“Disocia la realidad”: la crítica de exoficiales a la indicación del Gobierno a las RUF

La discusión del proyecto de ley que busca regular las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en las policías y Fuerzas Armadas, en el contexto del control del orden público y la lucha contra la delincuencia, no ha estado exenta de polémica.

Una indicación del Ejecutivo ha generado incertidumbre tanto en la oposición como en el oficialismo. Específicamente, la parte que establece que “los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores”.

Esta disposición llevó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a salir a explicar la propuesta. Según la secretaria de Estado, esta indicación no es nueva y, de hecho, no introduce nada novedoso con respecto a lo que se presentó hace meses. Sin embargo, las críticas no han sido solo de parte de parlamentarios, sino que también desde el mundo militar presentan reparos frente a la indicación del Gobierno.

Exoficiales castrenses conversaron con El Mostrador sobre este tema y, si bien concuerdan en la necesidad de contar con un reglamento claro, plantean que la diferenciación que propone La Moneda no solo se aleja de la realidad en las calles, sino que también estaría “sobreteorizando” y “disociando” la realidad en las calles. Incluso, señalan que la indicación resta efectividad a la norma que se está tratando de implementar, en discordancia con estándares internacionales.

El capitán de corbeta (r) Richard Kouyoumdjian, experto en seguridad, defensa y guerras modernas, si bien no está de acuerdo con el uso de fuerzas militares para fines de seguridad pública, afirma que lo presentado por el Gobierno es “poco práctico, completamente alejado de la realidad que se vive en la calle, e inoperante para tropas desplegadas en centros urbanos”.

Richard Kouyoumdjian, experto en seguridad, defensa y guerras modernas.

“Desconozco en qué estaba pensando el Gobierno cuando las envió”, cuestiona el experto en defensa, recalcando que “las reglas tienen que ser simples”, ya que exigir aplicaciones diferenciadas por minorías o nacionalidades “es muy difícil de aplicar”.

A juicio de Kouyoumdjian, el mensaje final es que se está colocando en la calle a fuerzas “sin capacidad de acción”, lo que de paso siembra dudas en torno al debate sobre la Ley de Inteligencia.

“La verdad es que es difícil entender al Gobierno y esto no me da buena espina respecto de lo que van a enviar en inteligencia”, comenta.

Teorizar más allá de lo conveniente

Coincide con Kouyoumdjian el general (r) John Griffiths, exjefe del Estado Mayor del Ejército y experto en Seguridad y Defensa Nacional, para quien las Reglas del Uso de la Fuerza tienen que ser “normas generales” o “principios” que la fuerza militar entienda a cabalidad cómo aplicar.

Dice que no hay precedentes internacionales conocidos que restrinjan el legítimo derecho que tienen las unidades para defender su integridad física como soldado, como carabinero o como policía.

“La legítima defensa opera cuando una persona va a afectar la integridad física de un policía o un militar, y en el cual incluso está en riesgo su propia vida o la de un camarada o la de personas civiles inocentes”, explica Griffiths, por lo tanto –sostiene–, “aquí no importa que el tipo sea inglés, de un país asiático o de un país sudamericano, o su condición sea A, B o C, eso no es lo relevante, lo relevante es la conducta de la persona”.

Cabe mencionar que, en defensa de las indicaciones del Gobierno, la ministra Tohá apuntó a que los artículos en discordia hacen referencia a la fase disuasiva de las policías. Es decir, el momento en que las Fuerzas de Orden intentan dialogar con los manifestantes antes de utilizar sus armas de servicio.

Y con eso está de acuerdo al general (r) Griffiths. “Si ese migrante se aproxima a conversar contigo, no hay un problema”, señala. Sin embargo, plantea la pregunta: “Si se aproxima con una bomba molotov, ¿qué tiene que ver que sea migrante?”.

“Yo creo que se hizo un tremendo error, porque en este tipo de cosas las Reglas del Uso de la Fuerza están hechas para sancionar conductas y no la condición de origen de quien desarrolla un determinado acto hostil o no hostil a la fuerza”, afirma Griffiths.

Con el resto del reglamento, el experto en Seguridad Nacional está de acuerdo, pero le parece que se ha llegado a un ejercicio de “sobreteoría”, de “teorizar más allá de lo conveniente”.

En su opinión, se ha “sobreteorizado” al punto de llevar el ejercicio a niveles como estos en los que se están haciendo ya distinciones de la persona que desarrolla la conducta, cuando el punto de fondo –a su juicio– es otro. “El punto es sancionar la conducta”, remarca.

John Griffiths, exoficial de Ejército.

Griffiths es categórico, no está a favor de un uso de la fuerza irracional, pero llama a dejar de lado el exceso de teoría y laxitud. “Pretender que las fuerzas, cuando te estén disparando, estén en la calle, van a poder distinguir respecto de todo lo que se te pide que tienes que hacerlo, perdónenme, es un desconocimiento de la realidad, una disociación de la realidad, una disociación de la forma en que las cosas ocurren”, sentencia.

Según el exmilitar, esta “disociación de la realidad”, al punto de “extremar” el tema, a lo que llega finalmente es a que “no va a ser efectiva la norma que se está tratando de imponer”.

Aclara que los militares reciben una instrucción y saben cómo tratar en distintas situaciones, incluyendo la guerra. Pero, en este caso, advierte, si no hay reglas claras y le dan la responsabilidad de intervenir centros urbanos, “les están restringiendo las atribuciones”.

Dejar claras las RUF, para el exoficial, es muy valioso para evitar “desgracias complejas”.

En línea con las declaraciones de los exmilitares, dentro de los parlamentarios existe acuerdo en que la manera de actuar con mujeres y niños o niñas debe ser diferente a la hora de controlar el orden público. Sin embargo, hay dudas respecto a que los migrantes deban ser tratados de manera diferente. Estos reparos no solo vienen desde la oposición, sino también de diputados oficialistas que mostraron sus dudas ante la posible implementación de esta reforma, como la presentó el Ejecutivo. Además, desde la derecha criticaron duramente al Gobierno y adelantaron que rechazarán la indicación tal como está.

Así como está el reglamento, según Kouyoumdjian, “no va a pasar por el Congreso”.