PAÍS
Víctor Huenante/AgenciaUno
La semana pasada el Congreso aprobó la creación de una Fiscalía Supraterritorial. Aunque falta adecuar la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ya comienzan a sonar los nombres de quienes podrían llegar a ocupar dicho cargo.
Si hace bien su trabajo, dicen varios entrevistados en off, se convertirá en un zar antidelincuencia como no ha existido en la historia del país, una suerte de Eliot Ness moderno, que acaparará titulares y que, si hace bien su trabajo, se convertirá en una de las figuras públicas mejor evaluadas de Chile. Se trata del fiscal supraterritorial, que hasta la semana pasada no existía en la legislación chilena, pero el 20 de diciembre se terminó de tramitar legislativamente la creación de esta figura, por medio de una reforma constitucional.
Ahora, sin embargo, es necesario introducir varios cambios en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y asignar los recursos necesarios para que funcione –pues, entre otras cosas, el proyecto original contempla 32 nuevos fiscales–, por lo que se estima que, si existen acuerdos políticos a este respecto, quien asuma dicho cargo debería estar en funciones hacia julio o agosto de 2024.
Aunque se trata de una iniciativa originada en senadores de derecha (Manuel José Ossandón, María José Gatica, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel y Kenneth Pugh), terminó siendo fuertemente impulsada por el Gobierno, pues en septiembre se fusionó con una iniciativa semejante del Ejecutivo, la cual recogió proyectos a medio tramitar en el mismo sentido, pertenecientes a los exmandatarios Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.
El proyecto original planteaba que el fiscal supraterritorial sería elegido por el Fiscal Nacional a partir de una terna propuesta por la Corte Suprema. Luego, el Ejecutivo propuso que fuera una quina, pero finalmente no se aprobó ninguna de esas opciones, pues será un fiscal jefe de la exclusiva confianza del Fiscal Nacional, como sucede, por ejemplo, con los directores de área del Ministerio Público y, por ende, puede ser cesado en sus funciones por la causal de pérdida de confianza.
Asimismo, el Parlamento finalmente aprobó dos sugerencias realizadas por el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, durante la tramitación, que aumentan el control sobre el nuevo cargo: el que cualquier problema sobre la competencia de la Fiscalía Supraterritorial será dirimido por el Fiscal Nacional y –la más polémica– que este podrá dictar instrucciones particulares en las investigaciones de la nueva Fiscalía. En otras palabras, el Fiscal Nacional podrá intervenir en forma directa en las indagaciones, algo que por ley hasta ahora tiene vedado.
Cabe destacar que la Fiscalía Supraterrorial se especializará en crimen organizado, así como en delitos de alta complejidad, e intervendrá en aquellos en los cuales “existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación”, como sucede, por ejemplo, con las bandas organizadas que roban madera o salmones en distintas regiones del sur, o con grupos como el Tren de Aragua, que actúa en forma indistinta en diversas zonas del país, así como en el extranjero.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Francisco Bravo, señala al respecto que “efectivamente puede aparecer como un fiscal con mucho poder, pero tiene un enorme contrapeso, pues esta persona va a ser de confianza del Fiscal Nacional. Entonces, en rigor, el fiscal jefe, por así decirlo, de esta Fiscalía Supraterritorial va a ser el Fiscal Nacional, quien puede dar instrucciones directas, y ese es el gran cambio desde el punto de vista funcional de las atribuciones que tenía históricamente el Fiscal Nacional”.
Sobre lo anterior, indica que es un cambio “paradigmático, cualitativo” e insiste en que “esta especie de megafiscal” –como lo menciona– “va a tener un control directo del Fiscal Nacional” y, en consecuencia, “va a tener que ejecutar las decisiones que adopte el Fiscal Nacional. Entonces, aparece más bien como una cuestión más aparente que real que este sea un megafiscal con facultades demasiado importantes”.
En el mismo sentido, Francisco Bravo comenta que como ANF han tenido siempre una posición en orden a que “tanto los fiscales regionales como los fiscales jefes, más allá del cargo específico del que se trate, deben ser siempre fiscales de carrera. O sea, fiscales que tengan experiencia operativa, que sepan cómo funciona la institución”.
Frente a la posibilidad de que llegue un académico –como se ha planteado en algunos sectores del Congreso–, indica que, siendo importante escuchar a quienes ejercen la cátedra universitaria, “la gente que viene del mundo académico no tiene la sensibilidad, ni la experiencia, ni el roce que dan los años en el ejercicio del cargo, que dan el estar en la primera línea de la investigación penal, en la constitución del sitio del suceso, en conocer cómo funciona el sistema, cómo funcionan también los organismos colaboradores, la relación con las policías, con el Servicio Médico Legal, etc.”, junto con agregar que “la única manera de garantizar que la persona que encabece esto tenga esa experiencia, es que sea un fiscal adjunto de carrera”.
Alguien que justamente hoy se dedica a la academia, como profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, pero que fue fiscal de crimen organizado, Andrés Cruz, coincide en lo expresado por Bravo y señala que, a su juicio, la persona que sea electa para encabezar la nueva Fiscalía Supraterritorial debería “tener experiencia en investigación de delitos complejos y, además, conocer cómo se puede materializar este tipo de investigaciones, no solamente pensando en realidades que se dan en contextos urbanos, sino que también rurales. Eso implica también un desafío bastante grande, porque las realidades en provincias son distintas a las de Santiago. Y este desafío hace que ojalá también esté abierto a coordinarse adecuadamente con cada una de las fiscalías regionales”.
A ello agrega que debe ser alguien “con capacidad de gestión, para que logre efectivamente coordinar la capacidad que ya está instalada con los nuevos recursos, medios y conocimientos que pueda aportar a través de la Fiscalía Supraterritorial”.
Acerca del hecho de que el fiscal supraterritorial vaya a ser, en definitiva, un subordinado del Fiscal Nacional, concuerda con Bravo, puntualizando que “por las herramientas, recursos y el hecho de poder intervenir en todo el territorio de la República va a ser bastante poderoso y eso podría de alguna manera generar roces inadecuados con los fiscales regionales”, por lo cual, sostiene, sin contrapesos sería potencialmente “riesgoso para el equilibrio de poderes al interior del Ministerio Público”.
En tanto, el consultor en materias de crimen organizado y exoficial de inteligencia, Pablo Zeballos, señala que quien asuma debe tener cuatro características esenciales, pero destaca una por sobre todas las demás: “Debiera ser un candidato que no tuviera compromisos con nadie, ni con grupos económicos, ni con bancos, ni con todos los grupos que eventualmente tendría que trabajar u obtener información, porque el objetivo de la criminalidad organizada no solamente es la sangre de las calles, sino esencialmente son los réditos económicos que tienen relación con un sistema permeable, como el que tenemos hoy en día”, apuntando a un hecho que también mencionó Ángel Valencia en el Congreso: que la característica común que une a grupos como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Chotas, Los Pulpos o Los Espartanos, entre otros, es que “todos convergen en el lavado de activos”, mediante el cual incorporan a las economías lícitas las ganancias obtenidas en forma ilegal.
Además de ello, Zeballos recalca que debe ser alguien que posea “condiciones innatas de investigación” y, además, que comprenda muy bien lo que sucede en el mundo de la delincuencia, al punto incluso que debería anticiparse, “porque la criminalidad ha entrado mucho más rápido, en cuanto a innovación, que la propia estructura del Estado para combatirla”.
Como último punto, menciona también la capacidad de gestionar la integración entre una serie de servicios auxiliares que hoy por lo general actúan por su cuenta, entre ellos, el SII, Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero y otros.
Como es clásico, en los pasillos de fiscalías y tribunales ya se mencionan varios nombres como posibles jefes de la nueva Fiscalía Supraterritorial. A nivel de fiscales regionales aparecen los nombres de Emiliano Arias (Fiscal Regional de O’Higgins), Carlos Palma (de Aysén) y Héctor Barros (de la Fiscalía Sur).
También se menciona a dos estrechos colaboradores de Valencia: los directores de las unidades Anticorrupción, Eugenio Campos, y de Crimen Organizado, Ignacio Castillo, así como a varios fiscales jefes de distintas zonas del país, entre los cuales sobresalen los nombres de tres mujeres: las jefas del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Iquique y Santiago Centro Norte, Paola Apablaza y Tania Sironvalle, respectivamente, además de la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong.
Otros nombres que se mencionan son los de los fiscales Miguel Ángel Orellana (jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente), Pablo Sabaj (jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente), Eduardo Baeza (fiscal jefe de Pudahuel), Christian Toledo (fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur de Santiago) y Claudio Orellana (fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur).
