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Fotografías: AgenciaUno
Según el Ejecutivo, son 69 los beneficiados a raíz de las lesiones a manos de agentes del Estado a partir de octubre de 2019. De ellos, 21 recibieron el beneficio en el Gobierno de Sebastián Piñera y 49 en el actual. Los dardos apuntan hacia Manuel Monsalve y su antecesor, Juan Francisco Galli.
El durísimo informe de Contraloría sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social del 2019, conocido ayer, pone nuevamente el foco en el Gobierno y en la prolijidad de sus procedimientos. En dicho documento, se levantaron diversas observaciones a la Subsecretaría del Interior y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por otorgar pensiones de gracia sin respaldo médico y también a personas condenadas por diferentes delitos, algunos de ellos de alta connotación social.
La oposición, a diferencia de las crisis anteriores del Gobierno, cambió su estrategia y no atacará de lleno al Ejecutivo, sino que esperará los movimientos del Presidente Boric para hacer su próximas maniobras. Aunque todas las fuentes de ese sector dicen que ello obedece a que ya asumieron –entre otras cosas– la inutilidad de las acusaciones constitucionales, el escándalo no solo golpea a la actual administración, sino también al Gobierno de Sebastián Piñera, pues casi un tercio de las pensiones cuestionadas fueron concedidas bajo su mandato.
Como informó El Mostrador, la Contraloría General de la República analizó las pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, periodo en el cual se aprobaron 418, por un monto total de $341.260.852. Dependiendo de la gravedad del perjuicio recibido por parte del Estado, se dividen así: los pensionados que recibieron un perjuicio “gravísimo” reciben $567.000; los que sufrieron lesiones graves reciben $425.000; y quienes fueron perjudicados levemente reciben $283.000, aproximadamente.
Entre los aspectos más relevantes se determinó que 10 beneficiarios de la pensión de gracia “no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019”. Por ejemplo, en el detalle se advierte que uno de los beneficiarios tenía en sus antecedentes “una fotografía de una lesión en una pierna. Los informes médicos corresponden a una lesión en la espalda, escoliosis y en ellos no se menciona que es producto del atropello declarado”.
Sin embargo, lo que generó más revuelo en el mundo político fue el hecho de que 58 de los 418 pensionados habían sido condenados anteriormente por otros delitos. “Se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”, detalla el informe.
Bajo reserva, parlamentarios de oposición afirman que esperarán los resultados de la investigación para apuntar a la responsabilidad política de los personeros de Gobierno, pero afirman que el principal implicado que podría asomar es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pues es desde ese organismo que se tramitan las pensiones de gracia. Por cierto, desde el oficialismo los dardos apuntan hacia quien desempeñó el mismo cargo bajo el mandato de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli.
Desde La Moneda se informó que de las 418 pensiones de gracia entregadas, 148 fueron otorgadas por el Gobierno anterior y 270 por el actual. Sin embargo, fuentes de Palacio indicaron que en realidad los condenados serían 69 (11 más que los indicados por Contraloría) y que, de esos, 21 fueron beneficiados por la administración de Sebastián Piñera y 48 por la actual. De esos delincuentes –precisaron las mismas fuentes–, 17 tenían antecedentes por delitos “de alta connotación social”. Cuatro de ellos recibieron la pensión de gracia bajo el mandato del ex Presidente Piñera y 13 después de que asumiera Gabriel Boric. Las mismas fuentes aseguraron que el Mandatario revisará todos los casos y volverá con una decisión tomada al respecto, aunque ayer ya se informó que había revocado la pensión que beneficiaba a un sujeto que tenía una condena por almacenamiento de pornografía infantil.
Sobre el procedimiento mismo de otorgamiento de pensiones de gracia, en Palacio afirman que buscarán modificarlo con carácter retroactivo y realizar sumarios, así como hacer valer las responsabilidades políticas del caso y efectuar propuestas legislativas.
En dicho sentido, quizá lo más novedoso es lo que está ocurriendo en la derecha. En años anteriores, ante una crisis, la oposición aparecía en bloque a exigir responsabilidades políticas mediante acusaciones constitucionales. La exministra del Interior Izkia Siches; la exministra de Justicia Marcela Ríos; el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson; el exministro de Educación Marco Antonio Ávila; y el actual ministro de Vivienda, Carlos Montes, fueron foco de estas estrategias. Si bien muchos de los mencionados ya no forman parte del gabinete, ninguno cayó por las acusaciones e, incluso, con estas se le dio más aire al Gobierno en momentos complejos.
Un ejemplo de que las instancias en el Congreso no tienen un buen destino para la oposición –puntualizan parlamentarios de derecha–, fue el rechazo al informe de pensiones de gracia elaborado por la Comisión de Seguridad de la Cámara, justo ayer, el mismo día en que la Contraloría publicó este informe.
Bajo reserva, parlamentarios reconocen que esta estrategia no llega a buen puerto y es por eso que presionarán por otro lado y esperarán la reacción del Ejecutivo sobre este caso para calibrar las medidas. En definitiva, esperan que el Presidente Boric revoque las pensiones de gracia otorgadas a las personas condenadas y a aquellas que no presentaron antecedentes suficientes para consolidar su calidad de víctimas de violaciones de los DD.HH. Por ahora, afirman que concurrirán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y que aportarán antecedentes a la Fiscalía.
El presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, hizo un emplazamiento directo al Mandatario en ese sentido: “Usted, Presidente de la República, Gabriel Boric, tiene hoy día todos los antecedentes para revocar todas las pensiones de gracia, que son por otra parte fraudulentas”. Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton (RN), apuntó en la misma dirección: “Presidente, usted que tiene estos antecedentes, lo prudente y lo razonable es que lo antes posible deje sin efecto estas pensiones, porque estamos entregándoles recursos de todos los chilenos a delincuentes todos los meses, mientras muchos chilenos no pueden llegar a fin de mes”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció en tanto que “por supuesto que aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no solo con respecto a las pensiones del estallido, estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás”. Sin embargo, se defendió apuntando a que “en Chile hay 18 mil pensiones de gracia y nunca han sido un requisito, para entregarla, los antecedentes penales. Entonces, esto es algo que tiene que modificarse a futuro, eso es lo que nos ha instruido el Presidente”.
Tohá, incluso, apuntó a que el procedimiento no es responsabilidad del Gobierno actual, aseverando que “la opinión del Ejecutivo es que este procedimiento no era el correcto, que debimos haberlo regulado de otra manera en la ley, pero no fue nuestro Gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos”.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien la derecha apunta como uno de los responsables políticos, también reconoció que “nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió haber ocurrido, por lo tanto, es un hecho grave”.
Además, sostuvo que la resolución para la entrega de pensiones de gracia “no establece diagnósticos médicos, habla de afectación”. Eso coincide con la glosa 12 del Presupuesto de 2022 , pero la resolución exenta sobre el procedimiento para otorgar dicho beneficio, que fue firmada el 4 de enero del 2022 –durante el Gobierno de Sebastián Piñera– por el entonces subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, establece que para postular a la pensión de gracia se debe entregar una ficha de solicitud, además del consentimiento informado, antecedentes legales y un certificado de acreditación de afectado “en el contexto de manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, firmados por la autoridad que representa a la institución que lo postula”.
En la misma línea que la jefa de su cartera, Monsalve esquivó la responsabilidad, señalando que “se cumplió rigurosamente con los requisitos que establecía el procedimiento establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero de 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”. Monsalve, además, sostuvo: “Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría que sí fue un error. Pero yo no dicté ese procedimiento”.
Ante ello, Juan Francisco Galli argumentó que “las actuales autoridades deben hacerse responsables de sus acciones, tanto ahora en el Ejecutivo, como cuando fueron parlamentarios”, y explicó que “el procedimiento establecido para el otorgamiento de pensiones de gracia establecía que necesariamente debían entregarse todos los antecedentes médicos para su otorgamiento”.
Por su parte, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), aseguró que los hechos relatados en este informe son –a su juicio– de las cosas más graves que ha visto en el último tiempo, y sobre la respuesta del Gobierno, afirmó que “no me digan que esto es un problema de la ley y que no sabían que había que revisar antecedentes. Esto revela un deplorable uso de las herramientas”.
Otro foco de conflicto para el Gobierno está en el seno de su coalición, pues la diputada comunista María Candelaria Acevedo dijo que había que llevar a Chile ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que se revoquen las pensiones de gracia para las víctimas de violaciones de DD.HH. durante el estallido social. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), respaldó en El Mercurio a la diputada, pues sostuvo que ella “tiene una voz autorizada”, aludiendo a que la parlamentaria y su hermano Galo fueron secuestrados en 1983 por la CNI, en Concepción, lo que llevó a su padre, Sebastián Acevedo Becerra, a inmolarse frente a la catedral de dicha ciudad, exigiendo la libertad de ambos, hecho que se convirtió en un hito en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura.
En esa línea, Carmona fue taxativo en señalar que “yo respaldo la formulación que hizo” (la diputada Acevedo).
Sin embargo, luego de publicado el informe de Contraloría, en conversación con Radio Universidad de Chile, el timonel del PC matizó sus dichos, indicando que “ustedes entenderán que a esos tribunales se llega una vez que se agotan todos los espacios a nivel país y tenemos la plena convicción de que estos temas van a descomprimirse, pero con ejes correctos, mucho antes, a iniciativa del propio Gobierno del cual somos parte”. Más allá del tecnicismo sobre si la instancia existirá o no, insistió en que este “no es un tema que esté planteado en nuestra cabeza ni en nuestras prioridades ni en nuestras diligencias”.
Revisa el informe completo de Contraloría aquí:
Informe 419-2023, Subsecretaría del Interior
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