PAÍS
Crédito: Agencia Uno
El magistrado reafirmó su criterio de conceder las videollamadas para favorecer la socialización. Los beneficiados están imputados por amenazas a fiscales, secuestro y descuartizamiento. Además, advierte a la Corte que recibió siete amenazas de muerte desde que su decisión se convirtió en polémica.
El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia -en el ojo del huracán por autorizar a cuatro reos del Tren de Aragua a realizar videollamadas y recibir visitas conyugales desde el interior de la Cárcel de Alta Seguridad- entregó un informe a la Corte de Apelaciones argumentando su decisión. Además señaló haber recibido más de 7 amenazas de muerte desde que su autorización se convirtió el polémica.
La decisión del juez Urrutia benefició a José Candurín Meléndez y Yondri Javier Martínez Garcés -ambos investigados por amenazas de muerte a fiscales y jueces, descuartizamiento y secuestro extorsivo- así como también a David Fuentes Escalona y Ovicmarlixón Garcés Briseño, imputados por el homicidio del suboficial Daniel Palma en 2023.
El magistrado entregó un informe, de una página, a la Corte de Apelaciones, donde argumenta -citando seis convenios internacionales sobre Derechos Humanos y sobre detención de presos en prisión preventiva- su decisión de autorizar a reos peligrosos realizar las videollamadas desde el interior de la Cárcel de Alta Seguridad.
“Previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento, y por tanto, analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones que se establecieron en la visita”, dice Urrutia.
El magistrado indica que se basó en una serie de tratados internacionales sobre el trato a presos, para indicar que el contacto con familiares es positivo para la socialización de los reos.
“Por tanto analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de 7 meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones que se establecieron en la visita. Se hace presente que todos tienen calidad de imputados, debiendo ser tratados de acuerdo al principio de inocencia(…)”, señala además el informe.
En el documento, junto con argumentar su decisión, el juez Urrutia también sostiene que desde que se conoció la noticia – este jueves- ha recibido más de 7 amenazas de muerte en redes sociales.
“Asimismo debo comunicar a SS Iltma, que a propósito del modo en que la noticia fue entregada a los medios de comunicación, he recibido más de siete amenazas de muerte por redes sociales, las cuales ya fueron denunciadas al Ministerio Público”, advierte el informe del magistrado.
