PAÍS
La víctima es Ronald Ojeda Moreno, un teniente coronel en retiro de Venezuela que está en calidad de refugiado político en Chile. La PDI está a cargo de la investigación, decretada como secreta, mientras que el equipo del fiscal regional sur, Héctor Barros, lidera la pesquisa. [EN DESARROLLO]
Se confirmó el secuestro de un ciudadano venezolano esta madrugada, entre las comunas de Renca e Independencia, en Santiago. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI está a cargo de la investigación que fue decretada como secreta.
Según información preliminar, la víctima es Ronald Ojeda Moreno, un teniente coronel en retiro de Venezuela que está en Chile en calidad de refugiado político. En su cuenta de la red social X, Ojeda Moreno se define a sí mismo como “Expreso Político”.
El tema es que no se trataría de un hecho fortuito. Iván Simonovis, excomisionado Especial de Seguridad de Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, denunció en sus redes sociales que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana se infiltraron en territorio chileno y secuestraron al desertor.
“En una incursión ilegal Alexander Granko planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile. La madrugada de hoy funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al Tte Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero”, agregó Simonovis, junto a un video. Granko es un Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana.
En una incursión ilegal Alexander Granko planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile.
La madrugada de hoy funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al Tte Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero. pic.twitter.com/mjjDvqPS4x— Iván Simonovis (@Simonovis) February 21, 2024
Según informó el Ministerio Público, el equipo del fiscal regional sur, Héctor Barros, está liderando la investigación del secuestro. Desde Fiscalía señalan que el Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) está realizando diligencias para establecer naturaleza del hecho, cuyos antecedentes por el momento son reservados.
Lo último que se sabe es que se encontró un auto con evidencia del secuestro en plena autopista. Mientras tanto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, llegó hasta La Moneda, para sostener una reunión con la ministra del Interior Carolina Tohá y subsecretario de la cartera de Seguridad Pública Manuel Monsalve.
Ojeda Moreno afirma que en marzo de 2017 fue secuestrado por “el régimen”. Alega que fue trasladado al DGCIM y torturado en Venezuela, pero que 249 días después logró escapar de la cárcel de Ramo Verde.
Según consignó Radio Biobío, el diputado Tomás de Rementería, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó como “gravísimo” el posible involucramiento de una operación de inteligencia extranjera en Chile, y anunció que solicitará citar a las autoridades de los órganos de inteligencia en la Comisión de Inteligencia de la Cámara y en la Comisión de Relaciones Exteriores para analizar la situación.
De acuerdo al citado medio, el Gobierno le concedió asilo político a Ojeda Moreno a fines del año 2023.
En noviembre de 2022, Ojeda Moreno se manifestó frente a La Moneda para protestar en contra de las negociaciones que en ese momento sostenían la oposición venezolana y el chavismo en México. Ese día, el militar venezolano se arrodilló frente al Palacio de Gobierno y desplegó un cartel en el que también pedía por la liberación de los presos políticos en Venezuela.
La defensa de los tres jefes de campaña de la candidata presidencial opositora venezolana María Corina Machado, detenidos el pasado 23 de enero por su vinculación en “tramas conspirativas” contra el gobierno de Nicolás Maduro, denunció la semana pasada que continúan en situación de “desaparición forzada”.
En una rueda de prensa, el abogado Omar Mora Tosta recordó que fue tres días después de su “desaparición” cuando el Ministerio Público confirmó que Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López habían sido detenidos y acusados de participar en una trama conspirativa en la que, supuestamente, se encargaban de la logística “para el grupo terrorista que pretendía asaltar varios cuarteles militares”.
Desde entonces, aseguró el letrado, estas personas se encuentran en paradero desconocido, y ni su familia ni el equipo de defensa saben dónde están recluidos, pese a haber visitado los lugares en los que podrían encontrarse.
“Hemos transitado todas las instituciones, todos los recintos policiales en donde supuestamente deberían estar detenidos y no aparecen”, explicó Mora, quien recordó que, el día 31 de enero, se presentó un habeas corpus “para proteger sus derechos humanos, saber dónde están, quien los tiene, bajo qué circunstancias están detenidos”.
Según el abogado, el tribunal al que le correspondía responder tras la presentación del documento, “de conformidad con lo que establece la Ley de Amparo”, no lo hizo, “lo cual es gravísimo como precedente, desde el punto de vista legal en Venezuela”.
Recordó que, además, los familiares de los detenidos y la propia defensa presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Derechos Fundamentales para poner el asunto en conocimiento de estas autoridades, pero tampoco se recibió respuesta.
Por otra parte, explicó que, el pasado miércoles, los abogados acudieron al Tribunal Segundo, con competencia en terrorismo para obtener información, y allí se les informó de que no habían sido presentados en dicha sede judicial, lo que los deja -subrayó- “en un absoluto estado de indefensión”.
“Ni las autoridades que tienen que dar cuenta de la protección de los derechos humanos de estos ciudadanos, tampoco se han pronunciado”, agregó.
Por su parte, Perkins Rocha, otro de los abogados de la defensa, manifestó que los tribunales penales en terrorismo que fueron mencionados por el fiscal general, Tareck William Saab, cuando dio a conocer las detenciones, “dicen desconocer el paradero” de los tres hombres.
Ante esta situación, los letrados y la familia de los detenidos exigen verlos y comprobar si se están respetando sus derechos humanos
