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Víctor Huenante/AgenciaUno
El ambiente político se remeció, después que la Fiscalía anunciara la formalización de tres generales por violaciones a los DD.HH. La Moneda salió a apoyar al general director de Carabineros, pero sabe que la estantería puede caerse en cualquier momento y, por ello, ya se debate sobre la sucesión.
Después que este miércoles se conociera la solicitud de la Fiscalía Centro Norte de formalizar al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, por su responsabilidad de mando respecto de los abusos policiales cometidos en el centro de Santiago a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019, de inmediato comenzaron las conversaciones en sordina acerca de la sucesión del mandamás de la policía uniformada, quien, de todos modos, cumple su periodo constitucional de cuatro años en noviembre próximo.
La solicitud de formalización no sorprendió mucho en el Gobierno, donde existía la convicción de que el Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, la presentaría más temprano que tarde, pero eso no significa que –pese a toda la retórica antipolicial previa del Presidente Boric, en su época de diputado– les parezca bien, al contrario, pues una eventual formalización de Yáñez haría insostenible su permanencia al mando de Carabineros.
Al respecto, eran varias las opciones que se barajaban el miércoles, pero todas apuntaban a cuánto se puede a sostener la figura del general Yáñez, el policía más cercano al Presidente Gabriel Boric, y algo de eso esbozó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuando señaló que era necesario esperar que se resolviera la solicitud del alto oficial en orden a inhabilitar a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, así como la petición de Yáñez y del exdirector de Carabineros, Mario Rozas, de ser sobreseídos en la causa, para lo cual el Séptimo Juzgado de Garantía fijó una audiencia el próximo 19 de enero, a las 11:00 horas.
En el mismo tenor se expresó la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien explicó que “hay una solicitud de formalización y esperamos la audiencia para tomar una decisión como Gobierno”.
En otras palabras, no se pedirá la renuncia a Yáñez mientras no sea formalizado. Sin embargo, en La Moneda saben que es muy difícil que no se llegue a esa instancia, por lo que solo lograrían ganar algo de tiempo, pero de todos modos es una apuesta arriesgada, pues varias voces advierten que es posible que, en año de elecciones y con la seguridad ciudadana como el principal tema a nivel nacional, se produzca una tormenta perfecta, en el evento de que coincida la formalización del general Ricardo Yáñez y los generales en retiro Mario Rozas y Diego Olate con el juicio oral por el caso “Operación Huracán”, el que estaba detenido debido a dos recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional (TC) por la defensa de los oficiales imputados en el montaje realizado por la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), dirigido a inculpar de diversos atentados a varios líderes de la CAM y otros grupos radicales.
Una de dichas acciones acaba de ser rechazada y se espera que el fallo sobre el recurso que está pendiente se conozca antes de fines de enero. Si es resuelto en el mismo sentido, entonces, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco debe fijar fecha para el inicio del juicio oral, que en el caso del Ministerio Público estará a cargo del Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma.
En el Gobierno también preocupa, a nivel institucional, el hecho de que los últimos tres directores de Carabineros no han logrado terminar sus periodos reglamentarios al mando de la institución desde 2018.
En efecto, ese año renunció Bruno Villalobos, manchado por las esquirlas el caso “Operación Huracán”. Fue sucedido por Hermes Soto, quien ostenta el récord de ser el general director más breve en la historia de la institución: solo duró nueve meses, pues a fines de 2018 el Gobierno de Sebastián Piñera le pidió la renuncia, luego del homicidio del comunero Camilo Catrillanca a manos de efectivos de Carabineros. Cabe recordar que Soto se negó a entregar el mando, por lo cual hubo que convocar al Congreso, a fin de que este conociera del decreto de retiro, como lo establece el proceso de remoción.
Luego de él asumió Mario Rozas, quien estuvo casi dos años al mando, pero renunció luego de que un adolescente recibiera un disparo de parte de un suboficial, durante desórdenes en un hogar de menores en Hualpén (Concepción), tras lo cual le tocó el turno a Yáñez.
Independientemente de si Yáñez logra terminar su periodo, en distintas fuentes cercanas a Carabineros existe coincidencia en señalar que el delfín del general director es el actual director nacional de Personal de la institución, Pablo Andrés Silva Chamorro, quien es hoy por hoy la sexta antigüedad de la policía uniformada.
Como la Constitución establece que quien encabece Carabineros debe ser elegido por el Presidente de entre las primeras cinco antigüedades que quedan luego de la salida del director en ejercicio, está dentro de los papables, aunque una posible designación suya significaría el pase a retiro obligatorio de quienes lo anteceden actualmente: Marcelo Araya Zapata (general subdirector), Enrique Monrás Álvarez (director de Orden y Seguridad), Ramón Alvarado Donoso (director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales) y Jean Camus Dávila (jefe de la Zona Metropolitana).
Buena parte de su gestión la realizó como instructor en la Escuela de Oficiales y, luego, en la Academia Superior. Durante el periodo del estallido social tuvo un breve paso como prefecto de Fuerzas Especiales (actuales unidades de Control de Orden Público, COP) en Santiago centro, como coronel. Ascendió a general a fines de 2021, cuando fue designado jefe de la zona Santiago Este. Al año siguiente fue nombrado secretario general de Carabineros y, en septiembre pasado, aterrizó en la dirección de Personal, un cargo muy importante y estratégico.
Sin embargo, además de que se le achaca tener “poca calle” –a diferencia de Araya o Monrás, por ejemplo, que son reconocidos en por su ascendiente en el mando–, su paso por Fuerzas Especiales justamente en el periodo del estallido social lo podría complicar por chorreo, pues otra consecuencia de la petición de formalización de Yáñez y Rozas y del exsubdirector Diego Olate es que abre una ventana difícil de cerrar a otras formalizaciones, que podrían incluir a exautoridades del segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
En medio de todo esto, quedó en evidencia la grieta que existe entre el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, a quien este miércoles Valencia removió como Fiscal Nacional subrogante (en su lugar dejó al Fiscal Regional Sur, Héctor Barros). Según fuentes del Ministerio Público, se trata de una decisión que estaba tomada desde hacía tiempo, pero su comunicación interna coincidió con la petición del general Yáñez en orden remover a los persecutores Armendáriz y Chong, a quienes acusa de tener “odio o resentimiento” hacia Carabineros. Debido a esto, algunos interpretaron la decisión de Valencia como una suerte de mensaje siciliano hacia Armendáriz.
En la Fiscalía Regional Centro Norte dijeron ayer que no se referirían a la petición de formalización, aunque esperan con cierta ansiedad la resolución que Valencia debe adoptar respecto del Fiscal Regional. Sin embargo, fuentes de la institución explicaron que el Fiscal Nacional no tiene mucho margen de juego después que Armendáriz pidiera la formalización, pues en el actual escenario sería muy difícil explicar su remoción del caso.
Ayer, en declaraciones a CNN, la fiscal Ximena Chong explicó que en su caso la solicitud de remoción debió haberse formulado a Armendáriz (pues él es su jefe directo) y, junto con asegurar que no existe odio hacia la institución policial, añadió que “la inhabilidad prevista en la Ley Orgánica está pensada para situaciones tanto de amistad íntima como de resentimiento en relación con personas naturales”, lo que obviamente no es el caso de una persona jurídica, como es Carabineros de Chile.
