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Foto: Archivo/Agencia UNO
Dos nuevos decretos han sido enviados a la Contraloría para cesar el pago de pensiones de gracia otorgadas a personas afectadas durante el estallido de 2019. Estos se suman a los 25 previamente remitidos y que habían sido informados como el total.
El Gobierno ha dado un paso más en el proceso de revocación de pensiones de gracia otorgadas tras el estallido de 2019 al enviar dos nuevos decretos a la Contraloría General de la República.
Estas últimas acciones cumplen con la anunciada medida de la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien a inicios de febrero adelantó un total de 27 revocaciones, pese a que hace solo unos días el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, había afirmado que eran 25 en total.
Ante la discrepancia en las cifras reportadas, el subsecretario Monsalve había enfatizado que el Presidente Gabriel Boric nunca mencionó revocar 27 pensiones, sino que la prensa había especulado sobre esa cantidad. Según él, la información oficial establecía que se revocaron 25 pensiones de gracia.
“El Presidente nunca ha hablado de 27. La prensa ha hablado de 27 o se ha contado una determinada cantidad. La información que yo dispongo, es que el Presidente ha revocado 25 pensiones de gracia”, subrayó Monsalve el pasado 20 de febrero.
Hoy, los decretos ingresados al ente contralor suman 27, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que “puedo informar sobre los que están en tramitación. Lo demás es un asunto que será abordado por el Ministerio del Interior”.
Respecto a si el Gobierno continuará revocando, el ministro Cordero relevó que “sobre el caso de pensiones de gracia, el Ejecutivo anunció dos cosas, que era la revisión inmediata de este número y luego una revisión a partir de muestras en relación a otras pensiones de gracia que se han tomado en el pasado”.
El 5 de febrero, la ministra Tohá anunció la conclusión de la revisión de los casos de pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social, informando que 27 beneficios serán revocados debido a antecedentes penales de los beneficiarios.
El 28 de enero, el Gobierno había señalado que 25 pensiones serían invalidadas, y otras estarían sujetas a revisión. El proceso de evaluación, según la ministra Tohá, llegó a su fin.
Cabe mencionar que, de los 27 beneficios revocados, 21 corresponden a pensiones asignadas durante el gobierno del Presidente Boric, mientras que seis fueron otorgadas durante la administración del expresidente Piñera.
La Moneda manejaba un registro interno que identificaba a 418 personas que recibieron pensiones entre el 14 de enero y el 2 de diciembre de 2022, de las cuales 69 tenían antecedentes penales. Según un informe de Contraloría, 58 de estos beneficiarios tenían condenas por delitos que incluían estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
