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Créditos: Arquitectura Viva
Por parte de la DC firmaron Yasna Provoste (Atacama) e Iván Flores (Los Ríos); mientras que por los legisladores Independientes fueron Fabiola Campillai (RM) y Karim Bianchi (Magallanes).
Senadores de la bancada de la Democracia Cristiana junto a pares Independientes ingresaron una reforma constitucional que busca reajustar las remuneraciones de las altas autoridades del sector público para evitar desigualdad con los otros trabajadores administrativos del Estado.
Por parte de la DC firmaron Yasna Provoste (Atacama) e Iván Flores (Los Ríos); mientras que por los legisladores Independientes fueron Fabiola Campillai (RM) y Karim Bianchi (Magallanes).
La parlamentaria de Atacama al respecto sostuvo: “Este proyecto se refiere exclusivamente a la reajustabilidad anual de las remuneraciones de las autoridades que indica el artículo 38 bis de la Constitución. No se refiere a la fijación de las remuneraciones de las autoridades que esa misma disposición señala (ministros, parlamentarios, Presidente y otros cargos de jefatura), las que deben ser fijadas 18 meses antes que termine el respectivo período presidencial para que rijan a partir del siguiente período. Así, por ejemplo, aquella Comisión debe fijar las remuneraciones para las nuevas autoridades que asuman el 11 de marzo de 2026, a más tardar el 11 de septiembre de 2024″.
Asimismo, aclaró que lo que se pretende evitar con esta reforma constitucional es que la reajustabilidad anual de las remuneraciones de las referidas autoridades no sea superior a reajustabilidad anual de todos los trabajadores de la Administración Pública.
“Tal situación se produjo en el reajuste de remuneraciones a partir del 1° de diciembre de 2023, en que, por una parte, la Comisión encargada por la constitución de fijar las remuneraciones de las autoridades estableció por resolución publicada el 22 de diciembre pasado que la reajustabilidad sería de 4,8 %; y, por otra parte, la ley de reajuste de las remuneraciones de los trabajadores de la administración pública determinó que la reajustabilidad sería un 4,3%.”, detalló la senadora.
Además, la representante de Atacama indicó que evidentemente, esta situación desigual genera desconfianza la que, sin duda, puede ser un obstáculo difícil de salvar cuando se pretenda por el Gobierno de turno lograr futuros acuerdos de reajuste anual de sueldos con las organizaciones de trabajadores del Sector Público.
Por otro lado, el vicepresidente de la ANEF, Hellmuth Groitt, sostuvo que están apoyando la iniciativa, porque cuando el tema salió a la luz, muchos pensaron que era una falta de sentido común y nosotros no creemos eso. Creemos que la reforma constitucional es un acto de reivindicación.
