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La Contraloría reveló fallas en el trámite realizado por el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior en 2022. En relación con estos casos, la CGR solicitó a la Subsecretaría del Interior que “incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales”.
Un nuevo traspié sufrió el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) emitiera un informe sobre el proceso de selección, otorgamiento y pago de pensiones de gracia relacionadas con casos del estallido social, puesto que revela fallas en el trámite realizado por el Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior en 2022.
El informe señala que 58 de la totalidad de 419 personas beneficiadas tienen condenas, incluso por delitos violentos.
De esta forma, la Contraloría detalla que “en efecto, se tuvo a la vista (para el otorgamiento) antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
En relación con estos casos, la CGR solicitó a la Subsecretaría del Interior que “incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia, en un plazo de 30 días hábiles contados desde la recepción del presente informe”.
Además, se identificó que 19 expedientes de beneficiados no presentaban antecedentes médicos o contaban con respaldos poco legibles, contradictorios o con fecha anterior a octubre de 2019. La Contraloría indica que estos expedientes “fueron presentados por el DAS a la Comisión Especial Asesora, sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación“.
En relación con el INDH, la Contraloría determinó que 10 de los 144 casos revisados no contaban con antecedentes médicos o respaldos que acreditaran el relato del postulante, incumpliendo con “los principios de control, eficiencia, eficacia y responsabilidad previstos” en una serie de normativas.
Ante esto, la entidad fiscalizadora solicitó al INDH que verifique “la existencia de antecedentes complementarios relativos a los 10 casos objetados, que respalden los relatos que dieron origen a la acreditación de los postulantes por parte del Instituto, remitiendo dichos antecedentes al DAS e informar a esta Contraloría General en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este documento”.
Este documento llega en medio de la votación que se hará en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las pensiones de gracia otorgadas y los cambios a la ley propuestos por el Gobierno en torno a los criterios de selección.
Asimismo, se le agrega a la ecuación, la advertencia del Partido Comunista (PC) respecto a la revocación de este subsidio estatal, apelando a la vulneración de derechos y anunciando la intención de recurrir al Tribunal Constitucional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con tal de evitar que se quiten este tipo de pensiones, más allá de los casos conocidos de personas que la reciben, teniendo antecedentes penales.
Cabe señalar, que el Presidente Gabriel Boric abordó el tema la semana pasada, anunciando una iniciativa parlamentaria para cambiar los requisitos. Sin embargo, la declaración de que él mismo revocaría administrativamente algunas pensiones, levantó suspicacias en el PC.
La diputada comunista, María Candelaria Acevedo, notificó en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara la intención de recurrir a instancias internacionales o el TC, tras la aprobación del proyecto de la oposición que pretende revertir por ley los subsidios que se tornaron polémicos.
“Hay una revocación de parte del Gobierno y también hubo una mayoría en la comisión para que se pudiera analizar de mejor manera, buscar incluso a las 18 mil personas que reciben hoy pensiones de gracia que a lo mejor podrían estar en la misma situación. Ante eso, yo no estoy de acuerdo. Traspasa las normas internacionales que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con la reparación de víctimas de parte del Estado”.
Es por esto, que la diputada Acevedo planteó que “este proyecto (reforma de pensiones de gracia) vulnera una serie de tratados internacionales a los que está suscrito el país (…). Analizaré llevar este proyecto al Tribunal Constitucional, así como también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en caso de ser necesario”.
Por su parte, la titular de Interior, Carolina Tohá (PPD), respaldó la decisión del Gobierno, asegurando en El Mercurio, que la iniciativa “se ajusta a derecho y cumple con los estándares necesarios” para resolver la carencia que se divisó en las pensiones de gracia.
“Tenemos claridad de lo que estamos proponiendo no solo es legal, sino que es la forma correcta de resolver esta carencia que tenía el proceso en su definición original”, comentó.
