresa Panor, quien contrató a Intervalores a fin de pagar grandes sumas de dinero (en dólares) a sus proveedores en el extranjero. Según la querella de Peralta, a inicios de 2018 se dieron cuenta de que grandes sumas de dinero no habían llegado a sus proveedores, pese a que desde Intervalores les habían enviado comprobantes de depósito, supuestamente del Deutsche Bank, lo que a juicio del empresario le causó perjuicios superiores a los mil millones de pesos.
Otro de los denunciantes, José Antonio Rio, quien invirtió durante años con Intervalores en instrumentos como renta fija y operaciones de forward, fue avisado por parte de uno de los gerentes de la empresa, Sebastián González, de que existía la posibilidad de hacer “una pasada” y obtener una muy buena rentabilidad, pero para ello debía invertir un mínimo de 100 millones de pesos, a cambio de lo cual recibiría un interés de 1.5% mensual, “dependiendo del cliente solicitante de forward que ellos tuvieran en ese momento”. Luego de que la CMF multara a Intervalores, Rio pidió el pago del total del dinero que había invertido (440 millones), pero la respuesta de Urenda fue que no tenía cómo pagar, indicando que las oficinas estaban hipotecadas y que incluso había vendido su casa. Por cierto, hay muchas otras querellas en la causa que relatan hechos semejantes.
En la sentencia de primera instancia dictada en contra de González, en 2022, se relata que a los clientes se les presentaba a Urenda como un “reputado corredor de bolsa” y “un genio de las finanzas“, además de “director de la Bolsa de Valores de Valparaíso, hijo de un exsenador de República y miembro del grupo económico ligado a su familia, que tiene importantes inversiones en empresas del giro naviero y otros, tales como un prestigioso estudio de abogados, constituyendo una de las familias más relevantes del país”.
Sin embargo, agrega el mismo documento, Urenda y González no realizaron ninguna inversión, “sino que, por el contrario, los destinaron de forma íntegra a fines totalmente diversos, tales como, pagarles a los propios inversionistas sus retornos mensuales o sus solicitudes de devolución de capital y a cubrir las necesidades operacionales del Holding Intervalores, existiendo una mera circulación de dinero, lo que comúnmente se conoce como esquema piramidal o Ponzi scheme“; es decir un esquema Ponzi.
De ese modo, el tribunal estimó que las 87 víctimas individualizadas en la investigación habían sufrido perjuicios por 10 mil 475 millones de pesos. Sebastián González Chambers fue condenado en un juicio abreviado (en el cual reconoció su responsabilidad) a una pena de tres años y un día por delitos reiterados de estafa y apropiación indebida, así como a otros dos penas de 300 días, cada una, como autor del delito de entregar información falsa al mercado, pero se le concedió el beneficio de la libertad vigilada, según consta en el fallo de la Jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero.
Otro implicado en estos hechos, Ricardo Espinoza Segura, quien proveyó facturas ideológicamente falsas de la empresa RESSO SpA, para que Urenda las factorizara y se repartieran las utilidades, en tanto, fue también condenado en un procedimiento abreviado a inicios de 2023, a una pena irrisoria: 61 días y el pago de una multa de 1/3 de UTM.
Sin embargo, en el caso de Urenda la fiscalía espera llevarlo a juicio oral.
