PAÍS
La vocera del Ejecutivo condenó las amenazas a autoridades y sugirió que las videollamadas a reclusos aprobadas por el juez Urrutia podrían afectar los planes del Gobierno contra el crimen. Vallejo subrayó el aislamiento de presos peligrosos para prevenir actividades delictivas desde las cárceles.
El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, se encuentra en el ojo del huracán por autorizar a reos del Tren de Aragua a realizar videollamadas y recibir visitas conyugales desde el interior del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS). Urrutia dijo haber recibido más de siete amenazas de muerte desde que su autorización se convirtió en polémica.
Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, si bien condenaron las amenazas recibidas por el juez Urrutia, afirmaron que de todas formas su decisión no contribuye en nada a su estrategia contra el crimen.
“El especial esfuerzo de nuestro gobierno se centra en tener una política nacional contra el crimen organizado”, declaró la ministra Camila Vallejo, desde La Moneda, destacando los recursos y modificaciones legales destinados a fortalecer la persecución de este tipo de delitos. “Hemos creado una institucionalidad a nivel nacional para obrar específicamente en la persecución del crimen organizado y que este pague con las penas más altas en la cárcel”, añadió.
La ministra vocera de Gobierno subrayó la importancia del aislamiento de los reclusos peligrosos como una clave para prevenir la operación del crimen desde las cárceles. En este sentido, expresó preocupación por la decisión del juez Urrutia, señalando que podría tener un impacto negativo en la estrategia gubernamental.
“Esto, a juicio del Ejecutivo, evidentemente no contribuye. Pueden haber razones por parte del juez, legítimas, pero la verdad es que el impacto que pueda tener desde el punto de vista de la estrategia contra el crimen organizado puede ser complejo y, por lo tanto, no nos parece”, afirmó Vallejo.
En ese sentido, la secretaria de Estado recalcó que aunque el poder sea autónomo, la decisión del magistrado, “no ayuda en nada a nuestra estrategia contra el crimen”.
Además, la ministra Vallejo condenó enérgicamente las amenazas de muerte dirigidas al juez Urrutia, enfatizando que nadie, especialmente las autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial, debería actuar bajo amenaza. Sin embargo, no confirmó si se tomarán medidas adicionales de protección desde el gobierno hacia el magistrado.
Cabe mencionar que una serie de panfletos fueron lanzados afuera del REPAS, con imágenes del ministro de Justicia, Luis Cordero, del director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, y de la alcaide del recinto, Fabiola Valladares. En ellos, las autoridades eran representadas con pistolas apuntando hacia ellos y líneas rojas en forma de X sobre sus cuerpos.
El Gobierno buscar remarcar su compromiso continuo en la lucha contra el crimen organizado y su preocupación por decisiones judiciales que puedan obstaculizar esta estrategia nacional.
Desde el oficialismo, el diputado del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, afirmó que estamos frente a una “pésima” decisión que además, a su juicio, es ilegal.
“Lo que hace el juez Urrutia es establecer una excepcionalidad a la norma que se aplica por parte de Gendarmería en las cárceles de alta seguridad. La pregunta es por qué estos reos van a tener una excepción a la norma general a cualquier persona que quiera ir a visitar a un reo a una cárcel de alta seguridad. Por lo tanto, establecer una excepción, una manera alternativa de comunicación, no corresponde. Menos frente a la peligrosidad que estos reos significan para el país”, dijo el diputado liberal.
Mirosevic, expresidente de la Cámara, sentenció que “el juez Urrutia ha puesto en peligro la seguridad del país y desde ese punto de vista es una decisión ilegal y además inaceptable”.
La decisión del juez Urrutia también motivó una presentación de Gendarmería ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Desde la oposición, la directiva de la UDI hizo un llamado a la Corte Suprema para que suspendan al juez Urrutia. Ante esto, el senador Iván Moreira aseguró que el juez no puede sobrepasar “la seguridad nacional”.
En medio de la polémica generada por la controvertida decisión del juez Daniel Urrutia, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió este lunes 19 de febrero con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Durante el encuentro, Cordero expresó su preocupación, argumentando que la determinación del magistrado “infringe las normas que regulan el derecho penitenciario, particularmente aquellas vinculadas a establecimientos de alta seguridad”.
El ministro enfatizó que, según la postura del Ejecutivo, las comunicaciones telemáticas en este tipo de establecimientos deben estar completamente restringidas, y que la posibilidad de permitir videollamadas desde estos centros con personas fuera del país compromete la seguridad del establecimiento y su condición de máxima seguridad. Cordero aclaró que la discusión no gira en torno al derecho de los presos a recibir visitas, sino a la comunicación telemática con individuos fuera de la prisión. La reunión tuvo lugar en un contexto de debate sobre la adecuación de las medidas penitenciarias en el país.
