PAÍS
EFE
Como también sucedió con los crímenes de los fiscales Alberto Nisman (argentino) y Marcelo Pecci (paraguayo), el asesinato del persecutor ecuatoriano César Suárez dolió y preocupa en el gremio chileno, ante el avance del crimen organizado transnacional.
Impacto causó en varias fiscalías del país, especialmente en aquellos que investigan temas relacionados con crimen organizado, el asesinato del persecutor César Suárez, quien fue acribillado mientras viajaba en su auto por Guayaquil, el 17 de enero pasado, luego de que saliera de su casa luego de recibir un llamado teléfono.
La fecha no es menor, como lo recuerda el fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile (ANF), pues el 18 de enero de 2015; es decir, hace casi nueve años exactos, se produjo el crimen del fiscal de Buenos Aires Alberto Nisman, asesinado de un disparo en su cabeza, mientras investigaba el caso AMIA (el atentado explosivo que significó la muerte de más de 80 personas), en el cual estaba próximo a imputar cargos por encubrimiento en contra de la entonces presidenta Cristina Fernández.
La muerte de Nisman, que hasta hoy nunca ha sido aclarada, propició el nacimiento de la Federación Latinoamericana de Fiscales, de la cual la ANF fue una de las entidades fundadoras. Su par ecuatoriana se afilió hace ocho meses y, como precisa Bravo, “una de las razones, de los motivos, de la razón de existir de la Federación Latinoamericana es precisamente el tema de la seguridad de los fiscales”, un tema que ha estado presente en el Ministerio Público chileno desde que este comenzó a funcionar, en 2001, pero que cobró cuerpo en 2008, cuando sujetos pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emboscaron la comitiva del fiscal Mario Elgueta, en Tirúa, dejándolo a él con lesiones leves, y a tres detectives con lesiones graves.
Bravo señala que el caso Nisman “es un hito quizás paradigmático, de lo que significa la muerte de fiscales a manos de personas que lo que pretenden es evitar investigaciones ligadas con corrupción, con crimen organizado”, pero agrega que “el caso de Ecuador es particularmente preocupante, porque ya lleva cinco fiscales asesinados. Este es el quinto, no se trata de un hecho aislado”, en referencia al caso de César Suárez.
Así, indica que “lo que ocurre en Ecuador, desde el punto de vista de lo que significa el Estado de Derecho, es un síntoma de una situación bastante más compleja que ha golpeado muy fuertemente la justicia y eso ocurre habitualmente cuando los ministerios públicos, los fiscales, investigan”. En dicho sentido, la ANF emitió un comunicados en el cual como informó El Mostrador, remarcaban la necesidad de que “los Estados asuman de inmediato la protección total de los persecutores y persecutoras para ejercer la investigación penal en Ecuador, como en todo el continente”.
La Federación Latinoamericana de Fiscales, en tanto, también difundió un pronunciamiento al respecto, señalando que el fiscal había pedido protección, con la que no contaba al momento de su muerte, y que “es inadmisible que no se adopten las medidas de protección para los operadores de justicia a quienes se les encarga la investigación de grupos terroristas altamente peligrosos”. Asimismo, indicaron que “no existe excusa alguna para que luego de varios homicidios ocurridos en el año 2023, la Fiscalía General del Ecuador no haya desarrollado una política de Seguridad para los miembros del Ministerio Público del Ecuador y tampoco haya apoyado a los fiscales que han buscado acceder a esta protección vías acción de protección”.
Otro crimen que marcó muy profundo a los fiscales chilenos fue el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado en mayo de 2022 mientras se encontraba de luna de miel, en Colombia. Pecci también era fiscal de crimen organizado y estaba investigando las actividades del Primer Comando de la Capital (PCC) en Paraguay, donde hoy dicha organización criminal brasileña controla todas las cárceles y parte importante de tráfico de drogas.
Las primeras investigaciones respecto de ese crimen arrojaron evidencia que indicaba que el PCC había subcontratado a otro grupo criminal para cometer el delito, uno que algunos fiscales de la zona norte y de Santiago estaban recién comenzado a investigar por aquellas fechas: el Tren de Aragu (TDA), y eso fue un baldazo de realidad para muchos de esos persecutores, uno de los cuales por aquel ya había sido amenazado de muerte por una de las facciones del Tren en Chile, “Los Gallegos”. La muerte de Pecci y la penetración del TDA en todo el país, así como la constatación de la brutal forma en que opera por parte de distintos fiscales fue lo que llevó a varias fiscalías regionales a adoptar una serie de medidas de seguridad para quienes investigan esos casos, desde algunas muy simples como pedirle a la prensa que no se ventilen públicamente los nombres de los persecutores, hasta comprar vehículos blindados para que estos acudan a los sitios del suceso, como se hizo en Arica.
Sin embargo, todo parece insuficiente, aún.
Bravo indica que el tema de la seguridad fue levantado con mucha fuerza por la ANF hacia 2021, tras lo cual se aplicó una encuesta a nivel nacional, “en la que se revela que hay una preocupación muy grande de los colegas por su seguridad”. Curiosamente, señala que no deja de sorprender que más del 70% de los fiscales aseveran que el lugar donde más inseguridad siente es en tribunales, “más incluso que constituirse en un sitio del suceso a las 3 de la mañana”, ejemplifica.
Ante ello, recuerda que el año pasado se firmó un convenio de seguridad que se articuló con el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama. Junto con valorar la preocupación de este por la seguridad de todos los operadores del sistema de justicia, comenta que, sin embargo, “ese convenio lamentablemente ha sido de una implementación lentísima”, pese a que como dice es muy simple de implementar, por ejemplo diferenciando el acceso a los estacionamientos o a los baños, a fin de prevenir que los fiscales sean agredidos en espacios en común con los imputados o sus familiares.
—Se me viene inmediatamente a la cabeza la situación de los colegas de Valparaíso, a quienes incluso en la propia fiscalía tampoco se les brinda protección, porque no tienen estacionamiento y el estacionamiento no es un tema de comodidad hoy día, sino de seguridad —detalla, agregando que deben estacionarse a varias cuadras del edificio, quedando expuestos también a agresiones en la vía pública.
Según rememora, es un tema que se planteó al exfiscal nacional Jorge Abbott (que había sido fiscal regional en Valparaíso) y ahora se le planteó también al fiscal nacional Angel Valencia, el que Bravo dice que está muy preocupado del tema en general, aunque indica que no es algo que pasa solamente por el Ministerio Público, pues, indicó que pese a que varios magistrados del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fueron amenazados de muerte, “ha costado convencer a algunos jueces de que, por ejemplo, las audiencias telemáticas, en casos particulares, más complejos, más graves, pueden ser implementadas con mayor flexibilidad”.
Según argumenta, medidas como las anteriores irían en beneficio no solo de jueces y fiscales, sino también de defensores y público en general, pero recalca que “quienes están más expuestos naturalmente son los fiscales, porque nosotros somos la cara visible de la persecución penal. Entonces, claramente el blanco predilecto del crimen organizado, de la delincuencia transnacional, son los fiscales”.
Otra idea que Bravo indica que se puede implementar, como ya se ha hecho en varias fiscalías regionales es “evitar personalizar las causas también. Las causas son de la institución”.
Sin embargo, indica que es el Estado en su conjunto el que debe preocuparse del tema y va más allá: “el Ejecutivo tiene que brindar las condiciones necesarias y suficientes para garantizar a los operadores de justicia que hagan su trabajo con tranquilidad y que no les va a pasar nada, como le pasó al colega Suárez. Y lamentablemente, esto hace cinco años lo veíamos lejano, muy lejano, pero hoy día no lo vemos así: están matando colegas nuestros en el continente. Entonces, ya no es una cuestión que es teoría, una discusión abstracta. El crimen organizado ya llegó a Chile. Es un dato de la causa”.
Por ende, agrega, “tenemos que adelantarnos, tenemos que prevenir que pase algo como lo que ocurrió en Ecuador”, agregando que hoy en día, en Chile, “los colegas que ven crimen organizado hoy día tienen que andar con guardia personal. O sea, un colega, que por razones obvias puedo decir quién es, tiene que andar con guardia personal hasta que ira a jugar a la pelota”.
Aunque no hay una estadística actualizada, algunos años atrás la fiscalía nacional determinó que había 56 persecutores “en un riesgo alto” y no es todo, pues Bravo indica que, en una encuesta realizada por ellos, “18 fiscales revelaron que tuvieron que cambiarse de domicilio por razones de seguridad. Eso es grave, es gravísimo. O sea, que tú tengas que cambiarte casa, de tu casa, porque resulta que corres el riesgo de que atenten contra ti, es gravísimo. Sí, sin duda”.
Pese a todo ello, comenta que “yo creo que estamos aún a tiempo, pero no podemos seguir perdiendo tiempo, no podemos seguir esperando. El Estado, las autoridades del Estado tienen que tomar decisiones importantes en esto y diseñar una política de seguridad para los fiscales pero también para su entorno familiar, porque nosotros no somos solos: tenemos familias, tenemos mamá, tenemos hijos, compañero, compañera”.
