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Foto: Agencia UNO
La Moneda calificó como muy grave la resolución del juez Daniel Urrutia al otorgar el beneficio de las videollamadas a reos del Tren de Aragua. Por otro lado, valoraron la acción de Gendarmería, quienes recordaron que desde el mismo penal enviaron amenazas de muerte al ministro Luis Cordero.
El juez Daniel Urrutia ha generado críticas luego de que el 25 de enero autorizara que cuatro reos, miembros del Tren de Aragua, accedieran al beneficio de realizar videollamadas a sus familiares desde su encierro. Esto, cuando los prisioneros residen en la cárcel de alta seguridad condenados por crímenes de extorsión, trata de personas homicidios y secuestros. El Gobierno, calificó el hecho como “muy grave”.
El subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, explicó que “toda la experiencia mundial dice que para la lucha contra el crimen organizado el aislamiento de sus líderes es determinante, por algo están destinados a recintos de alta seguridad”. Por eso, agregó el funcionario, es que “la resolución del juez del séptimo juzgado de garantía nos parece un hecho grave que no debería permitirse”.
Por otro lado, Monsalve valoró la acción Gendarmería de Chile al generar dos recursos alertando sobre la medida, los cuales fueron rechazados por el séptimo juzgado. Luego, Gendarmería recurrió a la Corte de Apelaciones y el 2 de febrero, esta instancia decidió no innovar, es decir, le dio la razón a Gendarmería y se impidió que la medida se llevase a cabo
El subsecretario agregó, sobre esto último, que es importante valorarlo como una señal, dado que “si queremos efectivamente proteger la seguridad del país, las señales de lucha contra organización criminales y contra sus líderes tienen que ser muy claras”. En cuanto a la decisión del Juez Urrutia, Monsalve apuntó que “es una señal que va en el sentido contrario, por eso que la consideramos grave, creemos que no debió haber ocurrido” y “que no debe ocurrir en el futuro”.
Cabe mencionar que, antes de que Gendarmería recurriera al tribunal de alzada para paralizar la decisión del juez Urrutia, la institución ya había intentado convencer al propio magistrado de revertir su resolución, recordando las amenazas de muerte emanadas desde el mismo penal hacia el ministro de Justicia, Luis Cordero.
El 24 de enero, el abogado de Gendarmería, Sebastián Ramírez, expuso ante el tribunal que “lo resuelto por el tribunal ha impedido el mandato legal y reglamentario que se le ha ordenado a cumplir a Gendarmería de Chile, poniendo en jaque la Administración Penitenciaria, dado que el perfil de la población penal del R.E.P.A.S (la Cárcel de Alta Seguridad) pertenecen a Bandas Criminales organizadas, asociadas a elementos delictivos que permean altamente la seguridad no sólo del resto de la población penal sino de la seguridad nacional”.
El abogado agregó que “es consabido que durante el mes de enero se han realizado una serie de acciones atentatorias a las inmediaciones del R.E.P.A.S. a través de rayados y el uso de extintores, llegando inclusive a amenazar de muerte al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y a la Jefatura de la referida Unidad Penal, encontrándose actualmente en trámite una querella interpuesta contra quienes resulten responsables, la cual se ventila ante vuestra magistratura, por lo cual este Servicio debe extremar y velar todas las medidas de seguridad que vayan en resguardo a que el régimen interno del penal no se vea afectado por decisiones y acciones que permitan vulnerar la seguridad e impida de esta forma dar cumplimiento al mandato legal de Gendarmería de Chile”.
El Congreso también avanzó en sus críticas. Parlamentario de oposición, incluso, pidieron la salida del juez Urrutia del Poder Judicial. La diputada RN Camila Flores sostuvo que “el juez Urrutia es un peligro para nuestra sociedad. Su actuar ha estado lleno de activismo judicial. Se ha dado gustitos personales para fallar políticamente, en ningún caso con objetividad, sino que siempre de manera subjetiva”. Flores, agregó: “Yo no sé qué más tiene que pasar para que en el Poder Judicial saquen a este juez”.
La parlamentaria del PDG Karen Medina se sumó a las peticiones para remover al juez: “A lo largo de su trayectoria profesional, el juez Urrutia ha demostrado ser un abanderado de los DD.HH., pero no precisamente de los derechos humanos de todos los chilenos, sino que de los delincuentes. Y hoy día es muy peligroso que esta persona esté en un cargo de poder en la justicia con estos antecedentes y con estos comportamientos”.
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