Mientras los jueces de esa ciudad se recusan y esconden sus identidades, ante el temor que despierta el juicio contra Los Gallegos, cabe preguntarse qué sucederá cuando se produzca el proceso contra esta otra banda, descolgada de la primera, pero igual o más peligrosa.
La ciudad de Arica se encuentra completamente revolucionada por el próximo juicio en contra de la banda criminal de origen venezolano Los Gallegos de Caracas. Una evidencia de ello fue la decisión adoptada el jueves por el Poder Judicial, que eliminó de su web los nombres y datos de todos los jueces del Tribunal Oral en lo Penal y de la Corte de Apelaciones de esa ciudad.
Como informó El Mostrador, según el Poder Judicial se trata de una medida extraordinaria y temporal, que se mantendrá mientras se efectúe el juicio en contra de la megabanda venezolana, el cual comenzará el 22 de abril y se estima que durará entre cuatro y seis meses, dado que son 38 los imputados que se enfrentarán a la acusación de la Fiscalía, que les imputa delitos como homicidios, secuestro, tráfico de drogas, de armas y de personas y que, además, cuenta con abundante documentación, pues en las tres diligencias de entrada y registro que ordenó la Fiscalía en el cerro Chuño (donde Los Gallegos estaban enquistados) se incautaron 12 libros contables, que dan cuenta de los movimientos financieros de dicha asociación ilícita.
Sin embargo, no es el único grupo de estas características que está siendo perseguido en Arica, pues en esa comuna también se generó una segunda estructura criminal, surgida de las entrañas de Los Gallegos: el Tren del Coro, que adoptó dicho nombre debido a la ciudad de Coro, en Venezuela, de la cual son originarios varios de sus integrantes.
Según fuentes conocedoras del grupo, su nivel de peligrosidad es igual o mayor al de Los Gallegos y, recientemente, se efectuó en el Juzgado de Garantía de la ciudad la audiencia de preparación de juicio oral, por lo que el proceso en contra de los cabecillas de este grupo es probable que se produzca cuando esté finalizando la causa en contra de Los Gallegos. Lo anterior, por cierto, lleva a preguntarse hasta cuándo se extenderá el secretismo relativo a los jueces de la jurisdicción, aprobado por la Corte Suprema.
El Tren del Coro tuvo su origen en dos episodios aislados entre sí. El primero de ellos fue el de los sucesivos golpes que la Fiscalía de Arica y la PDI asestaron a Los Gallegos a partir de junio de 2022, cuando se produjo el primer gran operativo contra el grupo, que significó la detención de 17 personas, incluyendo a todos sus jefes en Arica. Si bien nacieron en Venezuela, Los Gallegos (nombre que adoptaron debido a que la mayoría de sus fundadores eran presidiarios que pertenecían a la barra brava del club de fútbol Galicia) han establecido bases en Ecuador y Perú. De hecho, hoy son uno de los principales grupos criminales en Lima, a tal punto que sus acciones han generado incluso oleadas de ataques de parte de sus víctimas, en varios distritos de esa ciudad.
Es por ello que, mientras se enviaba un nuevo contingente de delincuentes desde Perú, varios sujetos que hasta ese momento eran “soldados” de Los Gallegos, liderados por el colombiano Germán Padilla Díaz –quien se integró al grupo original en Ecuador–, vieron la oportunidad de tomar el lugar de los caídos, apoderándose sobre todo de lo que ellos llaman “la plaza de las mujeres”, es decir, el negocio de la prostitución. Este es ejercido, en su mayoría, por mujeres migrantes que son amenazadas con torturas o con la muerte de sus familiares en Venezuela, si no acceden no solo a trabajar en el comercio sexual, sino además a entregar casi todo el dinero que generan a la banda, práctica conocida como “la vacuna”.
El segundo hecho está relacionado con lo anterior, puesto que cuando Los Gallegos mandaron nuevos jefes de plaza y “soldados” a Arica, se dieron cuenta de que les habían usurpado el lugar y comenzó una sangrienta batalla que –según fuentes del caso– ha dejado a lo menos 15 venezolanos muertos, de ambas bandas, acribillados tanto en el sector del cerro Chuño como en el centro de la ciudad, base de operaciones de Los Gallegos y el Tren del Coro, respectivamente.
En dicho contexto, según la acusación de la Fiscalía, el Tren del Coro busca ser “un grupo delictual con fines independientes”, compuesto por sujetos que “operaban específicamente en la plaza ubicada frente al terminal nacional e internacional de la ciudad y en el sector céntrico de la ciudad de Arica, teniendo como finalidad principal apoderarse territorialmente de dichos lugares, buscando amedrentar y someter a otros delincuentes del sector con el fin de obtener el monopolio delictual”.
Al igual que Los Gallegos, el Tren del Coro mantenía un importante nivel de fuego y se había enquistado en una casa de tres pisos de la calle Cotacotani, muy cerca del estadio El Morro. Una evidencia de ello fue un robo que cometieron el 30 de marzo del año pasado, cuando agredieron a varias personas en una casa del pasaje 15, alcanzando a robar solo un teléfono, pues la policía uniformada fue alertada rápidamente y ello motivó la huida de los ladrones, los cuales al hacerlo se deshicieron de dos armas que portaban: una era una pistola de aire comprimido, pero la otra era una Glock semiautomática, la cual tenía 11 balas en su cargador. Una de ellas era una hollow point, es decir, su punta había sido ahuecada, con el fin de que el proyectil, cuando impacte a una persona, se fragmente y cause el mayor daño posible.
Posteriormente, al ser allanada por parte de la PDI la casa de calle Cotacotani, los sujetos se subieron al techo, donde lanzaron dos armas de fuego, dos revólveres, un Smith & Wesson .32 y un Taurus .38. Varias otras armas que aparecen en selfies que se tomó Padilla, como un fusil de guerra, no han podido ser halladas hasta la fecha. En el mismo domicilio encontraron distintas cantidades de sumidades floridas de cannabis, clorhidrato y pasta base de cocaína y ketamina.
Los tres miembros más importantes del grupo son los que serán llevados a juicio oral. Se trata de Padilla y de los venezolanos Deiker Pérez Pérez e Ismael Medina Morillo, los cuales están acusados de delitos como robo con intimidación, tráfico de drogas, internación de armas al país y porte ilegal de las mismas, por los cuales la Fiscalía está pidiendo una pena de 56 años para cada uno.
En el celular de Padilla se encontró una serie de fotos como las que encabezan este texto, pero no solo eso: además había instrucciones para asesinar a un reo que estaba internado en la cárcel de Acha, el cual Padilla creía que había delatado las actividades narco del grupo ante Carabineros. También aparecen allí antecedentes relativos al asalto que estaban planificando en contra de una importante empresa de la ciudad, así como imágenes de grandes cantidades de droga, a la que llaman genéricamente “beta”, así como una serie de indicios relativos a la forma en que compraban y vendían “beta” por medio de redes sociales y también al menudeo.