PAÍS
Imagen: Fiscalía Regional de O’Higgins
El crimen generó indignación en el gremio de los agricultores y camioneros. Estos últimos, le dieron 72 horas al mundo político y al Gobierno para tomar acciones en materia de seguridad. Esta ofensiva, además, logró respaldo en el Parlamento y no solo desde la derecha.
El violento asalto del que fueron objeto los tripulantes de un camión este sábado, en Malloa, en el cual fueron asesinadas dos personas, mientras que un joven de 16 años resultó herido a bala, activó nuevamente las demandas por seguridad del gremio de los camioneros, el cual dio un nuevo ultimátum al Gobierno, a fin de que implemente medidas efectivas para el control de la delincuencia.
Como informó El Mostrador, los hechos ocurrieron cuando los agricultores Francisco Mora y Raúl Cid regresaban junto al hijo del primero a la Región de O’Higgins, luego de vender su producción de tomates a la feria Lo Valledor (en Pedro Aguirre Cerda), pero en el acceso a Malloa, por la carretera de la fruta, fueron interceptados por cuatro delincuentes que se movilizaban en un Nissan Versa, con el aparente fin de robarles el dinero que traían producto de la venta. Sin embargo, dispararon en forma casi inmediata contra los ocupantes del móvil, resultando solo con vida el joven. Luego de ello, los criminales se dieron a la fuga en dirección a Santiago.
El adolescente logró dar aviso del hecho a Carabineros, el que montó un fuerte operativo en terrestre y aéreo, que dio frutos a la altura de Buin, donde personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) logró interceptar el automóvil y arrestar a sus ocupantes, todos los cuales son venezolanos. Se trata de José Sánchez Álvarez, Manuel Mercado Castillo, Dayan Sánchez Jiménez y José Mojano Garrido.
En la mañana de hoy, a los sujetos se les efectuó el respectivo control de detención ante el Juzgado de Garantía de Rengo, pero se pidió ampliar el plazo de privación de libertad de los imputados, a la espera de una serie de diligencias que la Fiscalía encargó a la Brigada de Homicidios de la PDI, la cual –entre otros hechos– está tratando de determinar si los arrestados poseen alguna vinculación con alguna organización criminal, como “Los Piratas del Tren de Aragua”, que está operando en ciudades como Rancagua, San Fernando, Santa Cruz y, por supuesto, en Santiago. La audiencia de formalización, por ende, quedó fijada para el miércoles a las 11:00 horas.
Frente a lo ocurrido, que se suma a otros hechos de extrema violencia con menores víctimas, como el niño de 12 años que fue asesinado el viernes en Pudahuel, el vocero de la Asociación Gremial de la Región O’Higgins (Asgro), Camilo Jiménez, dijo que “hacemos un llamado a las autoridades: les damos 72 horas para que den una solución real al tema delictual en nuestro país. No puede ser que sigan muriendo y acribillando gente inocente, gente trabajadora en nuestras carreteras“.
A través de un video, Jiménez sostuvo que su entidad estaba “en conversaciones” con Cristián Sandoval, de la Federación Fuerza del Norte, y Freddy Martínez, de la Federación Centro Sur.
La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), a través de un comunicado, informó que “se hace parte de la querella contra los responsables de estos brutales y cobardes homicidios”.Además, advirtió acerca de “la desprotección en que se encuentran miles de transportistas que a toda hora usan las carreteras y caminos y están expuestos a asaltos mortales a manos de criminales armados”.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), por su parte, también condenó el asesinato de los agricultores y aseveró que “el actuar de los delincuentes debe ser sancionado con el máximo rigor de la ley”. Sobre eso, agregaron que es el Estado el que “debe dar protección a los ciudadanos” y que por eso es que “solicitamos al Gobierno que cumpla con su obligación de resguardar debidamente el orden público y adoptar las medidas para que se castigue a quienes atentan contra la vida y el trabajo de las personas“.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el tema en “Mesa Central” de Canal 13. Ahí, comentó que hay un espacio de trabajo que está llevando adelante el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, junto a los camioneros “para pensar en medidas para ellos”. Tohá, además, destacó la labor de Carabineros, a propósito de que logró detener a los cuatro imputados, aseverando que “estamos teniendo una capacidad de respuesta policial que ha ido creciendo sustantivamente”.
Tohá informó que la próxima semana, luego de reuniones con las distintas policías, el Ministerio Público y las municipalidades, “vamos a tener esa agenda ya definitiva y la vamos a anunciar formalmente, pero hay un avance bastante claro en la dirección que vamos a ir”.
Por su parte, el diputado PPD Raúl Soto aseguró que “el diagnóstico ya está claro. Llegó la hora de actuar con medidas drásticas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado”. El parlamentario oficialista reveló que solicitaron que se comience a preparar “contingente militar para ser utilizado para complementar los esfuerzos policiales en labores de seguridad ciudadana“. Aclaró que la propuesta no apuntaba a “quitar libertades a los chilenos, sino para resguardar la seguridad de nuestros compatriotas“.
Soto aclaró que las vías para lograr esto son, por un lado, activar un Estado de Excepción o la Ley de Infraestructura Crítica, y será el Gobierno el que determine cuál es la mejor opción, pero sí destacó que las capacidades militares “no se pueden seguir desaprovechando”, pues “hay recursos humanos, hay armamento, hay tecnología, hay inteligencia en las Fuerzas Armadas. Ocupémosla y despleguemos todos los recursos y las capacidades del Estado para liderar una batalla frontal contra el crimen organizado”, señaló.
Por último, el parlamentario advirtió que la crisis migratoria irregular es uno de los factores que ha afectado en la crisis de seguridad: “Basta de romantizar la migración irregular, es la hora de fortalecer el control fronterizo en el norte teniendo de forma permanente, 24/7, el control policial y militar“. Sobre eso, dijo que se le envió un oficio a Cancillería y, además, propuso una “operación rastrillo liderada por el Ministerio Público“, que identifique a delincuentes migrantes irregulares y “llevarlos frente a la justicia y, en los casos que amerite, expulsarlos”.
Por su parte, el diputado por la Región de O’ Higgins, Diego Schalper (RN), declaró que “vamos a defender a los agricultores con toda la fuerza que nos permite la ley y le vamos a exigir al Presidente que no solo suspenda sus vacaciones, sino que se ponga a la cabeza de la crisis y nos diga cómo va a proteger a los campesinos, a los agricultores, a los trabajadores, a los camioneros, para que puedan hacer su trabajo“.
Además, agregó que “el presidente Boric tiene que disponer las medidas necesarias para permitir que el mundo de la agricultura pueda hacer su trabajo”.
La senadora por la Región de O’Higgins, Alejandra Sepúlveda (IND), quien además integra la Comisión de Agricultura, se refirió al llamado de los trabajadores transportistas, señalando que “comparto absolutamente la indignación que tienen hoy día los camioneros de Chile y espero que el Gobierno pueda definir, en conjunto con ellos, lo antes posible cuáles son esos puntos críticos y, además, la coordinación urgente que tenemos que tener con las concesionarias“.
La senadora explicó también que no se refiere “solo a la Ruta 5, sino con todas las concesiones que tenemos en el país, ellos tienen una información valiosísima, que la tienen al instante, y esa información tiene que estar coordinada con las policías. Ahí hay un trabajo fino que deberíamos realizar con los vehículos robados y con las patentes adulteradas, eso se puede identificar casi inmediatamente”.
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