Medioambiente
Este jueves se resolverá en Aysén la solicitud de espacio costero para comunidades indígenas, hecho que motivó una campaña en contra de los salmoneros. De forma paralela, la industria en Magallanes cuestionó la transferencia científica que recibe Conaf de la U. Austral y de una ONG internacional.
Este 29 de febrero, a 1342 kilómetros de Santiago, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén tomará una decisión clave al aprobar o rechazar una solicitud de espacios costeros realizada por dos comunidades de pueblos originarios en el marco de la Ley Lafkenche.
La distancia entre el lugar en donde se tomará esta decisión y el centro del poder en la Región Metropolitana, ha invisibilizado el grado de tensión que existe en la Región de Aysén, particularmente entre las comunidades indígenas que, a través de la Ley 20.249 – conocida también como “Ley Lafkenche”–, buscan una nueva forma de gobernanza de un espacio marítimo costero de 600 mil hectáreas que integre la gestión de los pueblos ancestrales sobre la base de sus usos y costumbres con participación de todos los actores de la región, y la industria salmonera, que ve en dicha ley un peligro para su actividad comercial.
En estricto rigor, la Ley Lafkenche señala que esos espacios serán entregados por el Ministerio de Defensa Nacional a la Subsecretaría de Pesca, la que, a su vez, establece una concesión de administración de ese espacio marítimo costero con las comunidades indígenas de Cisnes e Islas Huichas. Pues bien, es precisamente dicha figura de la concesión para los pueblos indígenas la que es rebatida –a través de una poderosa campaña comunicacional levantada en las últimas semanas– por la industria de la salmonicultura, porque –a su juicio– pondría en peligro sus propias concesiones, equivalentes a 300 permisos de explotación acuícola que hoy día mantienen en ese espacio y que, de acuerdo con datos del gremio de salmoneros, representan el 25 por ciento de la capacidad de engorda de los salmones.
De forma paralela a esta contingencia –donde el futuro de las concesiones juega un rol clave–, las aguas de las Áreas Marinas Protegidas de la Patagonia, pero en la Región de Magallanes, también se están agitando. Esto, a raíz de una denuncia interpuesta por la asociación gremial de salmonicultores de esa región, que cuestiona los fondos para la transferencia técnica y científica que recibe la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la Universidad Austral y de la ONG multinacional Pew Charitable Trusts para la elaboración de los planes de manejo en la Reserva Nacional Kawésqar.
El futuro de estos planes constituye una gran preocupación para la industria acuícola, dado que hoy existen más de 70 solicitudes de concesión –por un total de 677 hectáreas– que se encuentran actualmente paralizadas al interior de la Reserva Nacional Kawésqar, a la espera de un plan de manejo.
El 30 de enero del 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que dio origen a la Reserva Nacional Kawésqar, en Magallanes, que se extiende por 2 mil 842 hectáreas entre fiordos y penínsulas patagónicas. Con esta calificación se buscó garantizar la protección de esta zona, su territorio y biodiversidad, así como establecer que es deber del Estado procurar su conservación.
Dentro de dicha Reserva Nacional están los bosques de alga parda más ricos del país, cuyo ecosistema se considera clave en el combate del cambio climático, ya que pueden absorber altos niveles de dióxido de carbono y regenerar sistemas marinos.
En este contexto la industria de la salmonicultura ha decidido tomar la ofensiva. Prueba de esto es la carta enviada el 14 de febrero por el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret Beyer, a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, donde acusa que los planes de manejo que elabora Conaf en las áreas de preservación ecológica de la Reserva Nacional Kawésqar estarían siendo influenciados por la Universidad Austral, que recibe, a su vez, dineros de Pew Charitable Trusts, entre cuyas áreas de interés está también el apoyo a la creación de políticas públicas en las áreas de conservación ecológica.
Aunque la denuncia ante el Ministerio del Medio Ambiente tiene hoy poco destino, debido a que Conaf no está regulada por ese ministerio sino por la cartera de Agricultura –al menos hasta que entre en funcionamiento el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuya ley fue recientemente aprobada por el Congreso–, la industria de los salmones acusa a la Corporación Nacional Forestal de una captura corporativa por parte de privados, lo que –a su juicio– plantea interrogantes sobre la autonomía y la objetividad en la gestión de las responsabilidades públicas de Conaf.
En concreto, sostienen en su carta que Pew –ONG estadounidense– proporcionó dineros a la Universidad Austral “que posteriormente fueron traspasados parcialmente a CONAF, destinados a la contratación del personal que trabaja en la elaboración del referido plan de manejo y a los estudios técnicos que lo sustentan. Es decir, en palabras simples, PEW financia, a través de un entramado de convenios a CONAF, para el desarrollo de una política pública con importantes efectos sobre terceros y la Región de Magallanes”.
Este financiamiento a Conaf –acusan– proviene del denominado Fondo Tercero del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral, que recibe financiamiento de la señalada ONG. El punto de los salmoneros es que, a través de este fondo, la Corporación Nacional Forestal contrata personal ad hoc para contribuir con asistencia técnica y científica a la elaboración de los planes de manejo. Y, junto con ello, cuestionan la contribución del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral para la confección de los informes técnicos, que utiliza Conaf como sustento para la elaboración del referido plan de manejo.
En suma, lo que sostienen es que la Corporación Nacional Forestal “se encuentra en una posición donde una porción de sus funciones legales es financiada por entidades privadas, lo que introduce un potencial de influencia y control sobre sus decisiones y actividades”.
Lo que para la industria salmonera constituye un conflicto de intereses, para las tres instituciones mencionadas se trata precisamente del mecanismo que existe para la transferencia técnica y científica y que, además, quedó estipulado en la ley.
“La facultad de celebrar convenios, también está contemplada por la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), manteniendo esta competencia en la Corporación Nacional Forestal, hasta que se materialice el traspaso de la gestión de las Áreas Protegidas del Estado desde CONAF a este nuevo servicio dependiente del Ministerio del Medio Ambiente”, sostiene la Corporación Nacional Forestal.
La Conaf en Magallanes se encuentra elaborando y actualizando planes de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas que se encuentran bajo su administración. Actualmente se ha finalizado la parte técnica de cuatro de esos planes de manejo. Luego de su elaboración, estos deben pasar a Consulta Indígena.
De las 14 Áreas Silvestres Protegidas que existen en la región, Conaf ha trabajado los planes de manejo de 13 de ellas. Últimamente se ha trabajado en la planificación de siete Áreas Silvestres Protegidas, encontrándose finalizada la fase técnica de los planes de manejo del Parque y Reserva Nacional Kawésqar, Parque Nacional Bernardo O’Higgins y Parque Nacional Yendegaia, mientras se encuentran en su última etapa de elaboración los de Monumento Natural Cueva del Milodón, Parque Nacional Alberto de Agostini y Parque Nacional Cabo de Hornos.
Para llevar a cabo estas tareas, explica el director regional de Conaf de Magallanes, Arturo Rojas, se usa también el Fondo Tercero –al que alude la denuncia de la industria– y que consiste en “un instrumento de uso regular por parte de la Corporación para administrar algunas iniciativas o proyectos. El instrumento entrega facultades específicas a la Corporación para administrar estos fondos y las contrataciones que se realizan en el marco de este instrumento se realizan con total autonomía”.
En la institución apuntan que permanentemente Conaf celebra convenios con diversos organismos e instituciones públicas y privadas “para robustecer las capacidades institucionales en materias de su competencia”. Es así que el 2020 suscribió un convenio amplio de colaboración con la Fundación Pew, el cual considera renovación hasta el 2025. “Este tiene por objetivo prolongar el marco de cooperación en materias relativas a la investigación, protección y desarrollo de acciones y modelos de gestión para la conservación de los ecosistemas”, detallan.
Y en cuanto al vínculo con la Universidad Austral, confirman que el Programa Austral Patagonia sirve de apoyo a Conaf para parte del proceso de elaboración de planes de manejo del Parque Nacional Kawésqar y la Reserva Nacional Kawésqar en la Región de Magallanes, cuyas categorías fueron asignadas tras la desafectación de la Reserva Forestal Alacalufes en 2019.
“La Universidad Austral es una institución académica, con prestigio a nivel nacional e internacional en materia de investigación científica y tecnológica en la macrozona centro sur y austral. Así lo demuestran sus publicaciones y diversos convenios con gobiernos locales, instituciones públicas y privadas, y que por lo tanto, incluye a la propia industria”, señalan desde Conaf.
Consultada la Universidad Austral por las acusaciones de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, el Dr. Mylthon Jiménez, vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA), reafirma lo señalado por Conaf en relación con la colaboración que por décadas existe entre la casa de estudios y la institución encargada –hasta ahora– de la conservación de las zonas de preservación ecológica.
“La Universidad Austral de Chile ha colaborado con Conaf por décadas, poniendo a disposición sus científicos y capacidades técnicas para resolver múltiples problemas del territorio en el ámbito de la conservación de la naturaleza, gestión de áreas protegidas, servicios ecosistémicos, producción forestal, control de incendios, políticas públicas, entre otros, siempre en consecuencia con su rol público”, señalan desde la universidad. Y, en particular, apuntan que “el programa Austral Patagonia de la UACh, ha colaborado en generar y transferir nuevo conocimiento con el objetivo de fortalecer y mejorar la gestión en las Áreas Silvestres Protegidas de la Patagonia. Gestionar técnicamente enormes extensiones de territorio protegido (nuevos y antiguos), sus especies y ecosistemas, significa un enorme desafío como país, ante el cual la Universidad Austral ha dirigido sus capacidades científico técnicas”.
En el mismo tenor respondieron desde Pew Charitable Trusts a las acusaciones. “Durante los últimos ocho años, el proyecto Patagonia chilena de Pew ha trabajado junto con el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile (ProAP)”.
Esta colaboración –sostienen– “ha incluido el desarrollo de investigaciones dirigidas por algunos de los mejores científicos del país para recopilar información actualizada y con base científica, que se ha puesto a disposición del público en general y de las autoridades medioambientales pertinentes. La investigación ha servido, además, para elaborar planes de manejo de áreas marinas y terrestres de la Patagonia, entre otras iniciativas. La experiencia de ProAP ha ayudado a CONAF a mejorar los procesos, las capacidades, la formación del personal y las herramientas para la gestión eficaz de las áreas protegidas terrestres y marinas de la Patagonia, en consonancia con el compromiso de Chile en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica”.
