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Créditos: Agencia Uno
Luego de no presentarse sucesivamente a declarar ante la fiscal Ximena Chong –y cuando lo hizo guardó silencio–, en el marco de la investigación por los apremios ilegítimos durante el estallido social, los abogados del general Yáñez acusaron “odiosidad” de los fiscales del Ministerio Público.
En el marco de la investigación por apremios ilegítimos en el caso 18-O en contra del general de Carabineros Ricardo Yáñez, la defensa de este presentó un escrito acusando que los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong “carecen de la debida objetividad e imparcialidad” para desarrollar la investigación.
El general Yáñez, por medio de su abogado, Jorge Martínez Cornejo, pidió al Fiscal Nacional Ángel Valencia la inhabilidad de los persecutores públicos, además de solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa. La defensa asegura que Armendáriz y Chong han demostrado “su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y en contra de la institución”.
El escrito en cuestión, con fecha 24 de noviembre, fue recibido por el fiscal Ángel Valencia con fecha 6 de diciembre. “Los antecedentes serán analizados, junto con aquellos que se han solicitado al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte y se le informará oportunamente la resolución que se adopte, a los correos electrónicos señalados en su presentación”, fue la respuesta de Valencia.
Ante esto, la defensa de Yáñez acusa que el tiempo para dar respuesta a la solicitud ya habría expirado. Según Jorge Martínez, este hecho contraviene lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ya que indicó que se estarían afectando las garantías constitucionales de su representado.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en relación con el tema señaló que el general director de Carabineros “tiene el derecho de hacer uso de los recursos judiciales que la ley y la Constitución le permiten”.
Con todo, la defensa del general Yáñez prepara la audiencia donde se discutirá el sobreseimiento del general director de Carabineros fijada para el próximo viernes 19 de enero.
A finales de 2019, tanto Amnistía Internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Human Rights Watch, denunciaron que el Estado chileno estaba atropellando los derechos humanos de los manifestantes a través de Carabineros.
Durante el primer mes y medio del estallido, se realizaron 4.170 denuncias en Fiscalía contra Carabineros y 12.500 personas fueron atendidas de urgencia en hospitales públicos.
El general Ricardo Yáñez entonces era director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, es decir, el encargado de controlar el orden en las calles. Ocupó el cargo desde 2018 hasta el 6 de noviembre de 2020, cuando asumió como general subdirector de Carabineros. Es considerado, por lo mismo, la mano derecha de Rozas durante todo ese periodo.
Es por ello que es sindicado por los querellantes como el responsable, por jerarquía de mando, de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
La querella más notoria –porque se ha negado a asistir a declarar ante la fiscal Ximena Chong en cinco ocasiones y, cuando fue, se acogió al derecho a guardar silencio– es la que interpuso la abogada Karinna Fernández, en conjunto con otras abogadas e instituciones, por delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, desde una responsabilidad superior o “altos mandos”.
En un escrito entregado al Ministerio Público el 24 de noviembre del 2022, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, ya había pedido remover a fiscales que investigan violaciones a DD.HH. ocurridas en el estallido social.
