PAÍS
Investigación relativa al secuestro del exteniente venezolano en Santiago busca determinar, entre otras cosas, si este viajó en diciembre pasado a Cúcuta, en el marco de la llamada “Operación Brazalete blanco”.
Desesperanza es, probablemente, la mejor palabra para describir el estado de ánimo de un exoficial de inteligencia de Venezuela que actualmente reside en Chile, como refugiado político, quien accedió a conversar con El Mostrador siempre y cuando se resguardara su identidad y cualquier dato que pudiera llevar a ella, pues asegura que la disidencia venezolana en el país tiene conocimiento de que existen varias otras personas que pueden ser objeto de “extracciones” (el eufemismo utilizado en el mundo de la inteligencia para no usar la palabra “secuestro”), como la que se efectuó contra el exteniente Ronald Ojeda, hace ya una semana.
De hecho, asevera que hace varios días pidió protección ante Carabineros, pero dice que hasta el momento esta no se ha hecho efectiva, y asegura que en el país existe más de un centenar de agentes secretos venezolanos, pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los que –indica– actúan juntos en el extranjero.
Es cercano a Ronald Ojeda y relata que este llegó a Chile luego de que en 2017 fuera encarcelado y acusado de querer derrocar al régimen de Maduro, pero afirma que el concepto no es exacto, pues señala que “el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice textualmente que todo ciudadano o ciudadana venezolana puede desconocer a las autoridades que contraríen los principios democráticos o los Derechos Humanos”.
Añade que no tiene dudas en orden a que detrás del secuestro están los servicios de inteligencia de su país, aseverando que “nosotros sabemos muy bien que el narcoestado venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, tiene tentáculos infiltrados en todas las partes del mundo”.
–¿Sospechaban ustedes que podía pasar algo así en Chile?
-Todos sospechábamos, porque aquí en Chile se sabe que hay más de cien y pico funcionarios de inteligencia y contrainteligencia militar.
-¿Puede precisar la cifra?
-Son como 185. Nosotros hemos tenido información desde Venezuela. Tanto del Sebin como de la DGCIM hará un total de 185 personas que están distribuidas a todo lo largo de Chile, a quienes también les dan sus órdenes de operaciones para otros países, hablemos de Argentina, hablemos de Paraguay, Uruguay, ¿entiende?
Según explica, la función de estos sería perseguir a los militares y civiles disidentes. Aunque la cifra de 185 agentes que menciona parece muy elevada, tres fuentes distintas, vinculadas a distintos servicios de inteligencia chilenos, indicaron a El Mostrador que es factible. Hacia 2020, de acuerdo con antecedentes entregados por una de dichas fuentes, se registraban los nombres de 65 agentes solo del Sebin en el país.
Otra de las fuentes consultadas detalló que sería necesario distinguir aquellos que son agentes formales de dichos servicios respecto de quienes son ayudistas o informantes y que, teniendo en cuenta lo anterior, la cantidad no es exagerada, al considerar la gran cantidad de migrantes que hay en Chile.
-Entiendo que usted es cercano al teniente Ojeda. ¿Me puede contar qué fue lo que pasó en estos últimos meses en su vida?
–Bueno, mire, yo no era tampoco íntimo del teniente Ojeda, pero la información que yo tengo… nada, o sea, todo estaba normal. Era una vida normal.
-¿Él había viajado a su país?
–Bueno, eso ya es harina de otro costal. A él lo nombra el capitán Ányelo Heredia en una operación que yo desconocía, tengo que ser muy sincero y franco en eso, y al capitán lo atrapan pasando la frontera entre Cúcuta y Venezuela, y el teniente Ojeda logra escapar.
-O sea, el teniente Ojeda estaba allá en ese momento entonces…
–Iba con el capitán Ányelo Heredia. Es lo que dice el capitán Heredia, a mí no me consta, a mí no me consta –reitera.
Cabe recordar que el 14 de diciembre del año pasado el capitán Heredia (quien estuvo preso en la cárcel de Ramo Verde, junto al teniente Ojeda) intentó penetrar a Venezuela desde Cúcuta, con el fin –según el comunicado emitido por la fiscalía venezolana– de cometer un atentado contra una brigada del Ejército y los homicidios del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y de Nicolás Maduro.
Según una “confesión” de Heredia, grabada en video y difundida por el régimen, entre las personas con las cuales él iba a ingresar a Colombia estaban “el teniente Ojeda, el sargento Pérez y el sargento Angulo“. En la misma pieza televisiva, Heredia, que parece estar leyendo un teleprompter, afirma que en Estados Unidos, por medio de otros exmilitares venezolanos disidentes, se reunió con personal de la CIA.
Al respecto, asevera que ellos dieron “el visto bueno” al plan, llamado “Brazalete blanco” y que luego de eso “empiezo yo a contactar al primer teniente Ojeda Moreno, al sargento Pérez y a otros sargentos que habíamos ya tenido relaciones por la relación de cuando estuvimos en Colombia, el cucutazo“, refiriéndose al acto encabezado el 23 de febrero de 2019 por el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, y el ahora fallecido expresidente Sebastián Piñera, a pasos del puente Tienditas, en la frontera entre Colombia y Venezuela.
En efecto, uno de los aspectos en que está concentrada la Fiscalía y la PDI actualmente, en lo relativo al secuestro de Ojeda desde su departamento de Independencia, dice relación con tratar de determinar sus movimientos entre diciembre y enero, así como establecer si salió o no del país, algo que –si es que ocurrió– está descartado que se hubiera realizado por medio de algún paso habilitado.
-En el caso suyo, usted es uno de los exmilitares venezolanos que pidió protección policial, ¿no?
–Sí, sí, hace tres días.
-¿Y eso se pidió en qué institución?
-En Carabineros.
-¿Y se dictó alguna medida en beneficio suyo?
-Bueno, mira, como yo digo, el Estado tiene sus protocolos y ellos sabrán también cómo van a coordinar la protección, pero indudablemente no puedo atribuirle toda la responsabilidad al Estado, porque me imagino que hay otras prioridades y no es que en este momento los militares que estamos aquí no seamos prioridades para el Estado, pero…
-Perdón, en ese sentido, entonces, entiendo que no se ha hecho efectiva esa protección…
-No, no.
-Cuál es su estatus en Chile? ¿Es asilado?
-Sí, asilado. Tengo todos mis documentos al día.
-Llama la atención que estando asilado, estando en la misma situación que el teniente Ojeda, en una situación muy semejante, no se haya efectuado esa protección…
-El Estado chileno, sea por omisión o sea por “aceptación”, no sé si la palabra cabe, jamás pensó que esto iba a pasar –asevera, como intentando explicar la falta de medidas.
Al respecto, El Mostrador consultó a la Fiscalía Sur, cuyo titular, Héctor Barros –que además es el jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, ECOH–, está a cargo de la investigación por la “extracción” de Ojeda respecto de las medidas para los exmilitares que, como este, han pedido protección, los cuales serían al menos nueve hasta la fecha.
Ante ello, se respondió que en ECOH solo se llevan los casos de secuestros y homicidios como tales. Si hay denuncias por amenazas, agregaron desde la Fiscalía Sur, las debe ver la Fiscalía local correspondiente, debido al principio de ejecución del delito.
En la Subsecretaría del Interior, en tanto, se indicó que la dictación de medidas de protección es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía y que solo están efectuándose en caso de denuncias.
El exoficial de inteligencia culmina señalando que “el Tren de Aragua es un hijo de la revolución bolivariana” y asegura que lo ocurrido con el teniente Ojeda “es un mensaje destinado a todos los que se le opongan a Nicolás Maduro”, junto con afirmar también que el objetivo del secuestro es “decirles a todos los disidentes del mundo ‘mira: me metí en Chile, hice lo que me dio la gana en Chile, me llevé a un oficial’”, pero no a cualquiera, agrega, sino “a una persona que tenía amparo, que tenía protección, que tenía todo”.
