La parlamentaria destacó que con las pensiones de gracia, el Estado reconoce haber violado los DDHH, pero resaltó que Carabineros nunca ha hecho un mea culpa por lo sucedido en el estallido. Fries subrayó la importancia de la reparación, independientemente de antecedentes y el gobierno de turno.
La parlamentaria destacó que a través de las pensiones de gracia, el Estado reconoce haber violado los derechos humanos, pero resaltó que Carabineros nunca ha hecho un mea culpa por lo sucedido desde octubre del 2019. Fries subrayó la importancia de la reparación, independientemente del gobierno en turno.
En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, la diputada Lorena Fries (CS) abordó con firmeza y preocupación el reciente informe de Contraloría que pone al descubierto serias deficiencias en la validación de antecedentes para la asignación de pensiones de gracia a los afectados durante el estallido social de octubre de 2019.
El informe de Contraloría reveló que en 19 casos no se contaba con informes médicos que respaldaran las lesiones de los postulantes, cuestionando así su calidad de víctimas de abusos del Estado. Además, en 10 casos los documentos eran ilegibles. La ministra del Interior, Carolina Tohá, incluso adelantó que 25 de estos beneficios serán revocados en las próximas semanas.
Todo apunta al proceso de acreditación realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pero también a la gestión del Departamento de Acción Social (DAS) de la Subsecretaría del Interior.
La diputada Fries, exdirectora del INDH (2010-2016), contextualizó la situación remontándose a la aprobación de una glosa en el Congreso después del estallido, otorgando al mencionado instituto la capacidad de acreditar violaciones y afectaciones a derechos. Sin embargo, al año siguiente, mencionó la parlamentaria, el gobierno de Piñera introdujo una glosa que eliminaba la idea de violaciones a los derechos humanos, centrándose en “afectaciones graves y menoscabo laboral“, algo que el INDH no estaba facultado para esclarecer.
“El INDH solo podía hacer esto en virtud de la primera glosa y no de la segunda, y eso explica por qué el INDH empieza a decir que no tienen ninguna capacidad de señalar el menoscabo laboral”, recalcó.
Cabe mencionar que, tras el informe del ente contralor, la directora del INDH, Consuelo Contreras, señaló que en septiembre del año 2022 informó al Presidente Gabriel Boric sobre la imposibilidad de seguir acreditando las consecuencias físicas de violaciones a los derechos humanos para pensiones de gracia. Desde el INDH aseguraron que su oficio no fue respondido por el Gobierno. No obstante, la ministra Tohá declaró que sí se contestó.
Según relató la diputada Lorena Fries, debería haberse creado una comisión de verdad y reparación para acreditar individualmente a las víctimas y luego presentar un proyecto de ley para reparar a esas personas. “Nada de eso ocurrió”, afirmó, añadiendo que “se fue confundiendo la gracia que otorga el Presidente de la República y la obligación que tiene el Estado de reparar a cualquier víctima que haya sido producto de violaciones a los derechos humanos durante la revuelta”.
La parlamentaria frenteamplista señaló que en este punto entra el factor político, porque “lo que hace la oposición es querer homologar el estallido social a un estallido delincuencial, como si eso pudiera justificar los abusos que cometió carabineros mayoritariamente durante el proceso del estallido social“, cuestionó.
En ese sentido, Fries, subsecretaria de DDHH durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostuvo que los antecedentes penales nunca han sido un elemento obligatorio para la reparación y destacó que de los 19 casos cuestionados por antecedentes médicos poco claros, 9 ya han sido resueltos con la entrega de más antecedentes por parte del INDH.
“A las personas víctimas de prisión preventiva y torturas durante la dictadura, jamás se les pidió antecedentes”, manifestó.
La legisladora resaltó que las compensaciones como las pensiones de gracia no solo representan una compensación sino también la restitución de derechos de las víctimas. “El Estado asume públicamente que violó los derechos humanos”, afirmó, señalando que, sin embargo, “Carabineros de Chile jamás ha pedido disculpas de lo que pasó durante la revuelta“.
En un momento en el que la opinión pública muestra su descontento con la presencia de personas con antecedes penales que reciben una pensión de gracia, Fries reconoció la impopularidad de su postura, pero subrayó la importancia de comprender que, bajo cualquier gobierno, cuando el Estado se excede, tiene la obligación de reparar. “Es súper impopular lo que estoy diciendo en este minuto”, admitió, pero hizo hincapié en la necesidad de mantener las pensiones de gracia como un acto de justicia hacia las víctimas.
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