PAÍS
Por décadas la Facultad de Derecho de la PUC ha estado manejada por un mismo grupo, primero ligado a la UDI y hoy a Republicanos. Ellos ponen y sacan autoridades y profesores. Se trata de un grupo ultraconservador que actúa como secta. Las críticas contra el actual decano son brutales.
A comienzos de diciembre, la abogada constitucionalista Marisol Peña Torres, a través de una carta dirigida a las profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, señalaba que les escribía “para que conozcan las razones de mi decisión, sin perjuicio de la versión que pueda estar difundiendo la facultad”. La profesional, que fue por 37 años académica de esa casa de estudios y llegó a ser secretaria general de la misma, explicaba a sus excolegas que –a su juicio– sufrió “una injusticia y arbitrariedad y me encuentro en la penosa situación de no poder seguir haciendo clases en la facultad porque me cuesta hacer sentido a lo que he enseñado a mis alumnos con la extrañeza del procedimiento de que he sido objeto”.
En el papel, la decisión del decano Gabriel Bocksang Hola de cambiar la categoría de la profesora Peña Torres respondió a una presunta renuncia voluntaria y a una jubilación anticipada, sin embargo, el caso dejó al descubierto la existencia de un poder paralelo al interior de la Facultad de Derecho de la PUC, un poder del que nadie habla en público y, menos, se atreven a cuestionar, ni siquiera el rector Ignacio Sánchez. Este poder que –según diversas fuentes– tiene comportamiento de secta, está dirigido por un grupo de profesores profundamente dogmáticos, ultraconservadores en lo político y con prácticas decimonónicas en lo valórico.
“Ellos seleccionan a los profesores, distribuyen el poder y eligen a las autoridades entre su sector de confianza”, señala una fuente.
A ese poder responde el decano Gabriel Bocksang Hola.
Marisol Peña Torres cuenta que en 2021 recibió una oferta de la Universidad del Desarrollo que le permitía “investigar y no solo hacer clases”. Por ello, renunció a la planta ordinaria de la facultad PUC, pero conservando la cátedra de Derecho Constitucional, de común acuerdo con el decano Bocksang.
“En junio me enteré accidentalmente que la facultad me recategorizó rebajándome al grado de profesora adjunta, lo que jamás fue notificado oficialmente. (…) La facultad nunca logró explicarme de qué manera esa norma me sería aplicable, sino que insistió en que yo me habría ido voluntariamente de la misma”. Cuenta que dicha facultad recibió su reclamo por la pérdida de titularidad el 22 de junio de 2023 y hasta el 20 de noviembre del mismo año, en que comunicó al decano la decisión de no tomar curso en 2024, jamás recibió respuesta. “Creo que casi 5 meses es un tiempo más que prudente para dar una respuesta (positiva o negativa)”, sostiene.
Por su parte, el decano Gabriel Bocksang Hola respondió con otra carta dirigida a los profesores y funcionarios, donde explicó los hechos, a su entender derivados de la renuncia de la profesora Peña Torres. Después de dicha explicación, señaló: “En síntesis, la profesora Marisol Peña (1) se acogió en 2021 a jubilación anticipada y renunció a la media jornada que me había solicitado en 2020 al dejar la Secretaría General de la Universidad y que con todo gusto accedí a darle; (2) renunció en 2021 a su condición de profesora de la planta ordinaria de la Facultad, con lo que no podía asignársele la condición de profesora titular, dado que la planta adjunta ya no dispone de tal categoría; y (3) renunció el 20 de noviembre de este año al último vínculo que conservaba con la Facultad de Derecho, que era el de sus clases de Derecho Constitucional como profesora hora”.
Tras este intercambio epistolar, estalló el revuelo interno en la Universidad Católica; y las cartas, llamados y hasta visitas a Peña se sucedieron. Se supo que incluso el recién asumido arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, en su calidad de gran canciller de la PUC, le envió sus pesares por lo ocurrido.
Con este incidente quedó en evidencia el quiebre de “la gran familia de Derecho UC”, acostumbrada a ser comparada con un colegio de Teología –por las materias, la cantidad de alumnos, la calidad de muchos de los profesores, la forma en que se maneja–, pero que se vanagloriaba de que “aquí no pasan esas cosas que ocurren en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde las peleas de los profesores se dan a través del diario”.
“Esta vez ellos se envían cartas y mensajes públicos, no tienen cohesión interna, siguen con una facultad que es un colegio y perdieron la influencia política que pensaban recuperar si ganaba el ‘A Favor’”, dice un observador
Es secreto a voces que desde la década del 70 la Facultad de Derecho “está tomada” por un grupo que se las ha arreglado para mantener un sistema electoral que les permite seguir a cargo. En un momento eran personas principalmente vinculadas a la UDI, que derivaron a cercanos a la Fundación Jaime Guzmán y que hoy están casi todos en el mundo del Partido Republicano.
“Son bien especiales –por decirlo de alguna manera– en lo religioso y lo político. Gente muy conservadora, algunos Opus Dei. Son seguidores de Jaime Guzmán, casi todos lo conocieron o fueron sus discípulos”, explica una fuente.
Entre “los zares” se menciona a Roberto Guerrero Valenzuela, Carlos Frontaura, Mario Correa y Álex Van Weezel, además de otros nombres.
“Los dueños de la facultad deciden las contrataciones, los ascensos. Para entrar hay que contar con la bendición de esas personas”, precisa un abogado.
De acuerdo con los estatutos de la facultad, el comité de búsqueda de los candidatos a decano es designado por el Consejo de la Facultad, el que a su vez es integrado por el decano (quien lo preside), la vicedecana y un grupo reducido de profesores. También participan representantes de los alumnos, pero sin derecho a voto.
En los últimos procesos, excepto el último, solo existieron listas únicas. “Se trata, prácticamente, de una sucesión monástica, en la que el decano saliente deja a su delfín, el vicedecano”, explica una fuente.
Y señala ejemplos: “2003-2010: decano, Arturo Irarrázabal; vicedecano, Roberto Guerrero; secretario académico, Carlos Frontaura. 2010-2014: decano, Roberto Guerrero; vicedecano, Carlos Frontaura; secretario académico, Gabriel Bocksang. 2014-2018: decano, Carlos Frontaura; vicedecano, Ricardo Irarrázabal (quien dejó su cargo y fue reemplazado por Gabriel Bocksang). En el caso de la elección del 2019, la primera de Bocksang, el comité de búsqueda estuvo integrado por Raúl Madrid, Carlos Frontaura (decano en el tiempo en que Bocksang fue vicedecano), Álex Van Weezel y Alejandra Ovalle, entre otros.
Los zares “controladores” han tenido problemas con alumnos, con parte de la comunidad universitaria, con el resto de los profesores, con el rector, pero no tienen oposición.
“El rector tendría que intervenir, pero debe poner en la balanza cuánto le conviene intervenir y enderezar la facultad versus dejarla como está y preocuparse de las otras facultades. Para qué se va a meter en problemas con todo ese mundo”, comenta una profesora de otra facultad.
“Cuando estaba el proceso constituyente anterior, el rector partió con mucho entusiasmo, invitó a Elisa Loncon a la universidad, después, cuando vino todo lo que sabemos, Constanza Hube, que es profesora de la facultad, lo enrostró por no haberse pronunciado sobre el texto en cuanto a lo que decía sobre las universidades, el aborto y lo obligó a hacerlo. Entonces, Ignacio Sánchez debe pensar si le vale la pena pelear con el mundo UDI y republicano, si tampoco va a poder cambiar al decano. Hay 500 profesores elegidos con pinzas para apoyar a quienes tienen como objetivo conservar el poder”, agrega.
De todas maneras, algunos profesores más jóvenes dicen que está pasando algo nuevo. “Hay molestia y vergüenza respecto del actual decano. Estamos dispuestos a mantener la facultad en buenas manos, pero no a comer vidrio”, afirman.
El Mostrador pidió la opinión al decano Gabriel Bocksang Hola, pero declinó participar en esta nota. Sin embargo, en relación a la contratación, promoción y desvinculación de profesores, lo hizo la Dirección de Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que explica que estas instancias están regidas por el Reglamento del Académico, que es común para todas las unidades. “Y que en todos aquellos aspectos, las decisiones no son determinadas exclusivamente por el decano. La contratación de profesores se encuentra altamente regulada. Salvo casos excepcionales, los profesores de planta ordinaria, se contratan vía concurso público que en primer lugar es conocido por una Comisión Asesora de Promociones e Incorporaciones. Esta última se encuentra compuesta por tres profesores titulares de la facultad y dos profesores titulares de otras unidades nombrados por el rector. La comisión habitualmente propone una nómina en orden de prelación al decano, quien decide. Sin embargo, la incorporación definitiva de los profesores de planta ordinaria debe ser aprobada por el Consejo de Facultad, órgano compuesto por diez profesores elegidos en votación por sus pares. Posteriormente, los antecedentes deben ser enviados a la Vicerrectoría Académica para que, finalmente, la Secretaría General de la universidad emita el respectivo decreto de nombramiento. Son 5 instancias distintas que incluyen por lo menos la decisión de casi 20 personas”, detalla la declaración.
Sobre los profesores adjuntos que no tienen jornada, “habitualmente también son contratados por concurso público, los que son conocidos inicialmente por una comisión compuesta por el director de escuela, el director del departamento respectivo y dos profesores del mismo. Es la Secretaría General de la universidad quien emite el respectivo decreto de nombramiento”, agrega.
Las promociones siguen un esquema similar. “En un nombramiento de titular, por ejemplo, pueden llegar a intervenir casi 50 personas”, puntualizan desde Comunicaciones.
Finalmente, la Dirección de Comunicaciones señala que la desvinculación de académicos puede operar por la renuncia del mismo profesor “o cuando la Comisión Asesora de Calificaciones (distinta de la de incorporaciones y promociones), califica de manera insuficiente o reiteradamente con observaciones a un profesor. La comisión de calificaciones se encuentra compuesta por tres profesores titulares de la facultad y dos profesores titulares de otras unidades nombrados por el rector”.
Gabriel Bocksang se hizo notar durante el estallido social, cuando se suspendieron las clases y los exámenes de grado. En ese momento, él decidió tomar los exámenes de Derecho en una iglesia del sector oriente de Santiago. Además, defendió públicamente al profesor Álvaro Paul, cercano al Opus Dei, acusado de humillar a los alumnos por no tener buena conexión a internet: Paul los mandó a trabajar como meseros para costearse una buena línea.
Nadie dijo nada. Las preocupaciones del centro de alumnos son que “las pruebas no las hagan muy tarde para que los alumnos puedan volver a sus casas con luz de día. Es un mundo paralelo, un mundo feliz”, ironiza una estudiante.
Tampoco los académicos se atreven a criticar directamente el sistema, porque “al profesor que hace clases le gusta, le sirve para el currículum, mostrarse ante las nuevas generaciones, le da lo mismo quién esté de decano. Se genera un acuerdo tácito”, expresa una abogada.
El actual decano, Gabriel Bocksang, señala en un video de promoción para los estudiantes postulantes que él es el primer universitario en su familia y que estudió en un colegio laico. Hijo único de un comerciante chino, dueño de un restaurante de comida china y una descendiente persa, no es parte ni maneja los códigos sociales de la derecha clásica, pero fue “apadrinado” por Roberto Guerrero, que fue su profesor y lo tuvo como ayudante.
“Estando Guerrero en la dirección, lo contrató y lo envió a estudiar un posgrado a Francia. Cuando volvió, le pasó un cargo administrativo y, cuando no tenían a nadie para asumir como decano, pensaron ¿qué persona no nos va a fallar? Y ahí apareció el nombre de Bocksang. Se bautizó católico a los 38 años y hoy es de los pocos profesores que aún inicia las clases rezando, principalmente el Ave María, porque es muy devoto de la Virgen”, asegura otra fuente.
“Las personas que controlan la facultad son las que de verdad mandan. El decano no tiene peso interno ni externo. A alguien podrá no gustarle Roberto Guerrero Valenzuela, decir que tenía un esquema de defraudación con platas políticas con su padre Roberto Guerrero del Río (a través de una sociedad llamada Guerrero y Compañía emitieron facturas por 600 millones de pesos a SQM entre 2009 y 2013), pero igual gozaba de reconocimiento como decano y lo tiene como abogado”, añade otra fuente.
El decano Bocksang no tiene muchos amigos en la facultad. Y las críticas internas son brutales. Entre otras, señalan que “Bocksang no ha publicado desde 2017, que no es una persona que vaya a tener una vida fuera de la facultad, es profesor de derecho administrativo, pero posibilidades de que lo nombren contralor: ¡cero! En un posible Gobierno de derecha que se lo lleven… no se me ocurre que eso pueda ocurrir, o que vaya a resultar para cualquier cargo que se requiera acuerdo del Senado… ¡imposible! No es versátil, no ejerce la profesión, pero hay que reconocer que sin tener redes logró bastante y le quedan tres años todavía en el cargo”.
Durante su decanato se ha caracterizado por actuar arbitrariamente y por aplicar duras represalias a quienes, en algún momento, han estado en su contra o en contra de sus protectores o aliados. Se dice en los pasillos que no acepta en los consejos opiniones en contra y que, en algunos casos, incluso se descontrola. Permanece en sus oficinas y tiene poco contacto con los profesores.
Su gestión también ha estado marcada por represalias a mujeres que han defendido a alumnas víctimas de acoso. Una denunciante fue sancionada y, al egresar, se le negó sistemáticamente el certificado de conducta u honorabilidad que exige la Corte Suprema para jurar como abogada. Finalmente, el Pleno de la Suprema, una vez conocidos los hechos, decidió autorizar el juramento de la alumna.
