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Créditos: Agencia Uno
Dentro de las 19 indicaciones que ingresó el Gobierno al proyecto de ley sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en las Fuerzas Armadas y policías, la indicación sobre el uso diferenciado para minorías generó gran controversia entre parlamentarios por el grado de confusión que incorpora.
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó ante el Congreso Nacional 19 modificaciones al proyecto de ley que tiene como finalidad actualizar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) aplicables a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de Orden y Seguridad Pública.
De acuerdo a lo planteado por el gobierno, estas indicaciones tienen por objeto mejorar la efectividad del derecho y garantizan el orden público y la seguridad.
La medida ha enfrentado un estancamiento desde septiembre de 2023 debido a la falta de consenso entre el gobierno y la oposición. En aquel momento, el Ejecutivo decidió retirar el carácter de urgencia de su tramitación con el propósito de alcanzar un acuerdo técnico y político que dote a las Fuerzas Armadas de un protocolo para actuar con mayor seguridad en la protección de infraestructura crítica.
El documento introducido por el Ministerio del Interior define el Uso de la Fuerza como “el empleo de medios físicos, ya sean mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos, entre otros, con el objetivo de coaccionar o influir en el comportamiento de las personas o provocar daños materiales. Se advierte que el uso de la fuerza puede resultar en lesiones e incluso la muerte”.
Además, se establece que el personal deberá, en la medida de lo posible, emplear métodos no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego. Estas últimas solo podrán utilizarse cuando otros medios menos dañinos sean ineficaces o no aseguren el cumplimiento del objetivo legítimo.
El proyecto ya ha sido aprobado en términos generales por la Comisión de Defensa del Senado, con unanimidad respecto a las modificaciones propuestas por el ejecutivo. Durante esta tarde las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara Baja retomarán su tramitación.
Sin embargo, entre las nuevas indicaciones ingresadas se encuentra la propuesta de aplicar de forma diferenciada estas reglas en caso de la presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores.
Esta diferenciación ha sido cuestionada por la oposición, quienes piensan que está indicación afecta “un principio básico en nuestro país que es la igualdad ante la ley, sumado a que pone en riesgo a las FF.AA. y a toda la población, ya que se está dando una señal a organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua, porque se les dice que vengan a nuestro país porque a los migrantes se les va a tratar de forma bondadosa“, así lo comentó el presidente de la comisión de seguridad de la Cámara Baja, Andrés Longton (RN).
Asimismo, aclaró que esta indicación es “una aberración y habla derechamente de que estas reglas del uso de fuerza, como están planteadas (…) no da la confianza legal y política para poder actuar”.
Por su parte, el parlamentario Jorge Alessandri (UDI) criticó al Frente Amplio acusando su falta de conocimiento práctico en los procedimientos de seguridad. “El carabinero tendría que entrar y decir, arriba las manos, abajo las armas, excepto si eres de pueblo originario, excepto si eres de minoría sexual, excepto si eres menor de edad, excepto si eres adulto mayor”, agregó.
La medida no solo fue criticada por la oposición, sino que diputados del oficialismo llamaron al Ejecutivo a “reconsiderar la propuesta”, tal fue el caso del diputado Raúl Soto (PPD), quien acotó que uno de los principales problemas del crimen organizado en Chile es la utilización de migrantes irregulares.
Por otro lado, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) valoró dicha indicación, precisando que “hay sectores en Chile que son discriminados permanentemente, por lo que me parece bueno, adecuado y necesario que haya medidas compensatorias”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la polémica que ha generado el punto de las minorías, sosteniendo que “todo lo que contiene las indicaciones ya lo contenía el proyecto original. Lo único que cambió es que este contenido cambió del artículo 14 al artículo 11, con la misma palabra y el mismo texto. Aquí no hay novedad alguna en las indicaciones”.
Al entrar en detalles, la secretaria de Estado aclaró que no hay diferenciación, sino que el reglamento pide tener una consideración dependiendo la situación con grupos vulnerables. Además, agregó que está dinámica está planteada para ser ocupada en el punto dos de las etapas del Uso de la Fuerza, el que trata de la actuación mediante técnicas de comunicación.
Finalmente, criticó la forma en que los parlamentarios han comunicado y ridiculizado el tema y estos grupos, “creo que es algo que debiéramos desterrar, debiéramos tratar de otra forma estos temas”.
Una de las modificaciones propuestas especifica que, en el contexto de protección del orden público y de la seguridad interior, la autoridad militar a cargo del mando de las fuerzas deberá implementar las siguientes Reglas de Uso de la Fuerza:
Las etapas en el Uso de la Fuerza se describen de manera ascendente como sigue:
Entre los medios menos letales se incluyen el gas pimienta, gases lacrimógenos, dispositivos sonoros y luminosos, cañones de agua, bastones, entre otros. Asimismo, se regula el uso de escopetas con munición antidisturbios.
En la última reunión del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) en febrero, se llegó a la conclusión de que tanto las Fuerzas Armadas como las policías deben contar con una base legal que respalde las reglas de uso de la fuerza.
