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Durante 20 años, el juez Daniel Urrutia cultivó el perfil de “niño terrible”. Primero, por su estilo transgresor y luego, por causar problemas. La brújula del poder hoy lo marca en rojo, con sus bonos a la baja, por conceder beneficios a algunos de los más peligrosos miembros del crimen organizado.
La expresión L’enfant terrible ha tenido diferentes acepciones desde mediados del Siglo XIX con la aparición de las ilustraciones del caricaturista Paul Gavarni en la serie “Infantes terribles”, que describía a niños insoportables, y la novela del surrealista Jean Cocteau que, en el primer tercio del Siglo XX, apuntaba a los infantes difíciles, de comportamientos irascibles. Pero no fue hasta ya entrado el siglo pasado, cuando la expresión comenzó a tomar su significado actual y que, dependiendo del contexto, puede significar una u otra cosa.
Por un lado, ‘Lenfant terrible se usa para describir a personas jóvenes y exitosas, en el campo del arte o la cultura, al sorprender por sus nuevos enfoques, transgresión y visión rupturista y no tradicional. Y, por otro, la expresión se usa en sentido figurado para calificar a una persona adulta que coloca a los demás en una posición incómoda, los confunde, caracterizado por un comportamiento provocador y excéntrico.
El juez el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, se siente identificado con la primera acepción. La idea de la transgresión y visión rupturista de la justicia se alinea con su personalidad, al punto que durante años mantuvo un estado de WhatsApp con el nombre L’enfant terrible. Su última polémica -ciertamente terrible- al conceder beneficios penitenciarios a reos de la cárcel de Alta Seguridad, acusados de actos terribles, como mutilaciones, secuestros, descuartizamientos y amenazas de muerte a la autoridad, lo ha ubicado junto al significado menos glamuroso de la acepción: el del adulto incómodo, de actitud infantil, que genera ansiedad y causa problemas por su descriterio.
En un momento en que la penetración del crimen organizado en la sociedad chilena tiene a las policías y al Gobierno en constante estado de alerta, debatiendo el asunto con las principales autoridades del país en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), y las encuestas revelan el aumento de la sensación de inseguridad de la sociedad, por el grado de violencia en ascenso de los actos criminales, el juez Urrutia decide actuar a contracorriente y otorgar beneficios carcelarios, precisamente a los más peligrosos miembros del Tren de Aragua, que están tras las rejas en la cárcel de Alta Seguridad por su profundo compromiso criminógeno y una exposición de violencia brutal en sus hechos.
Durante 20 años el juez Daniel Urrutia ha navegado a sotavento, y aunque ha estado muchas veces a punto de naufragar o encallar en la orilla, ha logrado sortear el mal tiempo y mantenerse a flote. El punto de partida en el campo de la controversia comenzó nada más debutó como juez de Garantía e inició un estudio de posgrado en Derechos Humanos. Una copia de su tesis se la envió a los ministros de la Suprema. No obtuvo felicitaciones, sino sanciones por el atrevimiento de emplazar a los máximos representantes de la justicia a asumir su responsabilidad en la denegación de justicia en tiempos de la dictadura. Se sintió perseguido y denunció al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casi 15 años después, el CIDH falló a su favor y condenó al Estado por vulnerar el derecho a la libertad de expresión del juez.
Entre tanto, cada cierto tiempo, sus decisiones acumulan críticas, siendo algunas de estas impugnadas por los superiores jerárquicos de los jueces de Garantía: los ministros de la Corte de Apelaciones. De esa relación han surgido profundas asperezas que -para algunos- fueron formando, a la altura de hoy, una costra difícil de quitar y a la que el juez ha logrado hacer el quite exponiendo la debilidad de las críticas en su contra. Así lo hizo la primera vez. Para evitar ser expulsado del Poder Judicial por acumular varias sanciones dentro de un mismo año, inició su exilio académico en México donde hizo crecer su fama de niño terrible al denunciar la persecución en su contra. Cuando ha requerido de ayuda en estos años, la comunidad internacional, ligada a los derechos humanos, no ha escatimado en brindarle apoyo cerrado, enviando cartas y exponiendo su caso en tribunas extranjeras, que lo han puesto al lado de Baltazar Garzón o del juez, Juan Guzmán Tapia. Algo que lo llena de orgullo, pero que despierta recelo entre sus pares, quienes aprecian mas una actitud egocentrista, que una real convicción de hacer respetar los derechos de quienes reciben la sanción del Estado.
En las dos décadas que lleva siendo juez, Daniel Urrutia ha enfrentado 12 procesos disciplinarios con distinta suerte, pero que, cada cierto tiempo, elevan su exposición mediática. Ejemplo de eso fue cuándo decidió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a una docena de imputados por desórdenes y que adscribían a la llamada “primera línea”. La Corte revirtió la medida y el juez contraatacó querellándose contra 12 ministros de Apelaciones y una jueza de la Suprema. Hubo semanas, al interior del Poder Judicial, en que no se habló de otra cosa. Entre más lo atacaban, mayor exposición se hacía de su causa. Algo similar ocurrió durante la pasada Convención Constitucional, donde Urrutia emitió su opinión sobre las fallas del sistema de justicia y la responsabilidad de algunos jueces en una mala aplicación de la ley. Otra vez fue sancionado y su fama, ciertamente por el lado de la izquierda, otra vez volvió a crecer sumando por miles a nuevos seguidores en sus redes sociales.
La exposición de hoy parece distinta. El destino de su controversial decisión está en las manos de sus pares de Garantía, luego que Gendarmería pidiera dejar sin efecto los beneficios a los miembros del Tren de Aragua. Al Gobierno lo tiene en contra, al desestimar como peligrosos sus argumentos de justificación de la medida, citando las leyes Mandela para una mejor sociabilización de los internos, en circunstancias de que se trata de delincuentes acusados de los peores delitos de nuestro ordenamiento jurídico; a los parlamentarios de derecha e izquierda los tiene en contra, algunos miembros de la asociación de magistrados -entidad a la que renunció- también están en contra, además de abogados, policías y gendarmes.
La diferencia con todos los casos anteriores que ha logrado sortear, es que hoy los seguidores del enfant terrible están silentes, y está por verse si la comunidad internacional, esta vez, sale en su rescate.
