La Moneda confirmó el secuestro de Ronald Ojeda Moreno, reiteró el carácter secreto de la investigación y ordenó el refuerzo de controles fronterizos, solicitando la intervención de Interpol. Además, se descartó haber contactado a autoridades venezolanas con respecto a este hecho.
La investigación de este incidente ha sido asignada al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, manteniendo el carácter secreto de la misma, como lo ha declarado la Fiscalía a cargo. En ese sentido, el subsecretario Monsalve enfatizó la importancia de resguardar la integridad física del afectado y su familia, así como la necesidad de colaboración y responsabilidad en la divulgación de información relacionada con el caso.
“Quiero recordar que la Fiscalía ha declarado esta investigación como secreta. Esto es bien relevante, por lo tanto es imposible entregar información del detalle de la investigación”, declaró el funcionario del Ministerio del Interior, tras una reunión en La Moneda con la titular de la cartera de Seguridad Pública, Carolina Tohá, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, y el ministro de Justicia, Luis Cordero.
La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el secuestro del teniente Ronald Ojeda Moreno, uno de los 33 militares que Nicolás Maduro degradó y expulsó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por “conspiración”. Según informó personal policial, el ciudadano venezolano fue secuestrado en su domicilio ubicado en la comuna de Independencia, “por sujetos que se hacen pasar por PDI”.
Ante la multiplicidad de hipótesis que han surgido, como la intervención de militares venezolanos en el secuestro, el Gobierno chileno ha ordenado el reforzamiento de los controles fronterizos a través de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Asimismo, se ha solicitado una alerta a Interpol y se han activado medidas de seguridad en distintos puntos fronterizos, coordinadas por el Ministerio de Defensa.
Monsalve recalcó que es importante saber que, según lo establece la ley de refugio chilena, se prohíbe divulgar información sobre las personas que solicitan o han sido otorgadas refugio en el país. Por lo tanto, el Gobierno se abstiene de confirmar o descartar detalles relacionados con la situación migratoria del ciudadano venezolano involucrado en el presunto secuestro.
“El Gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles”, señaló el subsecretario, junto con remarcar que el Gobierno “no va a confirmar ni va a descartar esa información porque la ley se lo prohíbe”.
El subsecretario Monsalve finalmente reiteró la disposición del Gobierno para colaborar con la investigación, mientras se insiste en la necesidad de respetar el carácter reservado de la misma y dejar que el Ministerio Público determine las hipótesis pertinentes.
Hasta el momento, no se ha establecido contacto con autoridades venezolanas en relación con este incidente.