Cordero y revocación de pensiones de gracia: “No es procesar información de un día para otro”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, analizó el informe de Contraloría revelado este jueves, que destapó que 58 personas, de la totalidad de 419 beneficiadas por pensiones de gracia, tienen condenas por delitos violentos como homicidios, pornografía infantil y drogas, entre otros.

“Para que tengamos órdenes de magnitud: estamos hablando de cuatrocientos millones de personas que fueron beneficiadas por pensiones de gracia. Son 418 pensiones vinculadas al estallido social que se otorgaron, de las cuales existen antecedentes penales en 69. Este más bien debiera ser el número final. En el camino se fueron dando números distintos, de hecho, la propia Contraloría tenía un dato pero después de la revisión exhaustiva que pidió el Presidente de la República a la Subsecretaría del Interior, es más o menos 69, que eso más o menos debiera representar algo así como que el 16% de las personas que recibieron pensiones de gracia tenían antecedentes penales”, comenzó explicando en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Lo segundo -añadió Cordero- es que las pensiones de gracia se otorgaron entre enero y diciembre del año 2022. Por lo tanto, cuando uno las distribuye, hay 21 de las 69 personas que tienen antecedentes penales, cuyas pensiones de gracia fueron otorgadas en la parte final de la administración del expresidente Sebastián Piñera. 48 han correspondido a esta administración”.

“Las razones fundamentales que están detrás de esto, como se ha explicado, es, esencialmente, que para la tramitación de las pensiones de gracia en éste, pero también, históricamente, desde que existe el sistema, tras la ley del año 1981, no forma parte del procedimiento, y no formaba parte del procedimiento, el requerimiento de los antecedentes penales”, dijo.

Lo que hizo el Ejecutivo, según relata Cordero, “fue instruir, y de hecho, el manual actual de la Subsecretaría del Interior vinculada a estos temas, exige para la tramitación el acompañamiento de este tipo de antecedentes. Ahora, en ese proceso, por lo tanto, la razón fundamental por la cual hay personas que tienen antecedentes penales, es porque no se exigía que se acreditaran y se acompañaran ningún tipo de elementos vinculados a sus antecedentes penales para el otorgamiento de una nueva pensiones de gracia”.

De los 21 casos que ocurrieron en la administración Piñera, el ministro Cordero dijo que también hay “casos graves”, como uno de abuso sexual y que fue beneficiado. “Ahora, la razón que explica esto -yo aquí, por favor, no estoy haciendo imputaciones a nada. Lo único que estoy diciendo es que hay una cuestión de tramitación estructural- es que cuando usted mira y lee el informe de Contraloría, y yo creo que para eso son las instituciones fuertes también, es que estamos todos relativamente de acuerdo que cuando hay evaluaciones procedimentales que provienen del informe de auditoría de la Contraloría, son útiles con ese fin. Y el informe detecta muy bien el problema procedimental y las tres instituciones vinculadas a esos problemas procedimentales: la Subsecretaría del Interior, la Comisión Asesora Presidencial para Pensiones de Gracia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”, explicó.

Cordero también dijo que se revocó la pensión a un condenado por pornografía infantil debido a la connotación del caso. “El Presidente consideró que ese caso, por su gravedad, tuviera especial atención y por eso fue la primera decisión que adoptó. Esta semana debieran terminar las evaluaciones del resto de los casos para que la recomendación pase al Presidente y pueda tomar la decisión en los próximos días”, dijo.

Críticas de la oposición

Sobre las críticas que ha efectudo la oposición, sobre la diligencia de revocar, el titular de Justicia llamó a comprender la responsabilidad que radica en el procedimiento.”La oposición también ha sido Gobierno y cuando uno está en cargos ejecutivos, a cargo de medidas en la administración pública, uno tiene que tener perfectamente claro que a veces uno toma decisiones en un sector que tiene impacto en otro, y lo que el Presidente ha pedido, y le ha pedido especialmente la subsecretaría del Interior, la evaluación, en un volumen muy significativo, para poder tomar, no solo la medida de revocación, sino que además con un estándar que sea replicable en otros casos y que no se extienda indebidamente en otros”.

“El volumen de personas vivas que en la actualidad se les está pagando pensiones de gracia son 18 mil, nosotros hemos analizado hasta 418, hay muestras que se están haciendo en el resto, pero estas han sido las prioritarias, y yo logro entender la dinámica Gobierno oposición en el debate político, pero creo que siempre hay que tener en consideración que las decisiones ejecutivas del Estado deben adoptarse con estándares verificables y un cierto nivel de responsabilidad”, agregó.

“Esto no es llegar y procesar información de un día para otro, y yo creo que en eso también uno tiene que evaluar, que lo que señaló el Presidente se esté cumpliendo, que es lo que se ha estado haciendo y las medidas se están adoptando, y se van a seguir adoptando en los próximos días”, cerró.

Reclamos del PC

El ministro Cordero también fue consultado sobre la amenaza del Partido Comunista, de llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los casos en que el Gobierno revoque una pensión de gracia a una víctima de DD.HH.

Sobre esto, Cordero aseguró que el Presidente Boric “ya definió los criterios. El gobierno los ha transmitido. Aquellas personas que tienen daño acreditado por haber sido víctima de violación de derechos humanos, violencia estatal fundamentalmente, como aquellas personas que han tenido mutilación ocular, la pensión atendía la naturaleza y la causa a la cual estaba vinculada. Esa pensión se encuentra justificada”.

“El problema, sin embargo, está en los otros ámbitos. Las pensiones de gracia, que se crearon desde que están reguladas legalmente en 1981, ha servido para muy distintos propósitos. Uno, por cierto, los dos reconocidos en la ley. Que son el reconocer los aportes significativos al país. Y el segundo, en aquellas personas que sufren de algún tipo de invalidez. Y esto es como una gracia de la figura presidencial o del sistema presidencial vinculado al otorgamiento de un determinado tipo de fondos”, explicó.

“Sin embargo, con los años, las pensiones de gracia se han ocupado para otros fines. Por ejemplo, para resolver conflictos sociales. Hay pensiones de gracia que provienen de conflictos con trabajadores portuarios. O por casos de cambios o transformaciones en una comunidad producto de factores productivos. O bien que han apuntado a reparar circunstancias que para el país eran emblemáticas. El caso de los 33 mineros de la mina San José es otro ejemplo. Es decir, además del propósito original, con posterioridad al estado en muy distintas administraciones. Y por largos años se ha utilizado o para resolver conflictos sociales o para reparar de alguna u otra manera un daño”, dijo.

Lo que ocurre en la actualidad es otro ejemplo, según Cordero, mediante una glosa. “Es que el Estado tenga fondos indemnizables. Es decir, que sean personas que puedan recurrir a fondos establecidos por el Estado con ese fin. Es decir, que no dependan de la gracia de la tramitación de una pensión, que tiene márgenes de discrecionalidad y que se pueden utilizar de modo indebido.
Yo creo que la experiencia de este proceso, mirando además retrospectivamente, es definir el criterio acá. Que fuera muy asociado a los aspectos. Y a las irregulares que se pudieron haber detectado acá. Pero también es muy relevante que el criterio que se define acá. Puede tener efectos hacia atrás. Y por eso había que ser especialmente quirúrgico con el fundamento del retiro de pensiones de gracia”, cerró.