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Una de las principales interrogantes que aún subyace en el caso es quién ordenó el secuestro y la muerte del exuniformado venezolano. Otra es cómo se produjo el homicidio, dada la causa de muerte establecida por el SML: asfixia mecánica posicional.
Pese a que, luego de la detención del primer imputado por el secuestro y homicidio del exteniente 1° del Ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno –cuyo cuerpo fue encontrado el viernes pasado, sepultado en la llamada “Toma Haitiana”, ubicada en la intersección de avenida Pajaritos con camino a Melipilla, en Maipú–, se conocieron algunos detalles del caso, el que se ha manejado con un secretismo inusual a nivel judicial, hasta el momento persisten numerosas dudas que aún no encuentran respuesta.
La primera de ellas es la relativa a quién ordenó el secuestro y el homicidio. Ayer, luego de que finalizara la audiencia de formalización en contra del único imputado hasta el momento, un venezolano que dice tener 17 años –de lo cual no hay constancia alguna, pues lo único que poseía para respaldar eso era la fotocopia de una cédula de identidad venezolana a nombre de un joven de ese país, de esa edad–, el fiscal Héctor Barros, a cargo del caso, dijo que el Juzgado de Garantía dio por establecida no solo la participación del sujeto en el delito de secuestro con homicidio, sino también “el hecho de que hay una organización transnacional que estaba operando en este secuestro, vinculado al crimen organizado”, todo esto “en un contexto de criminalidad transnacional y criminalidad transnacional organizada, vinculada principalmente al Tren de Aragua, en este caso, que ha estado cometiendo distintos delitos como el de secuestro”.
Pese a que durante el fin de semana muchos medios especularon con que lo anterior significaba que quedaba descartado el móvil político, el mismo Fiscal Nacional, Ángel Valencia, dijo ayer temprano –en radio Universo– que “sigue primando la tesis de que hubo otra intención” distinta del clásico secuestro extorsivo. Esto, pues, entre otros motivos, ni siquiera hubo algún llamado pidiendo dinero a la familia, como ocurre en todos los casos, incluso cuando ya han dado muerte a la víctima, como sucedió en el llamado “caso cero” de los secuestros en Chile, en Iquique.
En ese sentido, cobra fuerza a nivel de investigadores la idea de que lo que sucedió con el exoficial venezolano fue un “contrato” que se adjudicó el Tren de Aragua o sujetos vinculados directa o tangencialmente con este. Un caso en que ello sucedió fue el crimen del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en 2022 en Colombia, durante su luna de miel, en el cual todos los antecedentes indican que el mandante del crimen fue el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, líder del Primer Cartel de Uruguay (PCU), asociado al Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño. Todo lleva a que el homicidio del fiscal, que se encontraba de luna de miel en una playa colombiana, fue encargado al PCC, que a su vez subcontrató a elementos vinculados al Tren de Aragua para cometer la ejecución.
La gran pregunta, por cierto, es quién fue el mandante en el caso del exmilitar venezolano y, aunque muchos apuntan hacia el régimen de Nicolás Maduro y sus servicios de inteligencia, en particular a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el abogado de la viuda del exteniente Ojeda, Juan Carlos Manríquez, dijo a El Mostrador que “esa pregunta no está resuelta con la evidencia y a esta altura plantear una respuesta sería ensayar una conjetura. Lo que sí puedo decir es que la diligencia está en curso y bien orientada, esperamos que en algún minuto esa respuesta se tenga. Por ahora no podemos obtener una sola tesis con eso”.
A su vez, el fiscal Barros se limitó a señalar que “nosotros estamos investigando conforme a los antecedentes y a la evidencia que científicamente hemos ido recopilando durante la investigación. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados principalmente de seguir esa línea investigativa, sin embargo, las líneas que aparezcan en el curso de la investigación van a ser abordadas también de la misma manera en que lo estamos haciendo el día de hoy”, añadió.
Tal como informó El Mostrador ayer en la tarde, la causa de muerte, según el preinforme de autopsia, fue una asfixia mecánica posicional, aunque el fiscal Barros indicó que “el informe final lo tiene que evacuar el Servicio Médico Legal en el curso de los días que vienen”.
Al respecto, Barros precisó que esta se produjo por medio de “un elemento de tracción”, sin precisar cuál podría haber sido este. Consultado el abogado Manríquez al respecto, explicó que la asfixia mecánica “es una forma de causar la muerte utilizando medios mecánicos, puede ser fuerza, puede ser otro tipo de elemento”. Agregó que esta puede operar comprimiendo el pecho de una persona o poniéndola en una posición que le impida respirar, incluso podría ser “una llave de reducción y sumisión como la que uno ve en las artes marciales mixtas, por ejemplo, o se puede poner a una persona decúbito abdominal, presionar la espalda o el pecho y causarle la asfixia que, en definitiva, irá a causar la muerte”.
En dicho sentido, en función de diversos peritajes, ya está descartado que el exmilitar (cuyo cuerpo fue encontrado al interior de una maleta sepultada a 140 cm de profundidad y debajo de un radier de cemento) haya sido sepultado vivo. Todo indica que le dieron muerte impidiéndole respirar, pero la gran duda que persiste en algunas personas allegadas al caso es si eso era parte del plan original o si, bien, comenzaron a torturarlo y le dieron muerte.
El joven venezolano detenido (que fue aprehendido portando ketamina) dijo ser un simple delivery de comida rápida y en sus primeras declaraciones negó conocer a los demás implicados en el hecho, dos de los cuales están identificados y con órdenes de detención vigentes. Sobre el detenido, respecto del cual el tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días, Barros precisó que no participó directamente en el secuestro, sino que “la participación de él es concretamente en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura, como se dio por establecido el día de hoy en la audiencia, (para) posteriormente trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron el cambio de vehículo en la Costanera Norte y, por lo tanto, también concurren allá y parte del grupo de los falsos policías suben al vehículo en el que andaba este imputado”.
Según personas conocedoras del caso, en el secuestro participaron entre 8 a 10 individuos, que se movilizaban en tres vehículos. Aparte del Nissan en que se movilizaron los tres secuestradores y el chofer, y que llegó hasta el edificio de la víctima, en la comuna de Independencia, otro de ellos, donde estaba el actual imputado, se ubicó en las cercanías, con el fin de intervenir (“prestar cobertura”, como lo señaló el persecutor) en caso de que aparecieran la PDI o Carabineros.
Esos dos vehículos son los que se trasladaron hasta un punto ciego, que no es captado por las cámaras de tránsito, en la comuna de Renca, donde cambiaron de autos y se llevaron a la víctima sin que se sepa hasta ahora si pasaron a otro lugar, previo a llevarlo hasta Maipú, dejando abandonado el automóvil, con los falsos chalecos de la PDI que utilizaron, además de una pistola con municiones.
Barros puntualizó ayer que las órdenes de detención que fueron emitidas por el tribunal son respecto de dos de los sujetos que cometieron el secuestro en forma directa, los cuales –según radio ADN– ya estarían fuera del país, frente a lo cual Barros se limitó a reiterar que existen órdenes de detención vigentes y que él está a la espera de que estas se concreten.
