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[ACTUALIZADA] Pese a varias decisiones que han ido en beneficio de los miembros de la organización criminal que se adueñó del cerro Chuño, la Corte Suprema acogió la idea de los jueces de Arica de resguardar sus datos personales, mientras se efectúa el juicio contra la banda, que parte en abril.
Pese a la polémica decisión adoptada por el Juez de Garantía de Arica Héctor Barraza, quien el año pasado decidió entregar a las defensas de los miembros de la organización criminal venezolana “Los Gallegos de Arica” los datos relativos a los nombres de testigos protegidos y agentes encubiertos que declararon en contra de ellos, la mayoría de los jueces de Arica no piensan del mismo modo, a juzgar por la información entregada esta mañana por la Corte Suprema, por medio de su página web, la cual indica que, en temporal y “excepcional”, se van a borrar los antecedentes personales de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) y de la Corte de Apelaciones de Arica, desde el portal web de la institución”, mientras se desarrolla el juicio en contra de “Los Gallegos”, que debería iniciarse el próximo 22 de abril, luego de que el tribunal de garantía emitiera el respectivo auto de apertura.
La decisión fue adoptada por la Corte Suprema, a petición de la corte de Arica, teniendo encuenta el nivel de peligrosidad de los integrantes de “Los Gallegos”. Aunque no lo mencionan, los jueces están muy conscientes de que el fiscal encargado del caso (cuyo nombre no se publica, precisamente en resguardo de su integridad física) debió ser relocalizado hacia otra región del país, luego de ser amenazado con un arma de fuego por parte de miembros del grupo, y que varios testigos han sido objeto de intimidaciones y amenazas.
Según informó Radio ADN, la presidenta de la corte de Arica, Juan Ríos, dijo que “no hay miedo en los jueces de esta jurisdicción”, agregando que “asumimos todos los riesgos que eso implica” y que si pidieron borrar los datos de la web es por el temor de que algo le suceda a sus familiares.
Cabe señalar, además, que uno de los jueces del TOP de Arica se recusó en forma voluntaria de participar en el caso, debido a que conoce a uno de los imputados, quien ya fue condenado en un juicio abreviado. Se trata del magistrado Sergio Alvarez, quien pidió ser excluido del juicio debido a que conoce a Alvaro Muñoz Sotomayor, empresario nocturno chileno que poseía dos discotecas en las cuales eran prostituidas jóvenes venezolanas y colombianas por parte de Los Gallegos. Cuando la PDI detuvo a Muñoz encontró en su poder 20 mil dólares en efectivo, producto de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Además de la condena de la condena efectiva que este recibió, superior a los cuatro años de cárcel, dos sociedades comerciales que servían para que funcionaran las discotecas y también para lavar activos fueron disueltas judicialmente.
Los cabecillas de Los Gallegos están actualmente recluidos en la cárcel de alta seguridad, en Santiago, y que varios de ellos fueron beneficiados por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, Daniel Urrutia, con videollamadas a sus familiares.
“Los Gallegos de Caracas” son uno de los brazos del Tren de Aragua. Su nombre deviene de la barra brava del antiguo club de fútbol Galicia, de Caracas, conocida como “Los Gallegos de Caracas”. Dicho club se trasladó en 2002 al estado Aragua y varios de sus hinchas, que cometieron delitos, fueron recluidos en la cárcel de Tocorón, donde crearon un “tren” (grupo, en la jerga carcelaria de ese país) conocido como “Los Gallegos”, que convirtió en parte del Tren de Aragua, fundado en ese penal.
