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Foto: Sebastián Brogca/Agencia UNO
Después del reclamo de las isapres tras la determinación del regulador, el superintendente Víctor Torres afirmó que hay un objetivo sustentado en la ley y que ha sido calculado de manera muy responsable por sus equipos técnicos.
En una jornada marcada por la revelación de que la Superintendencia de Salud ha establecido un límite del 7,4% para el aumento en los planes de las isapres, el superintendente Víctor Torres aclaró los motivos que llevaron a esta medida.
Pese a que el tope busca regular los incrementos en los costos para los afiliados, las isapres aseguran que no aborda los problemas fundamentales del sistema de salud privado en el país.
Torres destacó la importancia de considerar que este tope se conocerá específicamente en los próximos días para cada isapre. Explicó que este techo es parte de un sistema de doble regulación, que primero establece un tope general mediante el Índice de Costos de Salud (ICSA), y luego un tope individual para cada aseguradora, determinado por la Corte Suprema.
“Recién dentro de los próximos días vamos a saber cuánto puede alzar cada una de las isapres. Eso nos parece importante poder considerarlo. Aquí opera una especie de doble tope. Hace unos años no había ningún tope. Luego se crea el ICSA como un primer tope, y luego individualmente a partir de lo que establece la Corte Suprema se genera este tope individual por cada una de las isapres”, indicó el doctor Torres.
Cabe mencionar que el ICSA normalmente se aplicaba en junio, pero como parte de las medidas de emergencia que impulsó el Gobierno por la crisis de la industria, este año será en abril.
El superintendente contextualizó la situación de este año, señalando que el proceso se adelantó debido a las disposiciones legales recientes. Destacó que este adelanto fue necesario para mitigar el impacto de una disminución significativa de ingresos derivada de sentencias judiciales, que amenazaba la continuidad de las atenciones médicas. En respuesta a esta situación, se tomaron medidas paliativas, como el adelantamiento del ICSA y la eliminación del factor de contención de Fonasa en dicho índice.
“El mismo Parlamento nos pide que se pueda realizar alguna medida, para evitar que esta disminución de ingresos afectara la continuidad de las atenciones de las personas. Los cálculos nuestros indicaban que entre febrero y marzo de este año, si se mantenía esta cantidad de merma de ingresos podría empezar a caer la primera isapre en incumplimiento de indicadores en febrero o marzo. Esa razón fue la que llevó a que se tomaran algunos elementos que se estaban discutiendo en la ley corta de isapres, y que habían sido sugeridos por la comisión de expertos para poder adelantarlos y tomar alguna medida paliativa. Cuáles son estos elementos: el adelantamiento del ICSA y en segundo lugar que pudiera eliminarse el factor de contención de este ICSA que es el factor del Fonasa”, explicó.
Torres enfatizó la transparencia del proceso y la responsabilidad en los cálculos realizados por los equipos técnicos. Señaló que el incremento del 7,4% se basa en datos objetivos y en la ley, destacando el equilibrio difícil de lograr en medio de una situación compleja.
Respecto a posibles demandas judiciales por alzas consideradas excesivas, el superintendente aseguró que la ley ampara los aumentos de precios, estableciendo la competencia de las isapres para ello. La función de la Superintendencia, explicó, es fijar un tope máximo para evitar abusos. Sin embargo, indicó que si existen alzas que los afiliados consideren desproporcionadas, estos tienen el derecho de reclamar tanto ante la Superintendencia como en la corte, aunque la eliminación de la arbitrariedad en las medidas debería limitar los efectos de dichas demandas.
