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Foto: Sebastian Beltran/Agencia UNO
La CIJ emitió una sentencia tras la demanda de Sudáfrica para la intervención urgente de la corte con el fin de detener la operación militar israelí en Gaza.
El Gobierno valoró las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel y valoró la solicitud de medidas para prestar servicios y permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza.
“El Gobierno de Chile valora las medidas provisionales ordenadas hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde disponen que Israel debe, de conformidad con sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio, tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de los actos contemplados en el Artículo 2 de la Convención, en contra de la población palestina en Gaza”, indicó la cancillería en un comunicado.
Agregó que “Chile valora, asimismo, la solicitud de la CIJ a Israel para adoptar medidas inmediatas y efectivas que permitan la prestación de servicios básicos y el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, así como la obligación de Israel de informar a la Corte, en el plazo de un mes a contar de hoy, respecto de la adopción de dichas medidas”.
“Finalmente, Chile insiste en la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades y formula, nuevamente, un llamado al diálogo que conduzca a la materialización de la solución de dos Estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz, en el marco de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas”, concluyó el texto.
El canciller chileno, Alberto van Klaveren, afirmó en su cuenta de la red social X que “Chile abogará por el cese inmediato de hostilidades, la liberación de todos los rehenes, el acceso a ayuda humanitaria y el respeto irrestricto al derecho internacional humanitario”.
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó una solicitud ante la CIJ para emprender un procedimiento contra Israel por las infracciones a sus obligaciones, de acuerdo con la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de las Naciones Unidas, en relación con los palestinos en la Franja de Gaza.
