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En el mismo caso, el fiscal nacional dijo en una entrevista que no se descartaba un móvil político, pero más tarde matizó sus dichos, aseverando que por el principio de objetividad estaban obligados a indagar todas las posibles aristas.
Una fotografía de Walter Rodríguez Pérez, de 28 años, identificado por fuentes policiales como el líder del grupo que el 21 de febrero pasado secuestró al exteniente del ejército venezolano, fue difundida esta mañana por el canal de TV Chilevisión (CHV).
Según este, Rodríguez posee al menos una orden de aprehensión pendiente por el delito de secuestro, incluyendo el que culminó con el hallazgo de tres cadáveres en un tubo de desagüe ubicado en el camino a Valparaíso, en abril del año pasado.
Dichas víctimas, cabe recordar, eran venezolanos que fueron secuestrados y asesinados luego de que sus familias no pagaran rescates. Los secuestros fueron llevados a cabo por un grupo conocido la banda del “Caracas”, la cual, a su vez, es una célula del Tren de Aragua.
Sin embargo, otras fuentes indicaron a El Mostrador que Rodríguez no pertenecería a dicha célula, sino a otra, y que si llegó a participar en esos secuestros fue en forma colateral, aunque sí es parte de un grupo de secuestradores y que tres de sus “colegas” ya están en prisión por ello.
Como sea, es el sujeto más buscado de Chile en este momento, aunque desde ayer se especulaba con que a estas alturas ya se encontraría fuera del país y lo mismo sucedería con el segundo sujeto implicado en el crimen en contra del cual existe una orden de aprehensión, que según La Tercera es el también venezolano Maikel Villegas Rodríguez, también integrante del Tren de Aragua y el cual, según dicho medio, habría huido desde Arica hacia Perú el 24 de febrero pasado.
Cabe mencionar, además, que ayer la BIPE Antisecuestros de la PDI encontró el segundo móvil utilizado en el secuestro, en Chevrolet Sail Blanco, que se hallaba en un estacionamiento de San Miguel, desde donde fue retirado por la policía, tras efectuar una serie de peritajes.
En el mismo caso, esta mañana, el fiscal nacional, Angel Valencia, dijo en una entrevista con Radio Infinita que si bien existen antecedentes confiables “en base a evidencia científica” en orden a que parte de los secuestradores eran del Tren de Aragua, “hoy estamos en un punto donde la cantidad de hipótesis se van reduciendo (…) tenemos que investigar la hipótesis de que la justificación sea política, en razón con su calidad de disidente”, en referencia a Ojeda.
Más tarde, luego de reunirse con parlamentarios, el fiscal matizó sus dichos, señalando que “una banda o un criminal puede secuestrar con fines extorsivos de requerir dinero, pero no solo con esos fines, puede hacerlo con el fin de amedrentar, con el fin de intimidar, lo puede hacer con el fin, la finalidad de luego dar muerte a una persona, lo puede hacer por encargo de un tercero, incluso en la experiencia comparada vemos casos en los cuales las bandas se especializan en el secuestro, pero luego venden -perdonen la expresión, es brutal- pero venden al secuestrado a otra banda que es la que luego practica la extorsión”.
Sobre el móvil político, indicó que “el deber de objetividad al Ministerio Público, nos obliga a explorar o investigar distintas aristas, y en este caso en particular sabemos que es un ex militar venezolano que había pedido refugio, que se encontraba aquí en Chile con su familia, los antecedentes que nos han proporcionado es que incluso había estado privado de libertad en su país de origen, que había huido de la cárcel”, reiterando que “por el deber de objetividad, nuestro deber legal y constitucional, desarrollar una línea de investigación que explore la factibilidad o la viabilidad de esa motivación”.
A lo anterior agregó que también se “exploran” otras líneas y que en ese aspecto “se impone la obligación de explorar las actividades que realizaba la víctima en Chile, la forma como se ganaba la vida, la forma como financiaban sus gastos, porque ello también podría dar una explicación de este secuestro con homicidio”, deslizando de este modo la posibilidad de que el asesinado hubiera tenido conexiones con actividades ilegales, algo que su familia ha rechazado en forma tajante.
