Opinión
En conclusión, es hora de que Chile levante la mirada y explore opciones que van más allá de los enfoques tradicionales. La inclusión de estrategias de legalización y regulación en el debate público podría enriquecer significativamente la discusión.
En el actual debate sobre el narcotráfico y el crimen organizado en Chile, es sorprendente observar cómo se centra predominantemente en enfoques y medidas tradicionales. Esta limitación en la discusión pública evidencia una falta de consideración hacia alternativas más innovadoras y posiblemente más efectivas, que han sido exploradas, aunque escasamente aplicadas en otras partes del mundo.
El avance sin precedentes de estos fenómenos en la última década, está llevando a Chile, al igual que muchos países, ha adoptar una postura predominantemente punitiva y represiva en su lucha contra el narcotráfico. Este enfoque se caracteriza por el endurecimiento de la ley y su aplicación, estrategias policiales y, en algunos casos, intervenciones militares. A pesar de la inversión significativa de recursos y esfuerzos en estas estrategias, los resultados a largo plazo han sido cuestionables en prácticamente todo el mundo. La persistencia del narcotráfico y el aumento de la violencia relacionada con este, recomendarían razonablemente, necesidad de reconsiderar y expandir el enfoque.
Lo que sorprende en el contexto chileno es la resistencia a considerar en el debate público estrategias alternativas, como la legalización y regulación de ciertas drogas. Estas alternativas, aunque implementadas de manera limitada a nivel global, han mostrado resultados prometedores donde se han llevado a cabo. Por ejemplo, la experiencia de Portugal en la despenalización del consumo todas las drogas de consumo personal y su enfoque en la salud y la prevención ha sido ampliamente reconocida por su éxito en la reducción del consumo problemático y la mejora de la salud pública.
La legalización del consumo y comercialización de al menos ciertos tipos de drogas, propuesta como una alternativa pragmática, podría ofrecer un enfoque más integral y humano. Este enfoque permitiría tratar el consumo de drogas como un asunto de salud pública, abordándolo a través de la educación, prevención y tratamiento, a la vez que se elimina la rentabilidad que el mercado ilegal ofrece al crimen organizado. Sin embargo, en Chile, este debate parece estar ausente o es marginal en las discusiones políticas y públicas.
Es esencial que Chile amplíe su perspectiva y considere seriamente estas alternativas. El reconocimiento de que las estrategias represivas tienen limitaciones claras y la necesidad de un enfoque más holístico y basado en evidencia es crucial. La legalización y regulación de drogas no deben ser vistas como un tabú, sino como una posible parte de un conjunto más amplio de estrategias que aborden el problema del narcotráfico y el crimen organizado de manera efectiva y sostenible.
En conclusión, es hora de que Chile levante la mirada y explore opciones que van más allá de los enfoques tradicionales. La inclusión de estrategias de legalización y regulación en el debate público podría enriquecer significativamente la discusión y potencialmente llevar a soluciones más efectivas y humanas para un problema que afecta profundamente a la sociedad chilena. La reevaluación y el debate sobre las políticas de drogas deben ser enriquecidos con perspectivas que consideren no solo la viabilidad política, sino también la eficacia a largo plazo, la equidad y la salud pública.
